Aspectos legales

Recordando que ‘quien parte y reparte se lleva la mejor parte’, en 1903 el ingeniero francés Felipe Bunau—Varilla recibió $600 mil —mañana los corredores mexicanos repartirán $650 millones. Pero en materia de esa rendición de cuentas que, por lo visto, profesan solo de la boca para afuera, el Concejo de Gabinete aún no ha explicado en qué sentido—figurado ha de entenderse su aprobación de pagar $1,070 millones por vías que valen $420 millones, y que se publicita como ‘la mejor inversión que hará el Estado’ (Ricardo Martinelli, 29 de julio 2010, La Estrella).

La propuesta compra de acciones violaría tanto la letra como el espíritu de la Ley 5 de Concesiones Administrativas, puesto que no favorece al bien común, sino que privilegia a quienes detentan el poder del dinero. La letra de dicha Ley no faculta a esa compra de acciones. Y su espíritu es que Panamá disfrute del uso de los corredores, sin tener que invertir en ellos.

El problema en sí no es difícil de entender. Ya el 12 de julio 2010 se le sintetizó al nuevo arzobispo de Panamá así:

‘Mal que bien, los corredores ya atienden al bien común de la ciudad capital —sin utilizar fondos públicos. Se pretende reversar este ejemplo de subsidiariedad, sustituyendo con dineros del Estado los previamente invertidos por los inversionistas extranjeros y adelantar las ganancias que de otra forma recibirían de a chorritos hasta el año 2093. Pese a ser legal, es una decisión moralmente cuestionable, puesto que dichos contratos NO OBLIGAN al Estado a efectuar dicha compra. Todo lo contrario; la Ley de Concesiones Administrativas presupone que no se invertirían fondos locales. No obstante, lo propuesto arriesgaría las jubilaciones de particulares panameños’.

Hasta el mandatario, que originalmente otorgó esas concesiones, reconoce que la mejor solución sería exigir que los mexicanos cumplan con sus obligaciones de mantener la infraestructura hasta que venzan sus respectivos contratos, y que Panamá reciba las vías —gratis— ‘en buen estado de uso y reparación que garanticen una vida útil y costos de mantenimiento a satisfacción de la entidad concedente’ (art. 3, Ley 5).

Standard & Poors sugirió algo parecido, en el sentido de que un país debiera cumplir siempre lo pactado, e insinuó que nuestro grado de inversión dependía de alguna manera en ello. La calificadora destaca así que el activo más valioso de todo país es la predicibilidad en su manejo institucional. Se debe subrayar la importancia de esto en estos tiempos, en donde la corrupción institucionalizada en Grecia (que palidece ante la nuestra) ha puesto bardas en remojo entre la comunidad bancaria internacional de la que dependemos para financiar el resto de los $13 mil millones de inversiones programadas durante este quinquenio. Los $650 millones que se pretende repartir representan casi un año de la anualidad del Canal de Panamá. Y no faltarán banqueros que se preguntarán para qué queremos sus financiamientos, si tenemos dinero como para dilapidarlo de ésta manera tan poco seria.

Quienes comemos tres veces al día tenemos una obligación con quienes no comen, y la mejor forma de cumplirla es perseverando en la promoción de un Estado de Derecho que funcione como debe, cuerdamente.

*INTÉRPRETE SIMULTÁNEO.