Desprofesionalización docente y su impacto en la educación superior panameña

La educación superior en Panamá enfrenta una crisis institucional y ética caracterizada por la vulneración de la carrera docente y el menoscabo de la calidad educativa. Este fenómeno, impulsado por la corrupción y la politización de las universidades, ha resultado en la destitución de docentes calificados y su reemplazo por personal insuficientemente experimentado, afectando directamente la formación profesional y el prestigio de las instituciones públicas.

La figura del profesor universitario ha transitado de ser un reconocimiento al mérito profesional y académico a convertirse en un puesto sujeto a influencias y designaciones arbitrarias. Los docentes destituidos representan un capital humano invaluable: profesionales con posgrados, maestrías, doctorados, postdoctorados y amplia experiencia en sus campos, cuya trayectoria ha sido legitimada mediante concursos públicos y procesos de escalafón. La autonomía universitaria, concebida para proteger dicho capital, ha sido sistemáticamente violada, reduciendo a los educadores a “empleados públicos desechables”, en lugar de reconocerlos como agentes fundamentales en la construcción del conocimiento.

Un efecto grave de esta desprofesionalización es la sustitución de profesores con vasta experiencia por egresados recientes, carentes de la trayectoria laboral necesaria para contextualizar el conocimiento. La enseñanza universitaria requiere no solo dominio teórico, sino también la capacidad de ejemplificar, analizar y transmitir aprendizajes basados en la práctica profesional. La falta de experiencia en el campo limita la capacidad pedagógica de los nuevos instructores y desdibuja la relación entre teoría y práctica, esencial en la formación integral. Como señala la Unesco (2021), “la calidad de la educación superior depende, en gran medida, de la estabilidad, la formación continua y el reconocimiento profesional de su cuerpo docente” (p. 34).

La injerencia política en las universidades públicas ha distorsionado su misión original. Se observa la designación de figuras judiciales, familiares y allegados en cargos administrativos o de asesoría, sin vinculación alguna con el quehacer académico. Esto ha facilitado la manipulación de normativas internas, procesos de nombramiento y elecciones, perpetuando estructuras de poder ajenas a los fines educativos. Tal corrupción no solo debilita la institucionalidad, sino que también erosiona la confianza social en las “primeras casas de estudio”. En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa, 2021) ha advertido que “la politización de los procesos de gestión universitaria constituye un riesgo crítico para la calidad, la equidad y la sostenibilidad del sistema de educación superior” (p. 17).

El deterioro de la planta docente especializada tiene un efecto directo en la calidad de los profesionales egresados. Donde antes existía orgullo y reconocimiento hacia los catedráticos, hoy prevalecen la desconfianza y la percepción de que el acceso a la docencia depende de influencias antes que de méritos. Esta situación no solo lesiona el desarrollo académico de los estudiantes, sino que también compromete el futuro de las profesiones en Panamá, al debilitar las competencias y el rigor con que son formadas las nuevas generaciones.

La situación descrita refleja una clara violación a los principios de autonomía universitaria, meritocracia y ética profesional. Urge una revisión estructural de la gobernanza en la educación superior panameña que restablezca el valor de la carrera docente, garantice la estabilidad de los educadores calificados y devuelva a las universidades su rol como espacios de excelencia, libre de interferencias politizadas. Solo así se podrá detener el declive educativo y reconstruir el prestigio de la formación universitaria en el país.