Sondeos de opinión favorecen a Martinelli

Según la última encuesta efectuada por una empresa de la localidad, el presidente Ricardo Martinelli se recuperó de su caída en popularidad ante la opinión pública. Más del 60 por ciento de la muestra entrevistada opinó que Martinelli estaba manejando bien los asuntos gubernamentales. Al mismo tiempo, sin embargo, sus colaboradores más cercanos en el Consejo de Gabinete siguieron perdiendo imagen frente a la población. Este fue el caso especialmente del flamante ministro de Seguridad, Raúl Mulino, y las ministras de Educación y Trabajo, respectivamente, Lucy Molinar y Alma Cortez.

Los resultados de la encuesta contrastan con la represión de la huelga de los trabajadores de las bananeras en Changuinola que costó varias vidas, el colapso del servicio de recolección de basura y la denuncia de casos de corrupción en diferentes sectores del gobierno. Según algunos comentaristas, la recuperación de Martinelli se debió probablemente a su llamada a una mesa del diálogo para revisar la Ley 30 (conocida como la ley ‘chorizo’), que ha sido rechazada por la gran mayoría de los panameños. Según la encuesta, más del 60 por ciento de la población entrevistada opinó que la Ley 30 debía ser derogada y otro 20 por ciento señaló que los artículos contrarios a la sindicalización debían eliminarse.

La mesa del diálogo creada por el gobierno del presidente Martinelli arrancó con diversos problemas. Entre los 10 actores invitados a sentarse, solo dos provienen del sector laboral. Tanto CONUSI, vinculado a Frenadeso, como CONATO, cercano al torrijismo, aceptaron la invitación, pero la condicionaron a una agenda dirigida a la derogación de la Ley 30. Además, pidieron que se incluyera en la discusión la remoción de varios ministros y directivos de la Policía Nacional.

El gobierno, por su lado, invitó a un conjunto de figuras a la mesa del diálogo, que fueron sorprendidos al saber que irían a la cita con los trabajadores y el gobierno. El presidente Martinelli defiende la Ley 30 señalando que los obreros están contentos con la iniciativa de que la sindicalización sea voluntaria y que la Policía no sea responsable de sus actos cuando está cumpliendo con su trabajo.

El Partido Alternativa Popular (PAP), una de las organizaciones que más denunció los actos de violencia gubernamental en Bocas del Toro, se pronunció enfático. Exigió ‘la derogatoria de todas las leyes que son causales del conflicto (a Ley 14, el Decreto Ejecutivo 537 y la Ley 30), así como finalizar la persecución desatada contra los dirigentes sindicales y populares y solicitar el archivo de todos los expedientes por ser inocentes de los cargos imputados’. También planteó la creación de ‘una comisión especial que le dé seguimiento a la atención de los heridos, a fin de garantizar la mejor atención médica posible, sin escatimar recursos, a fin de velar por sus prontas y mejores recuperaciones posible’.

En el caso de aproximadamente 150 trabajadores de las bananeras (entre ellos muchos de los heridos por disparos de perdigones) se han abierto expedientes criminales por atentar contra ‘la seguridad interna del Estado’. Estas acusaciones, reconocidas como políticas, pueden llevar penas de cárcel de 10 años. Igualmente, en la ciudad de Panamá y otras capitales de provincia, el gobierno ha levantado expedientes contra dirigentes sindicales y populares acusándolos de subvertir el orden y desestabilizar las instituciones del Estado.

A un grupo de trabajadores, que anunció una huelga en la construcción de las ampliaciones del Canal de Panamá en Gatún (provincia de Colón), se le acusó de atentar contra la seguridad del Estado al poner en peligro el transporte público (¿la vía acuática interoceánica?). Casualmente, la Autoridad del Canal de Panamá poco después que contempla contratar 850 trabajadores nuevos en los próximos meses. Aparentemente, la medida obedece a su interés en garantizar la entrega de las nuevas esclusas con capacidad para recibir barcos hasta de 150000 toneladas en la fecha prevista de 2013.

El sector empresarial panameño ve con preocupación las políticas del presidente Martinelli, que pueden incidir desfavorablemente en sus planes de generar más ganancias de sus inversiones. Martinelli anunció un plan de inversiones de US$13000 millones en un período de cuatro años, que no responde a un criterio económico sustentado. Entre esas inversiones se destacan edificios públicos, centros hospitalarios especializados y corredores viales. Para lograr estos objetivos los empresarios se quejan de que se aumentan los impuestos, se endeuda el país y se generan conflictos con los sectores populares.

La popularidad de Martinelli se encuentra en un hilo. A pesar de su aparente ‘rebote’, producto del último sondeo de opinión pública, su futuro no se ve muy claro. Frenadeso recordó el caso de Valentín Palacio, trabajador desaparecido durante la represión en Changuinola.

*PROFESOR DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.