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25 de Feb de 2021

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Graves heridas, pero no mortales

Las libertades de expresión e información recibieron sendas heridas propinadas por un plumazo asestado por los tres magistrados de un Tr...

Las libertades de expresión e información recibieron sendas heridas propinadas por un plumazo asestado por los tres magistrados de un Tribunal Superior de Justicia quienes, ‘administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley’, han intentado cercenar derechos inalienables del ser humano. La lesión, aunque grave y seria por sus consecuencias inmediatas, no resultará mortal, porque existe un grupo mayoritario de panameños dispuestos a no permitir que se consuma este incalificable atropello, que es vergüenza dentro y fuera del país.

Muchas muestras de indignación se han dado en respaldo a las dos personas ‘condenadas’. Pero más allá de la injusticia cometida contra ellas y contra el ejercicio de su profesión, se cierne una amenaza que jamás hubiéramos sospechado contra la democracia en una sociedad medianamente civilizada. Por tanto, sería imperdonable que permitiéramos ese inaudito retroceso, cuando la esencia del ser humano es su libertad para expresar sus ideas y para informarse de todo aquello que a bien tenga, sin cortapisas ni censuras arbitrarias impuestas por un chocante criterio jurídico, como el de los señores Batista, Ortega y Carrasco. Es un derecho natural que este plumazo pretende silenciar, que revive el intento de Herodes por silenciar la ‘molestosa palabra’ del Hijo del Hombre.

Eruditos del Derecho citan disposiciones constitucionales y legales panameñas, así como convenios internacionales suscritos por la República de Panamá y que nos obligan en el plano internacional. Se señala que la Constitución protege, entre las garantías individuales, el derecho de todo panameño a emitir libremente su pensamiento por cualquier medio, pero siempre ateniéndose a las consecuencias que su expresión pueda acarrear contra la reputación u honra de personas o contra la seguridad u orden público. El hecho de que la propia Constitución no permita la censura previa del pensamiento no es otra cosa más que la contrapartida que reconoce mi derecho a la información.

Cierto que un periodista debe atenerse al daño que ocasione la noticia que divulgue, aunque solo si con ella se mancilla la reputación u honra de una persona. Pero la noticia que ahora ha escandalizado a los magistrados se limitó a reportar el hecho objetivo de una investigación sobre corrupción en una dependencia gubernamental y de ciertas personas que eran parte de la investigación. Así lo evaluaron los dos jueces de primera instancia para absolver a los ahora ‘condenados’ porque la veracidad de la noticia, tal como fue reportada, quedó probada cuando la oficina estatal confirmó la existencia y motivo de la investigación.

Entonces, si reportar la existencia de una investigación en curso, sin adelantar juicios sobre responsabilidad o no de los investigados, constituye por sí solo un delito, según el criterio de los tres magistrados, igual delito se cometerá al divulgar información sobre investigaciones en curso en el Ministerio Público sobre lavado de dineros, narcotráfico, homicidios, robos y otros crímenes. Nada se podría divulgar hasta que el investigado fuese condenado en juicio. Se me hace ridículo.

Por otro lado, no comprendo la solución del indulto ofrecido por el Ejecutivo. Entiendo que el indulto perdona el castigo o la sanción, pero no borra la responsabilidad o culpa por el delito cometido. El indultado se mantiene culpable del delito por el que se le condenó, pero la pena monetaria, pérdida de libertad o interdicción del ejercicio profesional le es perdonada por facultad presidencial. Su reputación permanecerá manchada, aunque se le permita trabajar, su bolsillo se salve o su libertad no se afecte, pero para su familia, sus hijos y sus nietos siempre será el delincuente que transgredió la Ley.

Peor aún: con la decisión judicial que califica estos hechos como delitos, nadie se atreverá a informar algo similar, porque quedará sujeto a la misma arbitrariedad judicial y a la incertidumbre de una decisión presidencial, que, si bien pudiese borrar la sanción, dejará en pie el delito y el escarnio, a pesar del indulto.

Esto no puede tolerarse ni quedar así.

*EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.