Un año “Humanizándonos”... Una opinión

Quince meses llevamos sometidos a un bombardeo informativo ininterrumpido, centrado en la vorágine de corrupción del Gobierno anterior; las promesas de auditorías forenses integrales, a los megaproyectos, al Seguro Social y al Ministerio de Salud; quedaron en eso, en promesas electoreras, hechas para captar votos. Sin embargo, hace poco el Ing. Sáenz Llorens y el Lic. De Souza, exdirector y exsubdirector del Seguro Social, respectivamente, fueron indagados por una probable lesión patrimonial superior a los 600 000 dólares, relacionada con el alquiler de unos locales comerciales que servirían para trasladar algunos servicios de la Policlínica J. J. Vallarino, pero jamás fueron ocupados. Los hallazgos constan en un informe especial de auditoría que en parte fue la base para que la Fiscalía Tercera Anticorrupción formalizara una investigación penal.

El director general fue notificado formalmente, aunque de oficio debió proceder, para que la institución se constituyera en querellante oficioso dentro del proceso, lo cual le permitiría aportar elementos adicionales de carácter probatorio, pero el exhorto fue ignorado; sin embargo, a pesar de su conocimiento, el Dr. Girón no solo ignora su deber de probidad administrativa, sino que, inexplicablemente, promueve y obtiene por su voluntaria omisión prorrogar la felonía mediante una adenda al citado contrato, en flagrante desconocimiento de que el mismo es objeto de una investigación criminal. Adenda dirigida al propósito de sanear y modificar el término de preaviso para dar por terminado el contrato; mismo que continúa vigente, en claro perjuicio del patrimonio institucional.

Inexplicablemente, los hechos parecieran reflejar deficiencias, no solo éticas de probidad administrativa, sino elementales principios en cuanto a la asesoría jurídica o desconocimiento de normas básicas de control y aseguramiento, que establecen claras disposiciones relativas a la retención de pagos hasta tanto se concluyan investigaciones en curso, en la Dirección Nacional de Auditoría, lo que garantizaría la debida custodia del patrimonio institucional. Bastaría revisar el texto del contrato adjudicado el 16 de noviembre del 2010, concerniente al diseño, implementación y gestión de la cadena de suministros de los centros hospitalarios y sanitarios de la Caja de Seguro Social, por una suma superior a los 4 millones de dólares, para advertir claras desventajas contractuales para la Caja de Seguro Social; como si el texto hubiera sido redactado, unilateralmente, por la empresa favorecida.

Desafortunadamente existen otros tantos casos, como ocurre con el Informe Especial de Auditoría sobre el Proyecto Ciudad Hospitalaria, contentivo de una serie de ‘hallazgos ' que constituyen indicios consistentes de actos de corrupción. E incluso otros, como el referente a la Fianza de Cumplimiento por una empresa aseguradora para garantizar obligaciones contraídas con un Consorcio responsable del diseño de planos finales, especificaciones técnicas y construcción de un nuevo estacionamiento y módulo de oficina ubicados en Clayton, contrato que ascendía a poco menos de tres millones de dólares. Expedientes que parecieran haber caído en algún hoyo negro jurídico, pues continúan sin ser definidos.

Felizmente la Contraloría rechazó la ridícula y dilapidadora iniciativa de pagar baratijas para promover el lema ‘Humanizándonos '. Rehúso aceptar que el Ejecutivo no se haya percatado de la extremada incompetencia del Sr. Girón y de su equipo, que parecieran más interesados en acabar de desmantelar la institución que en proteger el patrimonio administrativo pensional y servirle a los derecho-habientes. De no ser el caso, debería exigir que le presenten el escenario real, antes que la debacle deje solo el nombre de la institución, en hora buena, fundada por el Dr. Arnulfo Arias M. Mañana podría ser demasiado tarde... ¿Ud. qué opina?

MÉDICO