La suerte del Seguro Social

La institución que administra la seguridad social de este país ha recibido un soplo de aire fresco con el nombramiento de un nuevo profesional para dirigirla. Pero ese nuevo oxígeno en la cúspide de la institución no será suficiente, por sí solo, para enmendar los entuertos acumulados desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que se necesita una dirección firme y competente, también es necesario el respaldo político sólido y estable que respete su independencia y le permita la libertad indispensable para actuar como se espera para obtener resultados deseados.

Por eso es menester acabar con las influencias de políticos y de otros interesados en lograr privilegios a costa de los derechos inalienables de la masa de asegurados que hemos pagado, y pagamos, las contribuciones fijadas por ley. De lo contrario, luego de más de dos años perdidos por muchas razones, el aire fresco se podría ver también viciado para causar una nueva frustración a una población asegurada que ahora lo observamos todo con la esperanza de que los cambios surtirán, esta vez, el efecto anunciado.

No quiero pecar de pesimista o incrédula, pero las buenas intenciones no llegarán a nada sin la cooperación de los más de 30 000 funcionarios de la institución, entre médicos y administrativos; de los comerciantes que deben suplir las medicinas, insumos y equipos quirúrgicos necesarios para prevenir o curar enfermedades y para atender a tiempo las cirugías ordenadas; de planificadores competentes programen licitaciones, concursos de precios y compras para tener siempre a tiempo todo lo necesario para poder brindar servicios de primer mundo en todo el país y medicamentos. Y sobre todo, lograr el mayor respeto por las decisiones que, con criterio estrictamente técnico, tome la institución para reclutar y contratar a los mejores y más capacitados profesionales, técnicos y personal administrativo, quienes tengan una real vocación de servir a quienes, siendo más vulnerables, necesitan salud y seguridad.

Es un pecado el tiempo que se ha perdido desde hace mucho tiempo, especialmente en los dos últimos años. Pliegos de cargos sospechosos para licitaciones objetadas por Contraloría, ambulancias destartaladas o simplemente inoperantes, cirugías pospuestas o canceladas por falta de hilos o gasas, citas médicas canceladas o postergadas, costosas conferencias internacionales, hospitales o centros de salud a medio palo, esfuerzos propagandísticos ineficientes y burdos, realidad financiera desactualizada y sumida en el más absoluto misterio. En fin, lo que pareció ser una tormenta perfecta o, al menos, desorden administrativo sin planes ni metas claras.

El problema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte no tiene solución a corto plazo y no debemos esperarla porque requerirá la participación muy activa de todos los elementos de la sociedad que deberán aportar cada cual su grado de sacrificio. Ya viví esa crisis hace trece años como miembro de la Asamblea Nacional; como la reforma de 1990, fue también una solución temporal en espera de mayores análisis más confiables cifras que sirvan de base cierta para diagnosticar el tamaño real del problema. Esa solución tendrá que aguardar.

Las nuevas autoridades han identificado las deficiencias que pueden atenderse de inmediato: servicios de salud oportunos, sostenibilidad financiera de los programas que administra la entidad, mejorar la gestión institucional. Significaría insumos y medicinas a tiempo, cirugías cumplidas, terminación de infraestructuras no concluidas, inicio de esfuerzo por conocer la situación actuarial y financiera que garantice seguridad social para todos.

Esos logros de corto plazo brindarán una posición distinguida en la historia de la seguridad social a la nueva dirección y cierta esperanza a los asegurados de hoy y de mañana. No esperemos más en los próximos dos años.

EXDIPUTADA