Ética en la gobernabilidad, reflexión y accionar

ÉTICA, término de constante mención, necesaria y básica en el desarrollo de nuestra democracia por ser prioridad y de exigible práctica en el accionar político y esencia en la estructuración de la gobernabilidad. Tenemos que tener claro que la ética se relaciona a la moral inmersa en el ser humano de acuerdo a sus actuaciones; término que proviene sabiamente del término griego ‘ETHICOS’, que significa ‘carácter’ y es lo que nos define en nuestras determinaciones de lo que es positivo, negativo, permisible, inaceptable.

Podríamos indicar que en nuestra definición como ser humano responsable define lo que debemos llevar a cabo de forma responsable, indistintamente de los ámbitos en los que nos desarrollemos y tratándose de nuestros deberes como responsables de la estructura social-política-económica que se llama PANAMÁ, donde es obligante ser parte del permanente crecimiento y participación, incluyendo las actuaciones políticas que determinarán nuestro presente y futuro; somos panameños.

Es dable tener claro que ‘Gobernabilidad’ es la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas de Estado resolviendo sus conflictos de manera pacífica dentro de un ordenamiento jurídico vigente, el cual se debe respetar ante todo la no existencia de fueros ni privilegios consagrados en nuestra Constitución Política, teniendo que indicar que no es opción la exclusión de la gobernabilidad en un debido estado de derecho, con la obligatoria independencia de los poderes del Estado y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos sociales políticos económicos.

El éxito de este planteamiento se encuentra en la estructuración y reforzamiento permanente de instituciones basadas en los principios de probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad, responsabilidad, transparencia, igualdad, respeto y liderazgo; aspectos consagrados en el Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre 2004, ‘Por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos’.

Nuestro país ha llevado un desarrollo importante siendo signataria de entes que regulan aspectos relacionados a conflictos de actuaciones y lesivas contra la Administración Pública, abarcando la misma: Justicia, fondos del Estado, salud integral, educación, agro con seguridad alimentaria, políticas de comercio y otros; actuaciones ante las cuales es responsabilidad prioritaria, la RENDICIÓN DE CUENTAS Y PRIORIZAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA, aplicando de forma irrestricta la ÉTICA; la corrupción destruye democracia.

Entre estos esfuerzos Panamá es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción y una de las más significativas, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, pues nuestro país es un territorio de servicios, punto focal de comercio y de permanente desarrollo económico que debemos salvaguardar.

Ante los aspectos indicados y consagrados como de obligatorio cumplimiento, más que por estar regulados, deben representar nuestra idiosincrasia, lo que se logra con educación y culturización en el respeto a nuestros deberes y obligaciones donde solo es factible lograrlo en la determinación de nuestras estructuras políticas y responder al reforzamiento de nuestra democracia, teniendo claro que la toma de decisiones no es solo responsabilidad de los ciudadanos que son funcionarios de los poderes del Estado, quienes nos representan ante esta misión y a los cuales les otorgamos, como pueblo, nuestra confianza para ello.

Lo que resulte en positivo o negativo para nuestro país es deber de todos los que conformamos este Estado, República de Panamá. Seamos garantes, participemos, trabajemos, eduquémonos y seamos responsables de nuestro destino como panameños y seres productivos bajo la convicción de que la gobernabilidad es de todos.

*JURISTA Y CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA.