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19 de Apr de 2021

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Un gobierno de espaldas al pueblo

La sangrienta represión desatada contra la población de Bocas del Toro y la persecución desenfrenada contra la dirigencia del movimiento...

La sangrienta represión desatada contra la población de Bocas del Toro y la persecución desenfrenada contra la dirigencia del movimiento social panameño, no fueron pequeños errores o desinformación, como han pretendido hacer creer los gobernantes de turno, quienes continúan invirtiendo cifras millonarias en los medios de comunicación, con los impuestos del pueblo, para seguir mintiendo e intentar ocultar la verdad: El atropello, la persecución y muerte contra una población que defendía sus derechos humanos.

El querer presentar como comparables las muertes, pérdida de la vista y los cientos de heridos que produjo la represión despiadada de la Policía, amparados en la propia ‘Ley Chorizo’, con la pérdida de 34 millones de dólares que los gremios empresariales aducen que tuvieron, es una conducta inmoral y de total desprecio a la vida humana. Este menosprecio es agravado por la incapacidad del presidente Martinelli para destituir a los ministros Alma Cortés y José Raúl Mulino, y al director de la Policía, Gustavo Peréz, todos responsables de la represión física y psicológica en Bocas del Toro y del desasosiego en que se mantiene al pueblo panameño.

A los diputados se les acabaron las posibilidades de seguir mintiendo, pues todas las organizaciones que pasaron por ese recinto legislativo han exigido lo mismo: Derogatoria de la Ley 30. Los autollamados ‘padres de la patria’, una vez más se convierten en los verdugos del pueblo, al imponer un proceso donde no se escucha el clamor de los diversos sectores, que exigen ‘muerte a la Ley 30’; donde lo único que pretendieron hacer fue una pantomima de discusión, cuyo único cambio es que cuando se impuso la Ley 30 solo permitieron participaciones de cinco minutos a los representantes del movimiento social y hoy dieron treinta, pero continuaron jugando con sus BlackBerry en medio de las intervenciones, pues ya tenían orden del Ejecutivo de no cambiar nada.

Frente a esta realidad, resulta absurdo que el Ejecutivo diga que se investigará ‘lo que sucedió en Bocas del Toro’. Es irresponsable que el presidente Martinelli todavía no asuma, como jefe del gobierno, la responsabilidad de los hechos, y que los diputados y su presidente, José Muñoz, no comprendan que la imposición de la Ley 30 fue el detonante de la protesta en Bocas del Toro y el resto del país. Es decir, los responsables de los asesinatos, los heridos, los lesionados de por vida, los encarcelados, los perseguidos, son los órganos Ejecutivo y Legislativo y el Ministerio Público, pues desconocieron la voluntad del pueblo, impusieron la ‘Ley Chorizo’, conculcando el derecho a la organización sindical, a huelga, a un ambiente sano y entregando facultades a la Policía, que atentan contra el derecho a la vida de la población.

Los diputados demostraron que no existe independencia de poderes entre los órganos de Gobierno, que la Asamblea está al servicio del presidente y no del pueblo. Igual falta de independencia mostró el Ministerio Público, respondiendo a la persecución ordenada por el ministro Mulino contra los dirigentes sociales.

Se trata de un gobierno que está de espaldas al pueblo. Lo acontecido no se borra con la entrega de celulares, de becas de 20 balboas que financia el pueblo trabajador, menos con campañas publicitarias mentirosas.

Nunca hemos rehusado a dialogar, siempre que se trate de un verdadero diálogo y no de diálogos de ‘Yo con Yo’, prácticas muy usuales de todos los gobiernos. El actual llamado del gobierno no parece ser la excepción, pues los diputados por segunda vez aprueban la Ley 30, pese al clamor popular de que se derogue. La experiencia de los supuestos diálogos de los gobernantes de turno confirman que solo buscan entretener y desmovilizar a la población para terminar imponiendo sus nefastas leyes.

La justicia en estos momentos solo es posible con la derogatoria de la Ley 30 y la conformación de una Comisión de la Verdad, que investigue y encarcele a los responsables de la masacre de Bocas del Toro.

Ante la terquedad gubernamental, al pueblo no le queda más que seguir en la lucha.

*SECRETARIO GENERAL DEL SUNTRACS — FRENADESO.