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23 de Jan de 2021

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Redacción La Estrella de Panamá

Columnistas

El Canal, nuestro orgullo y calvario

Qué sentido tenía cancelar una cuenta pendiente  a un contratista que se sabe de antemano no está en capacidad de continuar las obras

En el mes de marzo, el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano, habló de una eventual y sensible reducción de sus ingresos provenientes de uno de sus principales clientes Evergreen Marine. Tanto así, que el presupuesto del Canal sería reducido con los subsecuentes efectos en la economía nacional.

Al ver el daño que sufriremos, no puedo comprender los llamados ‘acuerdos’ entre la ACP y GUPC (Grupo Unidos por el Canal). En primer lugar, la ACP pagó 36.8 millones de dólares de una cuenta pendiente del mes de diciembre, a condición de que GUPC reiniciara los trabajos. Hoy sabemos que dicho pago no estuvo precedido de la renuncia de parte de GUPC, al reclamo de los 1,600 millones de dólares en supuestos ‘sobrecostos’, cosa que por principio y dignidad debió haber sido exigido.

Al aplicar el sentido común, que es el más poco común de los sentidos, surgen una serie de interrogantes acerca de las cuales hasta ahora nadie hace referencia.

Qué sentido tenía cancelar una cuenta pendiente de 36.8 millones de dólares a un contratista que se sabe de antemano que no está en capacidad de continuar las obras? Dónde está la equidad a que se refiere Quijano en los ‘acuerdos’, cuando vemos que:

a. La ACP ya aportó la suma de 100 millones de dólares y no consta ni se ha dado a conocer el método de verificación de los correspondientes 100 millones que debe aportar SACYR.

b. La ACP otorga a SACYR una moratoria hasta 2018 para pagar adelantos que recibió a inicios de los trabajos por más de 700 millones de dólares, mientras las partes ventilan los reclamos por sobrecostos en las instancias establecidas en el contrato. Esto es inaudito. Le damos la ventaja de que no nos devuelvan lo adelantado, PERO ELLOS SI PODRÁN DEMANDARNOS POR SUPUESTOS 1,600 MILLONES DE DÓLARES EN SOBBRECOSTOS. Si bien esa moratoria está sujeta al cumplimiento por parte de GUPC de varios asuntos, como la entrega de las 12 compuertas para las nuevas esclusas a más tardar en febrero de 2015, soy del criterio de que ello no se cumplirá.

c. Se estableció que la fianza de cumplimiento por 400 millones de dólares del proyecto de construcción de las nuevas esclusas solo podrá ser liberada por la aseguradora para financiar las obras. Esto ¿qué significa? Hablando del asegurador, no queda claro qué efecto produce contractualmente respecto a las garantías para El Dueño (ACP), que la fianza de cumplimiento (400 millones de dólares), se convierta en un préstamo para el consorcio. No es lo mismo una fianza de cumplimiento dada a El Dueño, que una facilidad crediticia al contratista. Es evidente que estaríamos en presencia de una novación del contrato en un elemento fundamental para El Dueño, como lo es la garantía de la ejecución de las obras.

¿Acaso debemos entender que al convertir la fianza en un préstamo, nos quedamos sin fianza? ¿Puede la Autoridad del Canal novar el contrato en un aspecto tan delicado como este? ¿Qué ocurriría si pese a este préstamo, el contratista igual no termina las obras ? ¿Con qué garantías de cumplimiento se queda el Estado Panameño si la fianza ya no existe?.

Confirmando nuestros temores, el pasado 14 de mayo se cumplió la prórroga que concedió la ACP al asegurador, para que consignara los 400 millones de dólares de la fianza convertida en financiamiento y hasta el momento nada se ha sabido. Pareciera que Zurich American sabe más que la ACP, respecto a la condición real actual y pronóstico a futuro del asegurado. Alguien que realiza actos de dudosa legitimidad para con ello incidir en bolsa, no es precisamente sujeto de buen crédito, no importan los controles que le impongas en el uso de la facilidad crediticia.

Puedo entender los intereses en juego de Panamá, lo grave de rescindir el contrato y que por ello la ACP trató de solventar la situación ‘dentro del contrato’. Lo que no puedo aceptar es que para hacerlo se agrave a futuro nuestra situación cuando el contratista fallido como de hecho es, no concluya los trabajos. Se perderá tiempo valioso, los perjuicios serán mayores y serán precarias nuestras herramientas de reclamo. Por eso, los 36.8 millones de dólares pagados a la cuenta de diciembre, los 100 millones aportados por razón del ‘acuerdo’ y los más de 700 millones adelantados, serán la vuelta de Panamá a su calvario.

ABOGADO