25 de Feb de 2020

Daniel Delgado-Diamante

Columnistas

La migración en el desarrollo del país

En múltiples ocasiones nos han criticado por no sugerir, en nuestros artículos, propuestas para resolver los diversos problemas

En múltiples ocasiones nos han criticado por no sugerir, en nuestros artículos, propuestas para resolver los diversos problemas que abordamos sobre las gestiones gubernamentales. La mayoría de la gente piensa que hay que proponer cambios en la Constitución Nacional o recomendar nuevas legislaciones, pensando que al hacerlo se logran mejores resultados.

Las leyes por sí solas no resuelven los problemas de las relaciones sociales de los particulares o de estos con el Gobierno de turno. Se necesitan funcionarios responsables aplicándolas de manera efectiva, conforme a Derecho y en el marco del Desarrollo Humano. Se podrán tener las mejores leyes, pero a veces se nombran funcionarios incompetentes. También sucede lo contrario. Solo los resultados dirán si son las leyes o los hombres los que fallan.

Todas las proyecciones políticas, económicas, sociales e internacionales del Gobierno requieren de condiciones de seguridad para su realización. La democracia debe asegurar ambientes de seguridad pública para garantizar dicho desarrollo. Ambos conceptos son interdependientes, como dos caras de una misma moneda.

La criminalidad trasciende las fronteras de los países. Las aperturas de mercados laborales han producido masivos movimientos migratorios regionales ilegales. Resulta indispensable contar con una Política Migratoria que propugne que los controles ejercidos tendrán como objetivo primordial que tanto nacionales como extranjeros, que optan por invertir y vivir aquí, se sientan razonablemente seguros ellos y sus familias.

La histórica función del Servicio Nacional de Migración (SMN) de aprobar visas y resolver la permanencia ilegal de extranjeros en nuestro país abrió paso a una de garantizar el equilibrio entre la facilitación del ingreso de inversionistas, turistas y profesionales que contribuyan al desarrollo científico-técnico de los panameños y limitar el ingreso de personas que pongan en riesgo la seguridad del país, tales como delincuentes y sicarios. Es cierto que Panamá es un país de servicios y crisol de razas, pero ello no implica permitir la entrada indiscriminada de personas y su permanencia aquí, sin tener la certeza de su conducta en sus países de origen.

Los servicios de Migración están diseñados para controlar las entradas y salidas de las migraciones internacionales, en recintos migratorios y pasos aduaneros del país. Se busca evitar que personas indeseables ingresen legal o ilegalmente y permanezcan en nuestro territorio. Es una misión compleja de seguridad, que requiere cooperación internacional con bancos de datos sobre delincuentes en sus países de origen; evitando discrecionalidad al aplicar las regulaciones; estableciendo mecanismos y reglas claras; garantizando transparencia y trato igualitario para todos los migrantes, con una adecuada y profesional estructura organizativa, para el control de los visados, movimientos y permanencia de extranjeros en Panamá y, esencialmente evitando que la corrupción penetre los organismos de seguridad.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), a través de la Comisión de Derecho Migratorio, ha sido muy claro al expresar su posición sobre la problemática actual de las migraciones hacia nuestro país, enfatizando la necesidad urgente de que el Gobierno nacional adopte una POLÍTICA MIGRATORIA como un tema de Estado, acorde con la realidad que vivimos y que perdure varios períodos gubernamentales. Esto debe asegurar el respeto de las competencias entre las autoridades responsables del Control Territorial, que actúen con esfuerzo interinstitucional y armónica colaboración.

Ello no será posible sin una clara definición de los requerimientos de los tipos de extranjeros a ser favorecidos, por ejemplo, si es laboral, qué tipo de trabajadores necesitamos; si es turismo, cuáles serían sus requisitos; etc. Vital importancia tiene la transferencia de tecnologías y conocimientos de dichos extranjeros hacia los trabajadores panameños; los costos de la repatriación del personal ilegal extranjero y las responsabilidades de los empleadores en todo el sistema. De igual manera, definir y resolver los problemas del cobro del impuestos sobre la renta (IRS) y cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS) de quienes ya se encuentran en el sistema pero no pagan, por la complicidad de empresarios y malos funcionarios, tanto como por la debilidad en la aplicación de las normas legales.

Finalmente, ¿valdrá la pena promover la propuesta del anterior Gobierno que, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 871 de 14 de noviembre de 2012, dispuso unificar el Servicio Nacional de Migración (SNM) con la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) con una visión amplia del control territorial de Panamá? Su objetivo gravitaba en garantizar el desarrollo y funcionamiento de dos instituciones claves que contribuyen a mejorar el paso seguro de personas y mercancías, aprovechando la dimensión geográfica de nuestro país. De ello hablaremos en un próximo artículo.

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