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24 de Nov de 2020

Berna D. Calvit

Columnistas

Negocios con anteojeras

En inspecciones realizadas ya se observan efectos perjudiciales a la cuenca del canal y el brazo de agua que alimenta al lago Miraflores

Si digo que quedé ‘abismada ' no me atengo al Diccionario de la Real Academia (DRAE), que define la palabra como adjetivo. ‘Dicho de una persona, de su expresión, de su gesto, etc.: Ensimismado, reconcentrado '. No. Lo digo con sentido a lo panameño: ‘quedé boquiabierta '. Así quedé cuando, después de leer el artículo ‘El uso más colectivo y un plan de desarrollo nacional' del sociólogo, Marco A. Gandásegui hijo ( La Estrella de Panamá 15/9/2016), busqué detalles sobre la subasta de 5.8 hectáreas en 2013, durante el Gobierno Martinelli, anunciadas por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) como ‘estratégica propiedad ubicada en las riberas del Canal de Panamá '. North Properties ganó la subasta con oferta de $3.2 millones ( La Prensa 11/2/2014).

¿Quiere decir que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no puede decir ni pío porque quien dispone de las tierras en las riberas del canal es la agencia de bienes raíces estatal UABR? En el Gobierno anterior la Autoridad Nacional de Ambiente (hoy ministerio) aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA), pero en el expediente de la empresa compradora de la tierra no aparece que se haya consultado a la ACP.

¿Cómo puede entenderse que la ACP no se enterara de la venta de un terreno en área que afecta esa joya preciada que cacareamos con justificado orgullo? ¡Se enteraron gracias a los medios! Si la ACP no supo de la venta pero sí de la deforestación en 2014 y de las afectaciones ¿por qué el 29/1/2015 la junta directiva premia a la empresa con permiso de compatibilidad?

Cuando leí que la directora de la Región Metropolitana de Ambiente, señora Bajura, dice que ‘El incumplimiento reiterado de la normativa ambiental no es causal de revocatoria de un estudio de impacto ambiental (EIA) ', me llegó ‘la luz del entendimiento '; es que con semejante criterio algunos constructores hacen lo que les viene en gana con los EIA y afectan negativamente suelos, aguas, barriadas y personas.

Aquí un paréntesis: ejemplo fresco es la torre La Scala, construida ‘a la brava ' en una minicalle con viviendas unifamiliares; desde el principio encontró dura y organizada oposición pero ignorando demandas, denuncias y piqueteos confiaron en que al final ‘lo hecho, hecho está y así se queda '. Recientemente la Corte Suprema de Justicia falló en contra de los EIA de La Scala y ahora los promotores intentan ignorar el fallo superior y justo. Es decir que un EIA que incumple, es defectuoso o deliberadamente falseado, sí se puede derogar. Lamentable que los que compraron se vean perjudicados, pero a quienes deben reclamar, por razones obvias, es a los promotores.

Sobre la declaración de Bajura, el incumplimiento de los EIA, amerita examinar a fondo lo del incumplimiento porque ‘por encimita ' parece facilitar delitos ambientales. Además, una ridícula multa de 7 centavos por metro cuadrado deforestado significa $3755, ‘del lobo, un pelo '. Y eso que ‘sin querer queriendo ' se fueron 2.5 hectáreas más que las 5.8 que les corresponden. Que hayan sobrepasado la finca original, que devastaran el área y depositaran desechos en lugares inadecuados (humedal adyacente al río Caimito) debería ser suficiente para que la ACP proceda contra los responsables, que a mi juicio, incluye a UABR, Ministerio de Ambiente y, por supuesto, North Properties.

En inspecciones realizadas ya se observan efectos perjudiciales a la cuenca del canal y el brazo de agua que alimenta al lago Miraflores. Estando, como quien dice, ‘de la pestaña al ojo ', sigo sin entender que todo esto haya pasado sin ser advertido por la ACP. Tal parece que en asuntos que conciernen a la seguridad y funcionamiento de nuestro preciado canal no existe la comunicación absolutamente necesaria entre todas las entidades de Gobierno para que estos fallos no ocurran.

¿El ministerio de Comercio e Industrias tampoco se comunica con la ACP cuando una empresa solicita permisos para negocios en la vecindad canalera? ¿Nadie habla con nadie? La Ley 21 de 1997, ‘Plan General y Regional de uso de suelos en las áreas revertidas ', señala que se debe notificar a la ACP el tipo de actividad en áreas compatibles con las operaciones del canal y dentro de la cuenca hidrográfica.

Señores de la ACP: Ustedes ‘no están pintados en la pared '. Todo este asunto me deja la impresión de que cada entidad funciona con anteojeras (como las que les ponen a los caballos de carrera).

Según Gandásegui, a Washington le preocupa ‘asegurar que el régimen de agua para el funcionamiento del Canal no corra riesgos '; con tal fin ‘mantienen estrecha vigilancia sobre sus actividades '; y ‘desde hace 20 años creó varias organizaciones que vigilan la cuenca del canal y coordinan con la ACP '. Si ya el Gobierno norteamericano nos asfixia con los misterios Waked-Lista Clinton, y nos vapulea con los líos de Mossack & Fonseca, rehúso usar el otro nombre, es indignante y de ñapa, que ahora los Stiglitz le están sacando brillo para su provecho ‘académico ', cuidado nos salen con un ‘Panama Canal Papers ' y nos imponen más sanciones. Al final, vale citar las palabras de Omar Torrijos en 1977: recuperar el Canal y la Zona del Canal para ‘el uso más colectivo posible '. Como debería ser.

COMUNICADORA SOCIAL.