Mejor buen acuerdo que mal juicio

El extraordinario proceso y sanción a un magistrado de la Corte Suprema, cuyas incidencias todos conocimos en vivo, ha motivado diversas opiniones por lo que quiero expresar mi punto de vista sobre cuatro reparos que he oído: el proceso, el acuerdo, la sanción y las cuentas bancarias no confiscadas.

Fue un proceso novedoso, sin duda. Vimos cómo opera el sistema acusatorio, nuevo para nosotros pero aplicado hace tiempo en otros países. Mientras el fiscal adelanta la investigación y arma el caso, una tercera persona vigila que el proceso se desarrolle con imparcialidad sin violar derechos del investigado. Esa tercera persona, el juez de garantías, no es proactivo ni adelanta la investigación; es como el árbitro del fútbol que señala cuando el balón se sale de la cancha o cuando anula pases adelantados.

Se aduce que el proceso fue viciado por lagunas que fueron llenadas con interpretaciones improvisadas; sin embargo, era el proceso diseñado por la ley para esos casos. Si esas interpretaciones le permitieron al imputado poder defenderse oportunamente, el proceso fue justo, se desarrolló a la vista de todos y ya vendrán oportunidades para ajustes apropiados.

El acuerdo entre el fiscal de la causa y el acusado, como cualquier compromiso que intente terminar un pleito o discusión, implica que las partes deban encontrarse en algún punto en el camino, necesariamente distante de las posiciones extremas que cada uno de los contendientes demanda. No es fácil encontrar ese punto porque implica que cada uno ceda algo de su reclamo inicial; lo haría para ahorrar tiempo y recursos y, sobre todo, por la incertidumbre de cuál sería el resultado final si insiste en continuar con el proceso. Nadie puede garantizar el dictamen final de un juez, mucho menos la motivación de cada uno de los diputados-jueces, animales políticos electos por el color de sus banderas partidarias o por el reducido horizonte de promesas locales en sus comunidades. Sin duda, el acuerdo evitó un desenlace totalmente impredecible.

Ciertamente en derecho la sanción pudo haber sido el triple de la impuesta. Pero no sabemos a ciencia cierta cuál habría sido la que hubiesen impuesto los diputados en la Asamblea, en caso de haberse llevado el proceso a esa instancia y de haber concluido en una condena. La destitución inmediata y bochornosa del cargo que desempeñaba, la pérdida de su lujosa vivienda y de su familia y de sus automóviles, y la privación de su libertad física por cinco años son sanciones formidables para cualquier mortal, pero adquieren mayor dimensión tratándose de un personaje que ejercía una función tan visible, encumbrada y destacada en la sociedad.

Es perfectamente comprensible que la sanción aplicada no incluyera cuentas bancarias que no forman parte del patrimonio del imputado. Aunque hubiese sospecha de que fueran mal utilizadas para trasegar fondos mal habidos hacia el acusado, esa investigación quedaba fuera del alcance y de la autoridad del fiscal, quien solamente podía investigar el patrimonio del acusado, no el de terceras personas. Siempre pensé, como ha ocurrido, que cualquier posible delito que pudiera derivarse del proceso contra el magistrado no quedaría a la deriva y sería retomado por el Ministerio Público.

¿Que hubo discrepancias de criterios entre las juezas? Magnífico. ¿Que en algún momento el fiscal pareció ser más defensor que fiscal? Magnífico. Demuestra que no hubo ensañamientos ciegos ni linchamientos irracionales, que se analizaron todas las aristas en un esfuerzo encomiable y digno para lograr conclusiones justas. Siento satisfacción porque resultó un buen acuerdo para evitar un posible mal juicio. Que sea ejemplo para funcionarios que siempre muestren entereza de carácter.

EXDIPUTADA