¿Existirá alternativa para combatir la corrupción?

Partimos del hecho de que la Modernización de la Administración Pública debe entenderse como un proceso de cambio en las relaciones interpersonales, en el surgimientos de nuevos productos y servicios, mediante la profesionalización, la renovación de las estructuras burocráticas, la incorporación de tecnologías y procedimientos más adecuados, la adopción de métodos de trabajo transparentes y participativos que la acerquen a los grupos sociales, en la cual su organización y funcionamiento estén enmarcados en el marco del Estado de Derecho.

De ahí que la Administración Pública debe estar dimensionada a la naturaleza y tamaño de los problemas sobre los que actúa, por ende la participación debe entonces servir para promover soluciones justas y equitativas, evitando a la vez el congestionamiento y las hemiplejias del quehacer público, lo cual es imprescindible y necesario adoptar nuevas y mejores formas de organización.

El hecho de introducir en los gobiernos los principios de competencias privadas, acompañados del aliento capitalista, generan conductas inadecuadas, si lo comparamos con los principios de Ética Pública y Buen Gobierno, generando: barullo en los objetivos y valores de servicio público, dada la transferencia del sector privado a lo público en la forma de trabajar; pérdida de protagonismos de las funciones de instituciones públicas, generando crítica de inmediato, desacreditando lo público, dando paso a lo privado; evasión de la responsabilidad pública, bajo el pretexto de que no son ellos los que ofrecen el servicio; alteración de los fines públicos, la gratuidad en la prestación de servicio se altera; servicios públicos que se ofrecen de forma gratuita al ciudadano ahora se comienzan a cobrar; comercialización de los servicios públicos, se carga al ciudadano con un suplemento adicional a los impuestos pagados; sueldos excesivos de los mandos superiores del Gobierno Nacional y de los ‘altos’ cargos de la administración, que ofenden la sensatez; trato de favor desde el gobierno a las empresas privadas, beneficio recíproco en un negocio público — privado; privilegio a la empresa privada, respaldado por su poder económico, mediante políticas específicas; trampolín político al sector privado de altos políticos, una vez dejen la responsabilidad pública. En consecuencia, estas situaciones puede generar en el conjunto de los servidores públicos la tendencia hacia una actitud individualista, acompañada del ansia por enriquecimiento desde los cargos públicos.

Más allá de la retórica política, los programas de gobierno donde se han aplicado las técnicas gerenciales no han dado los resultados vaticinados, sino más bien mayor concentración de la riqueza, y desigualdad social, desempleo, aumento de la pobreza, debilidad de las instituciones públicas, corrupción, por consiguiente el principal problema de un gobierno socorrido en criterios empresariales, es que excluye el principio de la equidad, ofendiendo la dignidad humana, porque junto a la plétora de una élite de hombres millonarios se encuentra una multitud de personas que resiste a la miseria y al hambre.

La filosofía política advierte sobre los riesgos y consecuencias de colocar hombres de negocios en los cargos públicos, dada que la misma va acompañada del espíritu de interés mercantil, que al implementarse en el sector público transforma los valores y principios de los funcionarios, induciendo el camino de convertirse en vendedores de servicios, generando desigualdad e injusticia, contrario a la razón de ser de todo Buen Gobierno, que es la búsqueda de la justicia y la equidad.

Finalmente, en el fondo, el problema es cómo avanzar hacia una cultura de la participación y de la transparencia, que sustente una administración pública dinámica y eficaz, en el marco de una sociedad abierta.

ECONOMISTA