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29 de May de 2020

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Democracia a la brava

Cuando el denso proyecto de ley (No. 177) aprobado en privado por el Ejecutivo se presenta a la Asamblea Nacional un lunes en la tarde, ...

Cuando el denso proyecto de ley (No. 177) aprobado en privado por el Ejecutivo se presenta a la Asamblea Nacional un lunes en la tarde, se somete a primer debate el miércoles, se aprueba ese mismo día, recibe segundo debate jueves y viernes, se aprueba en tercer debate el sábado, se sanciona y se publica el miércoles en la Gaceta Oficial como Ley (No. 30) de la República, cumpliendo todas las formalidades en seis días, la pregunta que queda en el ambiente —sin ningún tipo de sesgo político partidista— es si ese proceder es beneficioso o dañino para la democracia panameña que quisiéramos construir.

Desde nuestros próceres de 1903 hasta hoy, todos los constituyentes han demostrado un especial fervor por garantizar que Panamá se organice bajo un sistema de gobierno democrático. Igual aspiración parecen tener los políticos contemporáneos porque han incluido ese ideal en los estatutos de sus partidos para garantizar derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos. Dos partidos políticos van todavía más allá, optando por bautizarse con el apelativo ‘democrático’ para que no haya dudas: uno, como líder de la revolución y el otro, como paladín de la transformación.

A pesar de ello preguntaría: ¿Compartimos —políticos, autoridades y ciudadanos— el ideal de democracia o nos encaminan a la brava hacia una versión peculiar de ‘democracia criolla a la panameña’?

El nombre con que designemos el sistema no prueba nada. En su oportunidad existió una República Democrática Alemana con autoridades democráticamente escogidas mediante elecciones celebradas periódicamente, pero en donde solo se postulaba un candidato de un partido, desviando así la voluntad soberana popular. Hoy grupos opositores cubanos y venezolanos protestan por lo que consideran prácticas parecidas que conculcan derechos políticos mediante medidas autoritarias.

Por fortuna en Panamá existe la posibilidad política de asistir y participar libremente en la contienda electoral con independencia de la ideología de los grupos interesados. Durante las últimas dos décadas esa posibilidad se ha afincado como parte de la cultura política del panameño, apoyada por una organización electoral decidida a traducir con fidelidad la voluntad soberana popular. Sin embargo, en la práctica el costo para alcanzar el poder político tiende a restringir esa participación haciéndola cada vez más prohibitiva y limitándola a quienes puedan tener acceso al poder económico. He ahí la primera característica negativa que despunta en el panorama político panameño, que no es asunto de ideologías prohibidas o censuradas pero que se está convirtiendo en una cruzada que exige la suficiente capacidad económica de quienes deseen participar en la contienda.

De otro lado, es preocupante la creencia de que, emitido el sufragio y declarado el ganador, allí se agota la democracia ese día. Se entiende como un cheque en blanco que otorga total autoridad, autonomía e independencia al ganador para ejercer, según su criterio, su poder y el de sus aliados políticos. Se interpreta que el pueblo, al depositar su voto, renuncia de hecho a su poder soberano y lo entrega a los mandatarios para ser ejercido en su representación hasta las próximas elecciones.

Las maniobras para aprobar la Ley 30 de 2010 son consecuentes con ese concepto, pero son anatema desde el punto vista de una democracia realmente vital que no se agota el día de las elecciones. Haber desatendido las opiniones de quienes tienen un genuino interés en los nueve temas impidió una participación ciudadana que resulta esencial para dar autenticidad y legitimidad a todo proyecto de ley. Se logró, eso sí, actuar con eficiencia y sin pérdida de tiempo pero se sacrificó el derecho cardinal que nos confiere la ciudadanía a participar y opinar democráticamente en actos de nuestra vida pública.

El oficialismo decidió evitar la molestia de una ciudadanía crítica e informada. ¿Será que, para ser congruente con esta filosofía, el objetivo de la anunciada transformación curricular del sistema educativo será formar panameños dóciles e indolentes? Ojalá que no.

ABOGADA Y EXDIPUTADA