Avances y tareas pendientes: sistema corruptor vs. nueva Constitución

¡Gracias a Dios! y a la inquebrantable voluntad ciudadana, vivimos tiempos inéditos, en el combate a la corrupción. Principalmente por el periodismo investigativo, la iniciativa ciudadana y la labor del Ministerio Público y la CGR. Hasta ahora se ha avanzado y/o logrado: la renuncia de dos magistrados, uno confeso y condenado y el otro que renunció antes de su inminente enjuiciamiento; se han aplicado medidas cautelares, a un exvicepresidente, a ocho exministros, otros altos exfuncionarios y varios ‘prominentes' empresarios; y la denuncia contra 15 entidades bancarias, presuntamente vinculadas en transacciones ‘facilitadoras' del lavado de millones de balboas.

Pero, estos avances son tan solo los primeros pasos. La gran mayoría de estos procesos, apenas inician y, por las características de nuestro sistema de justicia, podrían demorar años. Además, hasta ahora, solo visualizamos la punta del ‘iceberg'. Pues, durante la Administración Martinelli, los malos ejemplos y las ‘malas prácticas' se multiplicaban en los niveles intermedios de la administración pública. Por ello, tomando en consideración que: varios cientos de altos funcionarios ejercían cargos de mando, jurisdicción y manejo en áreas administrativas, presupuestarias y financieras; que la ejecución del presupuesto quinquenal solo en inversiones fue de B/15 339.5 millones; y que la discrecionalidad facilitaba el tráfico de influencias para el negociado de licencias, contrataciones, adendas, concesiones, ‘legalizaciones' de tierras y mucho más; el asalto a la hacienda pública, tendría dimensiones inconmensurables, que por su gran magnitud aún no se puede medir.

Lamentablemente, el marco jurídico de este Sistema Corruptor, aún permanece intacto. Su origen está en la Constitución Política, que fortalece el presidencialismo y una administración de Gobierno centralizada, que explota el clientelismo y la ineficiencia, para provecho de los corruptos y corruptores. Este presidencialismo fue el instrumento que utilizó la Administración Martinelli, para demoler la institucionalidad democrática y para imponer este Sistema Corruptor; a través del PAN y sus ‘facilidades' para la contratación, las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley del Blindaje para los diputados, entre otras. Esta ‘asociación ilícita para delinquir' que se fue articulando desde el primer día, logró el innoble propósito de generalizar la corrupción. Hoy, la mayor amenaza de este Sistema Corruptor, es que permanece vigente y operativo; cual serpiente al acecho, como la hidra mitológica de nueve cabezas.

Frente a lo anterior, el presidente Varela ha reiterado su compromiso de adecentar la política y la administración pública. Pero, algunos de sus más allegados colaboradores, lo contradicen con acciones que ponen en duda su palabra y envían señales contradictorias a la sociedad. Por ejemplo: el incumplimiento de la ley, por altos funcionarios, al no presentar su declaración patrimonial de bienes; los casos de nepotismo; las cuantiosas contrataciones directas a un solo proveedor en el IMA; el pago de B/ siete millones a Cobranzas del Istmo; la demora en formalizar denuncias en casos emblemáticos en el MOP, el MINSA, el MIVI; la lentitud o el ‘olvido' que hasta ahora deja de lado los escándalos, en las Autoridades de Turismo, Transporte, Administración de Tierras, Aseo Urbano y Domiciliario; la ‘justicia selectiva' que favorece a algunos y otros muchos hechos.

En este marco, las dimensiones abismales de la corrupción institucionalizada, generada por el Sistema Corruptor y el presidencialismo, han quebrantado el contrato social contenido en la actual Constitución. Por ello, el descrédito y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades, los órganos del Estado, sus instituciones y los partidos políticos.

Precisamente, este escenario de corrupción, impunidad, doble discurso, malos ejemplos, despilfarro y apropiación de lo público, en ‘beneficio' de lo privado, contrasta con la dureza de la vida cotidiana de la gran mayoría de los panameños, víctima de la iniquidad, por: falta de agua potable, educación y salud precarias, ineficiente recolección de la basura y transporte público, inseguridad ciudadana, bajos salarios, alto precio de los alimentos y medicinas, falta de apoyo a los productores agropecuarios, etc. Por ello, es impostergable un proceso constituyente originario, que desemboque en una nueva Constitución, para poner en valor su preámbulo: ‘Asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional'.

CIUDADANO INDEPENDIENTE Y ECONOMISTA.