Cambios legales no significan solución

R esulta común observar, en todos los gobiernos, cómo frecuentemente se recurre a una fórmula salomónica para resolver problemas que surgen en la sociedad o en la administración del Estado. Se tiende a culpar a una ley deficiente o anacrónica y, por lo tanto, se hace necesario modificarla. Así, hay que aumentar sanciones para forzar mejores ciudadanos o reorganizar la administración pública para lograr eficiencia en las tareas estatales; pero muchas veces abundan las leyes y en cambio falta la voluntad de aplicarlas con firmeza y sin excepción. Se me hace más un problema de ejecución que de diseño.

Ahora se propone aumentar las sanciones en caso de infracciones a reglamentos del tránsito, porque los accidentes en nuestras calles y carreteras cobran muchas vidas de conductores, pasajeros y peatones, y causan costosos e interminables tranques. La manera de solucionar este problema es mediante la percepción de un castigo ejemplar que sirva de escarmiento. En un mundo ideal el razonamiento es impecable; pero estamos en Panamá, en donde el problema real no es el monto de la sanción, sino su rigurosa aplicación en todos los casos, sin discriminación ni influencias malsanas. Para el conductor que perciba que su infracción ‘se pueda arreglar’ el aumento de la sanción en la práctica solo significa un precio algo mayor a pagar por su irresponsabilidad.

Igual reacción tiene el contrabandista profesional ante un cambio de ley que aumente el impuesto de introducción de las mercancías que trafica ilegalmente. Mientras mayor sea el ahorro del impuesto que el contrabando le significa, mayor será el incentivo para dedicarse a esa actividad y para lograr clientes. Resulta irónico, aunque previsible, que el aumento del impuesto nunca se refleje en el correspondiente aumento de los ingresos fiscales. Igualmente el altísimo precio de drogas ilegales en los mercados internacionales es el fiero estímulo que anula medidas como las de aumentar sanciones, que muchas veces no se cumplen, porque se logra doblegar la voluntad de autoridades encargadas de combatir el negocio.

El problema de la basura en la ciudad capital se piensa solucionar cambiando la ley de la Dimaud para retirarle la función al régimen municipal y entregarla al gobierno nacional, que a su vez tendrá el encargo de privatizarla. Sin embargo, el personal será el mismo y ahora se proveerán fondos necesarios para adquirir el equipo adecuado para trabajar con eficiencia.

El problema de la demora en la titulación de tierras se resuelve creando un nuevo ente —ANATI— ubicado en el Ministerio de Vivienda, como una nueva autoridad nacional que reunirá cuatro organismos vinculados al tema de la tierra: Catastro del MEF, Reforma Agraria del MIDA, Instituto Tommy Guardia del MOP y PRONAT. Si se trata de desentrañar una maraña burocrática, vale preguntar si recargar las funciones ya complejas de un ministerio ayudará a aligerar los procesos engorrosos que se pretenden evitar.

La preocupación del Ejecutivo en asegurar sus proyectos ‘imperdonables’ llevó a proponer una modificación de la ley orgánica del MEF para dejar claro que, a diferencia de su ley actual, ese ministerio podría llevar a Consejo de Gabinete el proyecto de presupuesto nacional solo con el Visto Bueno —‘previa validación’— de la Secretaría de Metas de la Presidencia. Si se trata de un trámite puramente administrativo dentro de la esfera del Órgano Ejecutivo, vale cuestionar la necesidad de una ley que lo ordene.

En los ejemplos mencionados —y en muchos otros que podría añadir— se tiende a ignorar el hecho de que la solución no descansa en la ley, sino en el recurso humano encargado de aplicarla. Así como la seguridad del castigo es más eficaz que la amenaza de una medida severa que nunca se aplique, la coordinación de las acciones del Estado pueden depender más del trabajo en equipo que en cambios legales. En el Órgano Legislativo aprendí que la elaboración de leyes juiciosas exige mucho más reflexión que la que se le dedica.

*EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.