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26 de Oct de 2020

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Genaro López

Columnistas

¿A dónde van el país y Varela?

A casi tres años de Gobierno de Varela, el MEF ha reconocido que el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2016 tiene un 36 % de ejecución

A casi tres años de Gobierno de Varela, el MEF ha reconocido que el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2016 tiene un 36 % de ejecución en términos del programa de inversión del quinquenio. Más allá de lo lento que para algunos resulta, la mayoría de los panameños cuestiona el hecho por la falta de efectividad en la atención de las demandas sociales. Los problemas de salud, educación, acceso a agua potable, infraestructura vial y transporte persisten.

El descenso de las proyecciones del crecimiento económico para el 2016, que era un secreto a voces, finalmente es reconocido por el MEF. Sin embargo, la preocupación del pueblo sigue estando dirigida a cuestionar ‘quiénes se quedaron con el crecimiento'. Desde Frenadeso hemos sido claros al señalar que el crecimiento económico sigue siendo concentrado en pocas manos (115 ultramillonarios), regiones y actividades económicas, con lo cual se marca la exclusión social. Preocupa la continuidad en el desmantelamiento del sector agropecuario, donde más de 35 000 hectáreas de producción de alimentos han desaparecido y unos 2000 productores, lo que es evidencia de que la política pública no camina hacia la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.

En el plano laboral, el modelo de crecimiento da cuenta de precariedad. En el último año se registran más de 25 717 personas que ingresaron en la informalidad laboral; el 43 % de los ocupados devenga salario mínimo y el 17 % de los asalariados vive en condiciones de pobreza. En los indicadores del mercado de trabajo, se observan disparidades considerables entre hombres y mujeres, que apuntalan e incrementan las desigualdades, así el desempleo en las mujeres panameñas es más alto (6.2 % a 4.2 %). En medio de ello, trabajadores afiliados en Sitraivana en Bocas del Toro (Changuinola), se vieron en la necesidad de abocarse a un paro de labores en 21 fincas de producción de banano, debido a la actitud intransigente de administrativos de la empresa Chiquita Panamá.

Los problemas en las comunidades se acentúan sin que se dé respuesta concreta por parte de las autoridades (falta de agua potable, aguas servidas, recolección de basura, ineficiencia del transporte público). A nivel de las áreas campesinas e indígenas la lucha por el ambiente sano es permanente, ante la imposición de proyectos depredadores que solo benefician a las grandes corporaciones mineras e hidroeléctricas.

La subjetividad en las prioridades del quehacer público se mantiene. Mientras miles de educadores aún no logran cobrar más de 15 quincenas, el Gobierno de Varela destina 50 000 dólares mensuales a lavar la ‘marca país' a nivel internacional ante los escándalos de Panama Papers (Mossack&Fonseca).

La crisis institucional continúa y se profundiza. El cuestionamiento a los tres órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), es prueba del estado en el que vive la nación panameña. La galopante corrupción, la justicia selectiva, la información mediática, que sirven a corruptos y corruptores. Mientras tanto, el proyecto de reformas electorales en la Asamblea Nacional asigna 95 % del financiamiento público electoral a los partidos tradicionales y amplía el compás del financiamiento privado exorbitante para que predomine en las elecciones del 2019 el clientelismo político y la intromisión de dinero de fuentes ilícitas.

En medio de ello Varela y De Saint Malo viajan a Alemania, entre otras cosas para armonizar las exigencias frente al escándalo de Mossack-Fonseca.

El pueblo panameño se pregunta ‘¿a dónde van el país y Varela?'. Todo parece indicar que, el país al despeñadero y Varela, a su cuarenta y tanto viaje.

Enfrentar la injusticia que vive el pueblo panameños ante un Estado que cada vez expresa más su condición de Estado Fallido, es el reto. El pueblo exige justicia, atención a las demandas de los sectores populares que se enmarcan en la atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este estado de situación exige actuar sobre la realidad y cambiarla. Urgente resulta organizarnos para autoconvocar a una Constituyente Originaria con plenos poderes.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.