Entre la auditoría y la decisión: lo que el Informe 03 realmente revela

El regreso del debate sobre la minería metálica al centro de la conversación nacional obliga a revisar con atención los informes de auditoría integral del proyecto Cobre Panamá, en particular el Tercer Informe Mensual validado y entregado al país el 9 de enero. Aunque muchos esperaban encontrar en ese documento respuestas definitivas sobre el futuro de la mina, una lectura detenida muestra algo distinto: más que conclusiones, el informe construye el andamiaje técnico que permitirá sostener decisiones futuras, ya sea una eventual reapertura o un cierre definitivo.

El texto parte de una idea central: el Informe 03 no resuelve el debate, pero sí revela cómo el Estado se está preparando para enfrentarlo con respaldo técnico. En un contexto marcado por tensiones sociales, jurídicas y económicas, el gobierno parece apostar por un proceso que reduzca su exposición legal y fortalezca la base metodológica sobre la cual se tomarán decisiones de alto impacto.

Entre las principales conclusiones que sí se desprenden del informe está, en primer lugar, la ausencia de un veredicto técnico definitivo. El documento evita pronunciarse sobre el cumplimiento ambiental, legal u operativo del proyecto y repite que las observaciones continúan en análisis multidisciplinario. Esto indica que el diagnóstico aún está en construcción y que los resultados finales vendrán en etapas posteriores.

En segundo lugar, el informe deja claro que la auditoría es más compleja de lo que suele percibirse públicamente. No se limita a revisar impactos ambientales, sino que abarca componentes legales, laborales, tributarios, técnicos y de riesgos futuros, atravesando múltiples subprocesos de la operación minera. Este enfoque busca construir trazabilidad antes de emitir conclusiones que puedan ser cuestionadas.

Un tercer elemento relevante es la creación de una escala técnica de cumplimiento. Antes de determinar si la mina cumple o no con sus compromisos, el equipo auditor está definiendo cómo medir ese cumplimiento. Esta decisión metodológica busca evitar que el debate se reduzca a percepciones políticas y fortalecer la objetividad del proceso.

Asimismo, el informe reconoce que la evaluación se realiza en un contexto particular: la fase de “cuido y mantenimiento”. Esto implica que la operación no está funcionando plenamente, lo que limita la posibilidad de emitir conclusiones categóricas sobre impactos en condiciones normales de producción.

Otro aspecto clave es que los riesgos y pasivos ambientales aún no han sido cuantificados públicamente. Aunque se menciona que se están realizando análisis multivariables sobre temas sensibles como relaves y agua de contacto, todavía no existe una matriz clara que permita dimensionar los escenarios futuros.

En términos metodológicos, el documento intenta convertir apreciaciones cualitativas en indicadores cuantificables, construyendo una base técnica que resista el escrutinio político y judicial. Todo esto sugiere que la auditoría está diseñada más para sostener decisiones futuras que para anunciarlas en este momento.

Sin embargo, el informe también guarda silencios significativos. No establece si la mina cumple o no cumple con los compromisos del estudio de impacto ambiental, ni ofrece una valoración pública del nivel real de riesgo para el país. Tampoco aborda la capacidad institucional del Estado para supervisar un proyecto de esta magnitud a largo plazo, ni plantea escenarios sobre la viabilidad técnica de una reapertura.

Además, el documento evita entrar en la dimensión política del conflicto minero. Aunque construye metodología y estructura técnica, deja fuera el debate sobre legitimidad social que probablemente influirá en cualquier decisión final.

A partir de estas observaciones, la columna plantea que el mayor aporte del Informe 03 no está en sus conclusiones —porque todavía no las tiene— sino en el tipo de decisión que prepara. El Estado parece intentar un cambio de lógica: pasar del impulso político al expediente técnico, construyendo una base que permita justificar una decisión sin depender exclusivamente del clima de opinión.

El texto concluye que el verdadero debate ya no es solo si la mina debe reabrirse o cerrarse, sino si Panamá está desarrollando soberanía técnica para decidir su propio rumbo. La auditoría, en ese sentido, no solo mide riesgos ambientales; también refleja el grado de madurez institucional del país. El desenlace sobre Cobre Panamá, por tanto, podría convertirse en una prueba sobre la capacidad del Estado panameño para tomar decisiones estratégicas sustentadas en evidencia y no únicamente en presión inmediata.

Más allá de sus tablas y subprocesos, el Informe 03 muestra a un país que intenta transitar del eslogan al análisis técnico. El riesgo es que la técnica se convierta en refugio para postergar decisiones difíciles. La oportunidad, en cambio, es que sirva como base para una discusión más informada y menos polarizada.

El verdadero debate apenas comienza.