Cambios que produjeron los votantes

Esta semana se inició con el primer aniversario de las elecciones celebradas el cuatro de mayo del año pasado. Mucha agua ha corrido en doce meses y falta mucha todavía; pero, gracias al voto de la gran mayoría de electores aquel día, logramos salir del oscurantismo al renacimiento de nuestros valores tradicionales. Quizá la cercanía de los remezones en la administración del Estado —y en la conducta de algunos malos empresarios privados— nos limita a enfocamos en el impacto inmediato que causan los escándalos de casos y cosas descubiertos.

De ser cierta esa afirmación, estaríamos equivocando su trascendencia al limitar la atención a las novedades descubiertas. Lo cierto es que muchas instituciones que organizan y dan vida a nuestro sistema de gobierno han sido sacudidas en sus raíces gracias al mandato popular de mayo pasado, recogido por un resuelto periodismo investigativo y presionado por una sostenida opinión pública. Todo ello dentro de un ambiente pacífico, sin violencias ni estridencias, que demuestra la madurez del pueblo que espera pacientemente los resultados de la justicia.

Nunca antes magistrados, diputados, fiscales y funcionarios de cualquier rango habían sido formalmente cuestionados ante la Ley; sus actuaciones están como nunca sujetas al abierto escrutinio público. No le es permitido a nadie escapar a la administración de justicia, incluyendo las empresas y sus compinches que han hecho negocios cuestionables con el Estado para lograr beneficios desmedidos a costa de los impuestos que todos pagamos.

Coincide esta semana con la apertura de un proceso inédito de investigación formal del expresidente Ricardo Martinelli, bajo indicios de corrupción cometida, alentada o permitida durante el ejercicio de sus funciones públicas. Qué ironía que eso ocurra exactamente a un año cuando fue sorprendido al perder estrepitosamente las últimas elecciones presidenciales. Es cierto que la historia registra el juzgamiento por la Asamblea Nacional de otros presidentes por delitos políticos —Arnulfo Arias, José Ramón Guizado, Marco Aurelio Robles, Eric Del Valle— acusados de actividades violatorias de sus deberes constitucionales; y más recientemente otro —el expresidente Ernesto Pérez Balladares— sometido a un vergonzoso sainete judicial evidentemente dirigido desde afuera y movido por intereses políticos. Pero esta vez la acusación, que está por probarse, apuntaría a un entramado organizado ex profeso para propiciar la corrupción desde al alto cargo público.

Por otro lado, se ha iniciado un proceso similar contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, también por corrupción en el ejercicio de sus funciones judiciales y otros delitos en actividades de su vida personal. Sumado al caso del confeso exmagistrado Moncada Luna, el velo de secretismo y misterio que ha cubierto las íntimas actuaciones de los miembros de esa Corte ha sido rasgado.

Las investigaciones no se han limitado y abarcan también a diputados de la Asamblea Nacional, cuestionados por el uso indebido de fondos públicos en beneficio de sus campañas proselitistas o en beneficio personal. También la opinión pública exige a todos los funcionarios el cumplimiento del Código de Ética que rechaza el nombramiento de parentelas en las instituciones públicas que dirigen, cuando la relación de familia sea la única razón para privilegiar la designación a cargos públicos.

El mérito por toda la novedad lo tiene el pueblo que votó hace un año. Basta pensar cuán distinta habría sido nuestra realidad si el resultado hubiese sido otro. El mensaje a las autoridades electas fue tajante y claro. La inteligencia y los valores del votante permitieron que ahora revivan las instituciones que habían sido abusadas. Para nuestro futuro, eso es lo importante, no los escándalos del día.

EXDIPUTADA