¿Cuál es la impaciencia?

Tres cosas distinguen a las campañas políticas panameñas: son de las más prolongadas del mundo; proporcionalmente, las más costosas; y, de lejos las menos transparentes. Tanto Martinelli como Torrijos, no bien habían sido declarados como ganadores, dejaron patente sus intenciones de perpetuarse en el poder, ellos o sus partidos, e iniciaron el despliegue de todos sus esfuerzos, sirviéndose principalmente de sus cargos y de los recursos públicos para lograrlo. El uno y el otro vaticinaron, entonces, que gobernarían por quince o veinte años; pero el pueblo, que es más sabio que todos los políticos, en ambos casos, decidió cortarles las alas.

Por eso, es un total contrasentido que cuando todavía no se ha cerrado un proceso electoral que nos saturó hasta la coronilla, el Tribunal Electoral y la denominada ‘Comisión de Reformas Electorales’, insistan en ‘empujar a tambor batiente’ la aprobación de cambios a las reglas que regirían para el torneo del 2019. Y todavía lo es más, como ha trascendido en los medios, el anuncio, atribuido al presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, de que el paquete de reformas, que recientemente ha vuelto a presentar el flamante presidente del Tribunal Electoral, será aprobado, íntegramente y sin siquiera someterlo a las consultas reglamentarias y prudentes, ‘en cumplimiento del llamado Acuerdo de Gobernabilidad’.

Reformar el Código Electoral, para que sirva mejor a la pureza y eficacia del sufragio, es importante; pero para las elecciones del 2019, faltan cinco años. En otras palabras, no son urgentes; como tampoco lo sería abrir, ahora, el debate sobre las reformas a la Constitución Política.

El nuevo gobierno apenas si comienza a asentarse; aún está por aclararse la verdadera situación de la finanzas públicas; y el país espera, con ansias, que se definan los nombramientos del nuevo contralor y de los procuradores o procuradoras. La decisión sobre esos cargos sí es crucial en estos momentos; pero no así la aprobación sin consultas de un paquete de reformas electorales que, como las encuestas determinaron en su momento, es desconocido por cerca del 90 % de la ciudadanía.

Las frustraciones y desencantos acumulados durante el quinquenio Martinelli, y el deseo de algunos de ‘recuperar imagen’, tal vez sirvan para explicar algunas impaciencias y afanes prematuros de protagonismos; pero todo tiene su tiempo y lugar.

En cuanto a las reformas electorales, es bueno recordar que cuando el paquete fue originalmente presentado en el 2011, fue debatido por la Asamblea llegó hasta el segundo debate y que si bien no avanzó al tercero, ello no se debió exclusivamente a la entonces bancada mayoritaria de Cambio Democrático, pues también lo impidió la intransigencia de los propios ‘triunviros electorales’, encabezados por su presidente, Gerardo Solís, que exigían que la Asamblea lo aprobara con todos sus pelos y señales o ‘que no se aprobara nada’.

Y también es bueno recordar, que de no haberse aprobado la Ley 54 de 2013, las candidaturas presidenciales independientes no hubieran sido viables, para las elecciones del pasado mayo y no se hubiera eliminado el nefasto ‘voto plancha’.

Después del desbarajuste institucional que creó el pasado gobierno y que tomará tiempo enderezar; ante la necesidad de sanear las finanzas públicas; y la urgencia de avanzar soluciones en educación, seguridad, salud y la prestación de los servicios públicos, lo que el país demanda es un tiempo razonable para estabilizarse. Introducir prematuramente los temas electorales, no aporta soluciones, sino perturbaciones inoportunas.

*ABOGADO Y POLÍTICO INDEPENDIENTE.