La ACP, el puerto de Corozal y Panamá

A la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, no solo le corresponde, por Constitución nacional, administrar, mantener y conservar los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica, conforme sus normas, sino que debe cumplir con el ordenamiento jurídico de nuestro país; pero los directivos de la ACP, miembros de su Junta Directiva, administradores y otros funcionarios, se han dado a la tarea, hace años, de desconocer nuestras normas ambientales y de ordenamiento territorial, así como sus mismas normas internas, lo que está impactando en forma muy negativa en las comunidades y en el mismo Canal.

Ello es así porque han otorgado compatibilidad a diferentes actividades en la cuenca del Canal y en el área de operación del mismo, que están prohibidas por las normas, con el fin de preservar el Canal y el ambiente, pruebas las tenemos en las compatibilidades otorgadas a las enormes canteras en el Alto Chagres, donde está la toma de agua potable de Panamá y Colón, de los estacionamientos de la Corte Suprema, donde el dueño de la empresa constructora era el presidente de la Comisión de Compatibilidad de la ACP y el Proyecto Cárdenas Center, construido en un área inundable y otros como el caso actual de deforestación en el área de operación del Canal, contiguo al lago Miraflores.

El daño a toda la cuenca del Canal, sobre todo al agua potable, de continuar esta situación, es sumamente grave y peligroso para las comunidades del área del Canal y todos los panameños, si tenemos en cuenta que los directivos del Canal de Panamá, amparándose en su autonomía total, que en realidad no existe, deciden a su discreción sobre el Canal y sus áreas, hasta permitir que naves con cargas radioactivas pasen por el Canal, lo que está prohibido en el canal de Suez, porque no tienen seguro y en el Cono Sur, Uruguay y Argentina, emitieron leyes para prohibir este tráfico, ello es considerado el peligro ambiental más crítico en toda América Latina en este momento, porque un atentado o accidente pueden desencadenar una catástrofe.

La ACP y su Junta Directiva deciden sin consultar a los ciudadanos, ello está demostrado en muchos casos y últimamente en lo concerniente al nuevo puerto de Corozal, donde emitieron una Resolución de Junta Directiva para adelantar dicho puerto y aprueban ellos mismos los estudios ambientales, sin cumplir con las normas panameñas y donde la comunidad entera está invocando una participación y consideración de sus derechos, que son negados totalmente, mediante un Estudio de Impacto Ambiental que controla y aprueba la misma ACP, de solo Categoría II, cuando el EIA del puerto de Balboa, contiguo, fue de Categoría III, que no considera la influencia directa del mismo a la comunidad de Diablo y otras aledañas, cuando todos los puertos del mundo establecen un área de influencia directa contiguo al mismo y descartando otros lugares para desarrollar un puerto, incumpliendo con las normas panameñas aplicables sobre la materia. Todo ello y más fue constatado en el foro reciente del Colegio Nacional de Abogados sobre el pretendido puerto de Corozal y las denuncias de las asociaciones de la comunidad.

El Canal es parte de nuestro territorio soberano, por el Canal luchamos los panameños y derramaron su sangre los mártires, en mi caso asistimos al entierro de los mártires del 9 de Enero y junto a muchos jóvenes en dichos momentos nos comprometimos a honrar sus luchas y memoria y por ello somos hoy junto a otros panameños y sus organizaciones, como la Asociación de Comunidades del Área del Canal y la Asociación de la Comunidad de Diablo, verdaderos y celosos guardianes de toda su cuenca, contrario a los actuales directivos de la ACP, que hemos denunciado por criminales ambientales en múltiples ocasiones, por lo tanto no tienen credibilidad alguna y menos responden a intereses nacionales.

Por lo expresado, exigimos la legítima y representativa participación de todos los panameños en todos los proyectos de la ACP, en especial de las comunidades asentadas en el área del Canal, con el fin de lograr el respeto del ordenamiento jurídico nacional, en particular las normas ambientales, de salud y de ordenamiento territorial, establecidas para proteger la dimensión ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos o, de lo contrario, no tendremos otra vía que luchar con los ciudadanos y sus organizaciones, a nivel nacional e internacional, por el tiempo que sea necesario, para detener a los criminales ambientales que atentan contra la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos, para lo cual convocamos a todos los panameños y sus organizaciones.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHO AMBIENTAL.