Consenso en Ley de Medicamentos

En junio de 2010, el Consejo de Gabinete facultó al ministro de Salud para presentar un nuevo proyecto de Ley, que introdujera modificaciones a la Ley 1 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, ante la Asamblea Nacional de Diputados.

El presidente de la República y el ministro de Salud, manifestaron públicamente que esta propuesta tiene como propósito agilizar los procesos de adquisición y suministro de medicamentos; así como la obtención de bajos precios de los mismos, condición que no asegura la ley vigente.

Según los proponentes, con la aprobación del nuevo proyecto de ley, el gobierno estará en capacidad de hacer frente a las demandas de los usuarios del servicio de farmacias públicas (Centros de Salud, Caja de Seguro Social, Hospitales Estatales, entre otros).

Otros aspectos considerados dentro de las reformas van dirigidas a robustecer el laboratorio del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, vigorizar la acción fiscalizadora del MINSA y la implementación de mecanismos destinados a la rápida tramitación del registro sanitario.

Aún cuando los diversos actores que integran la sociedad civil convergen en que la actual Ley de Medicamentos requiere modificaciones que optimicen los progresos logrados, manifiestan la necesidad de que la propuesta presentada por el Ejecutivo sea ampliamente consultada. Que además de incluir a las empresas farmacéuticas; se convoque a las asociaciones de especialistas, gremios farmacéuticos y afines, así como a organizaciones de pacientes y consumidores, porque se sienten ignorados y en riesgo.

Diversos representantes de gremios y asociaciones, expresan que el tema de salud es muy complejo, pero que es un asunto de todos; que el mismo es un derecho humano elemental, por lo que debe garantizar seguridad, eficacia y calidad a la población.

Esta polémica Ley causa gran preocupación en todos los sectores de la población, fundamentalmente en los conocedores de la materia, debido a que históricamente las grandes empresas farmacéuticas se han constituido en monopolios, aplicando altos precios, frente a la mirada imperturbable y complicidad de administraciones gubernamentales, causando perdida de credibilidad en las autoridades.

Por ello, en procura de que los cambios presentados para discusión en la Asamblea Nacional respondan a resolver necesidades auténticas de la población, asociaciones, gremios y sociedad civil, exteriorizan su posición de vigilancia y salvaguarda, en procura de garantizar que se mantenga una reglamentación rigurosa de medicamentos (bioequivalencia), mediante el registro sanitario. Así como el establecimiento de un sistema efectivo de fiscalización, que garantice un adecuado procedimiento de compra y cumpla con las más elevadas normas de calidad y recomendaciones de la OMS y OPS.

Las organizaciones hacen un llamado al gobierno para discutir la propuesta, a fin de lograr un consenso que favorezca a la comunidad, en virtud de lo establecido en la Constitución Política y que no se repita la amarga experiencia vivida con la aprobación de la Ley Chorizo. Es conveniente que se promuevan mecanismos de consenso y aparten diferencias.

*EDUCADORA Y ECONOMISTA.