Lecciones del diálogo

En cumplimiento a los acuerdos finales de la mesa del diálogo, el presidente de la República envió a la Asamblea de Diputados los seis proyectos de ley que reemplazarán a la polémica Ley 30. Fue una larga jornada de 90 días, llena de sin sabores, contradicciones, intensos debates, pujas y repujas, pero al final los participantes tuvieron la capacidad de lograr un acuerdo.

La Ley 30 fue transformada en seis proyectos que serán discutidos en comisiones especiales de la Asamblea de Diputados. La Comisión de Gobierno tendrá que discutir las reformas al Código Penal y las reformas a la Ley de la Policía Nacional. La Comisión de Economía y Finanzas tendrá que bregar con las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, cuya intensión es evitar demandas improcedentes que retrasan las obras públicas. La Comisión de Trabajo verá todo lo concerniente al Código del Trabajo, mientras la Comisión de Población y Ambiente atenderá las reformas a la Ley Ambiental. Finalmente, la Comisión de Transporte verá las reformas a la Ley de Aviación Comercial.

En los debates se logró mantener la cuota sindical obligatoria y el derecho a huelga de los trabajadores, con algunas modificaciones que no afectan la esencia de este derecho. Además, se logró resolver los conflictos que tenía la Ley 30 con los derechos humanos de los panameños; es decir, se modificó el artículo 11 y la reforma a la Ley de la Policía que permitía la impunidad en la actuación de aquellos miembros de este cuerpo que hicieran uso de la fuerza excesiva. Un logro importante que hay que destacar se dio en el aspecto referente a las reformas a la Ley Ambiental. Los acuerdos dejaron claro la necesidad de los estudios de impacto ambiental para los proyectos de mediano y gran impacto que se desarrollen en el futuro y eliminó las ambigüedades que existían en la Ley 30.

Esta experiencia, que fue precedida de grandes enfrentamientos en la sociedad panameña, debe servirnos de base para que en el futuro los temas conflictivos tengan una amplia consulta y se tome el tiempo necesario para el análisis correspondiente. El gobierno ha podido comprobar lo importante que es incorporar a la sociedad civil y a las fuerzas políticas en toda propuesta de cambio de estructuras.

Una institución que debe analizar cuidadosamente lo ocurrido, para sacar las experiencias y lecciones de esta coyuntura, es la Asamblea de Diputados. Cuando se habla de una división de poderes que sirva de balance y contra balance, se quiere decir que, si algún poder plantea cambios que no tienen viabilidad política, otro poder del Estado tiene que indicar con claridad los problemas que plantea la propuesta. En el caso de la Ley 30, los diputados de gobierno con experiencia, sabían que se estaban violando claras normas legales y que el procedimiento utilizado para aprobar esta Ley era incorrecto, pero no tuvieron la valentía política para plantear con claridad esta realidad. El resultado fue una ley carente de legitimidad y que llevó al país a serias confrontaciones con saldos de muertos y heridos.

El Órgano Ejecutivo también deberá hacer el balance correspondiente y comprender que no es posible realizar cambios estructurales en un país si no se cuenta con una base social sólida de apoyo. La prisa no es excusa para eliminar la consulta y el consenso. La rectificación realizada por el presidente Martinelli no constituye una debilidad, al contrario es prueba contundente de que cuando se comete un error, lo correcto es corregirlo y no insistir en el mismo. El equipo de gobierno deberá revisar y evaluar toda esta experiencia para no repetir esta historia.

La sociedad civil ha demostrado que con paciencia, persistencia, firmeza y confianza en la fuerza de la verdad y en el apoyo del pueblo, se pueden corregir errores de los que gobiernan. Hoy, nuestra sociedad es más fuerte, rica en experiencia y más experta en bregar con este tipo de situación. No es un problema de querer cogobernar, se trata en realidad de participar en las decisiones que nos afectan a todos, para contribuir a buscar una solución equitativa, justa y, ¿por qué no?, democrática.

Los partidos políticos de oposición y gobierno, deben analizar esta situación para que comprendan cuál es su papel en la sociedad. Los partidos panameños tienen que estar más cerca de los intereses del pueblo y desarrollar estrategias que estimulen la participación de su organización en los grandes problemas nacionales.

Como panameños, debemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado por los actores principales de este diálogo y luchar porque éste sea el método de dirección que adopten los dirigentes de la Nación.

*INGENIERO Y ANALISTA POLÍTICO.