27 de Feb de 2020

Andrés L. Guillén

Columnistas

Panamá (y la OCDE) al desnudo

La investigación, sin rango ni escrutinio oficial, fue hecha en secreto con archivos robados (anónimamente hasta ahora)

Las múltiples ramificaciones que han brotado por la reciente publicación (de dudosa legalidad) de los datos confidenciales de clientes internacionales de la firma forense Mossack Fonseca & Co., nos hacen perder de vista las distintas partes que conforman este embrollo: su divulgación, su motivación y sus efectos y consecuencias.

Su divulgación mundial, bajo el nombre de ‘Papeles de Panamá', forma parte de una cruzada moralista montada por el ‘Centro de Integridad Pública', a través del consorcio de periodistas investigativos que este centro alberga y financia desde Washington D.C.

La investigación, sin rango ni escrutinio oficial, fue hecha en secreto con archivos robados (anónimamente hasta ahora), adquiridos inicialmente por Süddeutsche Zeitung , un periódico alemán de centroizquierda, de gran circulación, asiduo colaborador de dicho centro.

Este ramillete de ilegalidades (un robo descarado de datos), de abuso al derecho a la privacidad, con un discurso moralista, titulado con malevolencia para perjudicar a todo un país, proviene de un centro financiado por filántropos que también se esconden tras fundaciones e instituciones privadas y anónimas. Todo esto desmerita su trabajo investigativo, por más premios que se hayan ganado a través de los años, porque iguala la inmoralidad de los supuestos actos delictivos que delatan.

¿Quién se beneficia con estas divulgaciones malévolas?

Aquí entra en juego otro equipo: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —un foro exclusivo de 34 países muy ricos que producen el 80 % del PNB mundial.

OCDE, en 2014 elaboró un acuerdo que pretende obligar a sus socios y no socios (como Panamá) a intercambiar anualmente información sobre cuentas financieras (depósitos bancarios, valores negociables, fondos de inversión, seguros y rentas) superiores a $250 000, sin el requerimiento expreso de autoridades fiscales extranjeras, como parte de una campaña montada desde 1998 contra lo que ellos consideran ‘paraísos fiscales y malas prácticas impositivas'.

Panamá actualmente se ampara bajo la modalidad de acuerdos de intercambio de información a pedido (EOIR – por sus siglas en inglés) y ha suscrito múltiples tratados bilaterales sobre dicho intercambio y para evitar la doble tributación, con países de OCDE.

Se debe aclarar que Panamá no se beneficia con estos arreglos, porque no requiere (ni le interesa) esa información de sus ciudadanos en el exterior, ya que su base impositiva de impuestos es territorial y no global.

Aún así, OCDE insiste ahora en que adoptemos su modelo de intercambio automático y que equiparemos nuestras normas de derecho fiscal y tributario a las suyas, sean o no de provecho para nuestro interés nacional.

Esta imposición, por un organismo al cual no pertenecemos, invita a que se ignore nuestro destino manifiesto como plataforma de servicios y centro logístico, derecho otorgado por nuestra posición geográfica y vocación liberal.

Su centro bancario, modesto y pequeño comparado con los de OCDE; sus proveedores de servicios corporativos panameños, centrados en nuestro Registro Público (que solo permiten acciones al portador bajo custodia), minúsculo en términos globales; y su sistema tributario territorial son decisiones soberanas que no pueden ser negociables ni sujetas a la conveniencia de OCDE.

ECONOMISTA Y EXDIPLOMÁTICO.