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25 de Oct de 2020

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Marco A. Gandásegui, Hijo

Columnistas

Cómo acabar con el crimen y la violencia

Creemos oportuno presentarle al lector cuáles son las causas de la criminalidad creciente y el caos urbano que crea a su paso.

Cómo acabar con el crimen y la violencia
Cómo acabar con el crimen y la violencia

Hay consenso en torno al hecho de que si no se conocen las causas de un fenómeno es imposible analizarlo correctamente, modificarlo o mejorarlo. En Panamá tenemos el caso de la creciente ola de criminalidad y violencia que sacude a las ciudades, especialmente la capital. Quienes no conocen el problema opinan que es necesario reprimir más o aumentar las penas. También hay quienes dicen que el crimen es el producto de la pérdida de valores en la sociedad, sin buscar las causas.

Creemos oportuno presentarle al lector cuáles son las causas de la criminalidad creciente y el caos urbano que crea a su paso. A su vez, qué debemos hacer para erradicarlo. En primer lugar, hay que aceptar que la realidad social que caracteriza nuestro entorno es el resultado de las decisiones, acciones u omisiones que toman quienes gobiernan. Panamá y la ciudad capital tienen una estructura social que refleja —en mayor o menor medida— las políticas públicas que aplican los grupos que tienen el poder de tomar decisiones.

En segundo lugar, si estudiamos los últimos lustros de nuestra historia se observa que hay una coherencia nefasta entre las políticas sociales y económicas en el país. Estas políticas han tenido un impacto sobre el crecimiento económico y, al mismo tiempo, han debilitado las instituciones sociales que son los pilares de la estabilidad del país. Con relación a la economía, las cifras arrojan tasas de crecimiento en los sectores especulativos e improductivos (sector inmueble, banca, juegos de azar, actividades navieras y transacciones comerciales). Mientras tanto, el sector productivo de la economía (agropecuario y manufacturero) se estancó y, en muchos años, retrocedió.

El crecimiento especulativo no contribuye al desarrollo del país y los ‘daños colaterales’ que provoca son terribles. Ha deformado la estructura de empleo. El 50 por ciento de la población trabajadora es informal. Es decir, trabaja sin contrato y tampoco tiene acceso a seguridad social (servicios de salud o jubilación). Según estadísticas del Gobierno, solo el 20 por ciento de los jóvenes se incorpora al trabajo formal, un sector reservado para los privilegiados.

Solo los jóvenes privilegiados con oportunidad de trabajo formal pueden establecer familias íntegras. Como consecuencia, la mayoría de los jóvenes constituye relaciones ‘familiares’ inestables, sin valores. Cuando se dice que ‘estamos perdiendo los valores’, las decisiones políticas de los gobernantes son las únicas responsables. Permitimos que los malos gobernantes hagan caso omiso de las leyes. Incluso, permitimos el saqueo por parte de legisladores y poder Ejecutivo de nuestros recursos. Ponen en jaque los valores que supuestamente defendemos.

Las comunidades —donde predominan la ausencia de familias estables— han sido secuestradas por el crimen organizado y las pandillas, brazos ejecutores de sus delitos. Las instituciones —como las escuelas, las iglesias, las juntas comunales— han sido penetradas. La corrupción es el vínculo entre autoridades políticas y crimen organizado. Sin duda, este ‘matrimonio’ genera buenos negocios y las empresas se hacen cómplices. El pago por favores, por ignorar la Ley o por el lavado de dinero se generaliza. En las transacciones ilícitas se utilizan todos los recursos disponibles, incluso adolescentes y niños.

Para erradicar el crimen o, por lo menos, para mitigar la creciente violencia, hay que acabar con la corrupción, comenzando desde arriba y llegando al peldaño más bajo. Igualmente, hay que pedirle al Gobierno de EE. UU. que no utilice tácticas ilegales para lograr sus fines políticos en Panamá. La manipulación política de los negocios relacionados con las drogas han creado un submundo del crimen que golpea a nuestra juventud: Comunidades secuestradas por pandillas, fronteras sometidas a un régimen de terror y cárceles llenas de jóvenes y adolescentes.

En vez de subvencionar con fondos del Estado (provenientes de nuestros impuestos y de los tributos del Canal de Panamá) las iniciativas económicas especulativas (importación de alimentos que reemplazan los nuestros, casinos, playas, represas, minas) hay que invertir en actividades productivas.

La primera meta del Gobierno debe ser sembrar en 2015-2016, un total de 85 000 hectáreas de arroz, duplicar la siembra en ‘tierras altas’ y generar un plan de desarrollo agrícola para la provincia de Darién. Generaría 150 000 empleos formales. La segunda meta es generar un proceso manufacturero y agroindustrial que crearía otros 250 000 empleos formales.

Como consecuencia, sacaríamos a los adolescentes y jóvenes de las calles —destruyendo las pandillas—, convirtiéndolos en trabajadores productivos, que formarían familias que transmitirían valores a sus miembros.

*PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.