Pandillas y pandilleros

Recientemente se ha anunciado la construcción de un centro penal exclusivo para seis jefes de pandillas, en una isla del Pacífico panameño. Esta decisión parte de la premisa de que los pandilleros constituyen la fuente principal de la criminalidad y delincuencia en nuestro país y presume que aislando a estos cabecillas de sus organizaciones, reduciremos sustancialmente los problemas de inseguridad que agobian a la sociedad panameña.

La idea que se está difundiendo, es que las pandillas son homogéneas y obedientes a su línea de mando. En realidad, ni las pandillas son monolíticas ni los pandilleros son grupos estructuralmente organizados verticalmente. Esa decisión parece ser una sin sustento científico y una improvisación en torno a la coyuntura de la seguridad en el país, si consideramos que acabamos de inaugurar la Gran Joya, centro penitenciario para reclusos que requieren tanto máxima seguridad como la mínima. En vez de construir más cárceles, se podría invertir en mejorar las condiciones deprimentes de muchas de ellas o en escuelas.

En este contexto, para entender mejor el fenómeno de criminalidad y el rol de las pandillas, hay que situarse en términos de la respuesta institucional que históricamente las autoridades de seguridad del Estado le han dado a este fenómeno.

La expresión tan compleja de pandillas que tenemos hoy es el resultado de la profunda desigualdad e inequidad social que nos caracteriza como país, la falta de oportunidades y un sistema educativo ineficiente. Si añadimos a esto la descomposición familiar, marginación, pobreza, deserción escolar, hogares disfuncionales y la pérdida de valores, hemos fallado enormemente como país en construir una sociedad más justa. Esas son verdaderas causas de la inserción de los jóvenes en riesgo en estas agrupaciones pandilleras.

Aunque ellas han estado presentes a lo largo de cinco lustros, su desarrollo y proliferación solo ha podido ocurrir en un Estado que, por acción o por omisión, ha sido incapaz de articular una oferta de inclusión social real a este segmento de la población panameña.

Hasta hoy, todos los Gobiernos democráticos postinvasión, sin excepción, han respondido al fenómeno de las pandillas fundamentalmente con represión policial y penal, que cobró su máxima expresión con las variadas propuestas de mano dura, mano amiga, mano súper dura, durante las tres últimas administraciones gubernamentales. Ahora, se nos ha ofrecido la de mano firme, aún por precisar su alcance y significado.

Durante el Gobierno anterior, el Estado convirtió a los pandilleros en los emblemas de la violencia, en las principales amenazas a la seguridad, y focalizó la política de seguridad en función de su persecución selectiva. Y los pandilleros terminaron asumiendo el rol que el Estado y la sociedad les otorgó. Hay abundante evidencia que da cuenta de que los fenómenos de criminalización que se produjeron en nuestro país tuvieron que ver más con la penetración del crimen organizado de las drogas, que simplemente reclutó a los pandilleros como peones de sus actividades criminales, pagando sus servicios con armas, drogas y dinero, propiciando las condiciones para que estos grupos mutaran con mayor rapidez a estructuras pandilleras más organizadas.

Además de que ha faltado una propuesta estatal de prevención integral a estos grupos, para el análisis de lo que está pasando ahora es importante tener en cuenta los antecedentes de la última década. Un acercamiento al inicio del Gobierno actual, con voluntad y compromiso de establecer un puente con estos grupos, sin contar con los recursos ni con la organización para brindar a estos jóvenes una oportunidad real de mejorar su vida y alejarlos de la criminalidad, en realidad pareciera que han terminado al servicio coyuntural de redes criminales. Comprar pandilleros y ofrecerles empleo a cambio de declinar su actividad delictiva, no parece una solución seria e integral a la inseguridad.

Es bastante discutible que las pandillas sean las responsables de la mayor parte de los delitos que ocurren en el país. El pandillerismo es solo una fracción del problema de la inseguridad y muchas veces es el medio que el crimen organizado, con gran poder económico, usa para permear a distintos estratos de la sociedad y del país.

Sabemos que en los últimos años ha aumentado de forma significativa la participación de las pandillas en hechos delictivos, sobre todo en los homicidios, pero aún con todo, están lejos de alcanzar esos niveles de responsabilidad criminal que se les atribuye y el escenario de violencia que tenemos en el país va más allá de las pandillas. Debemos encontrar, entre todos, respuestas integrales para este fenómeno.

ABOGADO