Voté ‘no' y no me arrepiento

Con un trabajo culminado con rotundo éxito que es nuestro orgullo, como la ampliación del Canal, se han escuchado voces que demonizan el voto ‘No ' en el referéndum que la aprobó en 2006. Considero supremamente injusta esa acusación por todas las circunstancias que en su oportunidad rodearon esa consulta y resulta muy cómodo hoy lanzar opiniones que, en realidad, se antojan arbitrarias e infundadas.

Ubiquémonos en el 2006, cuando se desarrolló el proceso. El Gobierno propició un debate abierto y libre. Las cifras anunciadas por el Tribunal Electoral (TE), que lo administró, indicaron que el ‘Sí ' logró cerca del 77 % de los votos emitidos, mientras que el ‘No ' obtuvo solo algo menos del 22 %; la aprobación fue rotunda y nunca fue cuestionada. Fue un ejercicio auténticamente democrático que se desarrolló en orden y en paz y sus resultados se dieron a conocer apenas unas horas después de cerradas las votaciones.

Pero —siempre hay un ‘pero '— fue decepcionante conocer que solo el 43 % de los votantes habilitados acudió ese domingo a ejercer su derecho al voto o, mejor dicho, a cumplir con su deber ciudadano de concurrir y aportar en una decisión tan importante para el futuro del país. Solo 924 029 ciudadanos fuimos a votar; el resto, en exceso de 1 000 000 de panameños, optó por desoir el llamado de la patria y escogió dedicarse a otras actividades ese día. Esa resulta ser la primera censura a considerar, si de calificar actitudes ciudadanas de ese día se trata.

Un segundo elemento que pesó en el ánimo de muchas personas que así lo manifestaron sin ambages, fue el costo estimado del proyecto. Si bien la cifra de US$5250 millones parece ser hoy de manejo común que no nos asombra, hace diez años la situación era muy diferente. Recordemos que los ingresos del Estado, incorporados al Presupuesto Nacional de ese año, que me correspondió aprobar como diputada, apenas excedían los US$6700 millones, mientras que la deuda externa rondaba los US$7200 millones. Se cae de su peso, por elemental preocupación patriótica, que el hecho de añadir tantos millones de dólares a la deuda pública no era algo para tomarse muy a la ligera sin un profundo análisis que nos llevara a la fundada convicción de que era el camino adecuado y con riesgos manejables. Se trataba de casi duplicarla.

Un tercer elemento, también esgrimido por quienes nos oponíamos, fue el temor a los sobrecostos no despreciables que se habían reportado, como hechos ordinarios y naturales en obras de similar envergadura en otros lares. Se citaba un túnel en Boston, una megaestructura en los países escandinavos, un aeropuerto en Hong Kong, inclusive en la construcción del actual canal panameño a principios del siglo pasado. No se trataba de cargos injustificados o pagos ilegítimos, sino de costos fuera de la previsión o del control de los constructores, imposibles de predecir a ciencia cierta desde las mesas de diseño y elaboración de planos, detalles y especificaciones.

Nos opusimos, no al hecho de acometer la tarea de la ampliación, pues nos resultaba razonable pensar que, luego de cien años de operación ininterrumpida y una actividad marítima cada vez más creciente con barcos más grandes, nuestra vía interoceánica exigía su modernización para mantenerla eficiente y competitiva. Nuestra pregunta era si no resultaba factible profundizar los estudios y análisis para dar el paso crucial con todas las interrogantes y todos los elementos de juicio resueltos favorablemente.

Que hoy la felicidad haya demostrado que fuimos demasiado cautelosos: ¡aleluya! No tenemos que avergonzarnos por nada ni ante nadie: en nuestra democracia fue nuestro derecho.

EXDIPUTADA