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27 de May de 2020

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

El doble filo de las armas

En el marco de la creciente preocupación por la cuestión de la seguridad, la sociedad panameña se encamina hacia el debate sobre la conv...

En el marco de la creciente preocupación por la cuestión de la seguridad, la sociedad panameña se encamina hacia el debate sobre la conveniencia o no de que los civiles posean armas de fuego. No es función de esta columna fijar políticas en materia de seguridad y utilización de armas, pero creo de utilidad compartir con la comunidad algunas impresiones que pueden contribuir a la mejor comprensión de esta problemática.

En la actualidad existen más de 130000 armas sin legalizar, gran parte de las cuales están en poder del hampa organizada y de las pandillas. Igualmente, el país carece de una normativa para el control de las armas y nada impide que un ciudadano solicite permiso para portar armas. La responsabilidad del Estado brilla por su ausencia, y en vez de poder discernir sobre quién y qué condiciones se requieren para poseer armas, en realidad impera la anarquía y no hay controles. Lo ideal sería que el Estado garantice que quien tenga un arma, no constituya un riesgo para sí mismo, sus allegados o cualquier otra persona, en especial aquellos que no las poseen.

Cualquier ciudadano mayor de edad puede solicitar un permiso de arma en las condiciones de extranjero, agricultor, agente de seguridad, diplomático, personal y comercial. En ninguna parte hay distingo sobre registros o antecedentes penales, condiciones psicofísicas requeridas, capacidad o medios lícitos de vida, ni recibo de una instrucción adecuada en un polígono habilitado. Estos serían los requisitos mínimos para poder acceder a lo que, según otras jurisdicciones, definen como legítimo usuario, condición sine qua non para que se le otorgue un permiso de tenencia. Quien quiera portar un arma en condiciones de uso inmediato debe justificar rigurosamente todo lo anterior, y el mero antojo de ir armado o la presunción de inseguridad no son motivos suficientes.

Contrariamente a cualquier interpretación facilista, la tenencia de un arma no es sinónimo de mayor seguridad personal. Se requiere de mucho entrenamiento y una aptitud psíquica excepcional para que el arma en manos de la víctima de un delito sea una ventaja a su favor. En general, aumenta el riesgo de ser herido o muerto. Quien no entienda esto, simplemente está jugando a la ruleta rusa. Además, una nueva legislación impondría sanciones mínimas para quienes violen las normas, ya sea a través de una multa pecuniaria o arresto para el manejo irregular de un arma de uso civil. Si se tiene un arma de guerra, la pena debería aumentar desde una detención hasta un tiempo ejemplar en prisión. Y si se llegase a comprobar acopio o tráfico, la condena debiera ser máxima. Igualmente, si una persona porta un arma sin autorización, aunque sea legítimo usuario, le debe corresponder su reclusión. Es decir, el riguroso cumplimiento de esta nueva normativa sería la única y exclusiva herramienta con que cuenta el Estado para registrar y fiscalizar la utilización de armas por parte de la población civil.

Según las estadísticas, la participación de las 65400 armas legítimas en delitos y causas penales es una ínfima parte del total. Y aunque el registro aumenta no solo por la compra de armas nuevas, cada día hay más transferencias entre particulares, renovación de credenciales, extravío y empadronamiento de un arma adquirida con anterioridad o nueva emisión de credenciales por cualquier error en la original. La experiencia mundial indica que no existe un país que haya encontrado la fórmula ideal para controlar la tenencia de armas de fuego por parte de la sociedad civil.

No trato de apelar al facilismo de mal de muchos..., sino señalar el grado de complejidad de un tema cuya resolución no es nada sencilla. Tenemos por un lado el caso de Suiza, un país mundialmente reconocido por sus bajos índices de violencia y criminalidad, que no solo permite sino que alienta la posesión de armas por el ciudadano común como parte de su política de defensa nacional. El tiro es allí, luego de los deportes de invierno, la práctica deportiva más popular. En las antípodas podría ubicarse Colombia, que posee una de las legislaciones más severas y prohibitivas en esta materia, o el caso de Estados Unidos, donde son conocidas las dificultades que afronta el presidente Obama para imponer algún límite a la virtual discrecionalidad para la tenencia de armas de fuego. A fines de la década pasada las autoridades sudafricanas debieron afrontar una virtual rebelión civil de los tenedores de armas ante el mero anuncio de que el Parlamento iba a analizar un proyecto para limitar la tenencia a solo una por persona. Estos ejemplos vendrían a demostrar que la respuesta de una sociedad a cualquier legislación no resulta siempre lineal ni ajustada a la voluntad del poder político.

A Panamá le conviene que sus gobernantes y autoridades desempolven los compromisos internacionales de los cuales el país es signatario y tengan la valentía para crear una ley que permita al país el gozo de la tranquilidad. Mientras el tema de las armas sea un relajo, aquí no vamos para ningún lado. Ya dirán aquellos que si el zar anticorrupción tiene su revólver, cualquiera puede tener el suyo. Y los panameños no nos merecemos eso.

*Empresario.rcarles@cableonda.net