Leyes de Prensa amparan abusos de poder

Observando el video de YouTube del 1 de mayo en Ecuador, cuando el presidente Correa paró su caravana para bajar de su automóvil e increpar a un adolescente que le había hecho un gesto obsceno, me hizo recordar al filósofo inglés John Locke: ‘Las acciones de un hombre interpretan sus pensamientos'. Para el joven, su conducta fue una manifestación de su descontento con el Gobierno o el presidente; para Correa, fue un reflejo de su autoritarismo manifiesto que no permite disidencia.

La acción del presidente Correa no es un hecho aislado. Este tipo de reacciones se suma a una serie de actos de prepotencia en contra de cualquier persona que critique al presidente o a su programa de Gobierno. Para los medios de comunicación esto se traduce en amenazas de clausuras, encarcelamiento, multas y escarnio público. Pero también los ciudadanos se ven obligados a autocensurarse y limitar sus opiniones en las redes sociales, ante las amenazas, incluso, contra su integridad física.

El pasado 25 de enero, unas horas después de que el presidente Rafael Correa declaraba que ‘quedaba organizada la batalla por la dignidad y por la verdad en las redes sociales', a través de la plataforma online progubernamental, Somosmas.ec, los tuiteros y críticos con el Gobierno en redes sociales aparecieron identificados con nombres, apellidos y fotografías, y recibieron múltiples insultos y amenazas.

En Ecuador, todo esto se hace bajo el amparo de la Ley Orgánica de Comunicación, que incluye una Ley de Prensa, considerada una de las más estrictas de América Latina, debido a que define la comunicación como un servicio público, o sea que el Estado es el titular, en lugar de ser considerado como un derecho universal.

La Ley no solo asfixia a los medios de comunicación, sino que también criminaliza las protestas sociales. Por ejemplo, cuando los líderes estudiantiles han salido a la calle, a demandar sus derechos ciudadanos, han sido recibidos con represión, detenciones y sanciones; aplicándoles siempre el pretexto de injurias contra el presidente de la República.

La mejor ley de prensa es la que no existe, porque aunque la intención original haya sido el proteger derechos ciudadanos, siempre se conviertan en herramientas para el control estatal de la información.

En Estados Unidos, cuando sus fundadores escribían la Carta Fundamental, establecieron la prohibición al Congreso de promulgar leyes que coarten la libertad de expresión o de la prensa: ‘El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de religión, o prohibiendo el ejercicio libre de la misma; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa; o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al Gobierno la reparación de agravios'. 1ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

El ejemplo de Ecuador y la actuación del presidente Correa, así como la de otros Gobiernos latinoamericanos con leyes de prensa que coartan la libertad de expresión, son: incompatibles con los estándares internacionales de los DDHH, refuerzan la retórica de que la única voz que se puede escuchar es la de ellos y dejan al descubierto la vulnerabilidad de la Sociedad y sus ciudadanos; frente a leyes opresivas que impiden el libre flujo de la información y que dejan impunes los abusos del Poder.

*EX-CEO DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP).