12 de Ago de 2022

  • Abel Augusto Zamorano

Columnistas

Presupuesto judicial y democracia judicial

Autores vinculados al tema han construido herramientas analíticas

La Vista Presupuestaria, o sea la sustentación del presupuesto del Órgano Judicial ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, hace unas semanas atrás, ha originado encontradas opiniones; lo que nos ha motivado a escribir este artículo, que busca explicar la importancia del presupuesto para el Órgano Judicial.

Existe una relación directa entre el presupuesto que se dispone constitucionalmente para el Órgano Judicial y su democratización. No obstante, muchas veces es escaso el conocimiento que tenemos sobre las necesidades materiales del Poder Judicial frente a las crecientes urgencias que tiene que atender ante los reclamos del conglomerado social.

La democratización judicial tiene que ver con el acceso a la justicia y con la transparencia de las decisiones judiciales, las cuales deben ser cada vez más entendibles y humanas. Pero esta democratización no puede alcanzarse, sin una inversión intensiva en el Órgano Judicial. Para ello, conviene conocer las necesidades materiales y las urgencias propuestas por los cambios en lo social y lo jurídico a los que se enfrenta el Poder Judicial. Para ello es necesaria una reflexión, por lo menos preliminar, sobre el verdadero papel de lo judicial en la ponderación general de los parámetros de democracia que hoy se utilizan en diversos contextos.

Autores vinculados al tema han construido herramientas analíticas que analizan las dimensiones de calidad de la democracia en general, y subrayan, sin duda, que la dimensión del Estado de derecho es una de las más importantes. Dentro de ella destacan, sin duda, no solo la independencia judicial, sino también la garantía de un sistema de justicia moderno. Ambos elementos solo pueden ser comprendidos y alcanzados con una adecuada inversión social en la justicia.

Tal fue la comprensión de diversos programas y proyectos de desarrollo de la justicia en las Américas, a partir de los años ochenta, donde tuvo un papel muy importante el Informe Kissinger. Se analizó en aquellas épocas que no era posible garantizar un adecuado desarrollo económico, sin una superación de los evidentes problemas de Estado de derecho que enfrentaban las democracias en América Latina. Se propuso, quizás con demasiado entusiasmo, un primer acercamiento de reformas legales, principalmente procedimentales. Después, en la década de los años noventa, se comprendió la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, su independencia y su autonomía presupuestaria, pero por sobre todas las cosas, garantizar la integración de este poder de la República con personas idóneas y bien preparadas, lo que abrió la puerta para la discusión sobre la Carrera Judicial, basada en la formación, para superar ciertas visiones anquilosadas de la interpretación y aplicación, en aquel entonces profundamente entronizadas en las diversas jerarquías, pero, especialmente, en las Cortes Supremas de Justicia de la región.

Tales cambios copernicanos no podían venir exclusivamente de las reformas normativas ni siquiera de una reforma de las jerarquías judiciales o de la administración de la cuestión judicial, sino que se requería de intensa inversión en la justicia. Primero, vendrían las aportaciones de la cooperación internacional, luego las propias responsabilidades de los diversos Estados.

Esto no es un argumento arbitrario o pautado por los intereses específicos de los gremios judiciales, sino que es una simple comprobación de que el uso racional de un adecuado e idóneo presupuesto judicial constituye la base para asegurar el crecimiento de este poder de la República, así como la garantía básica de que sus servicios no estarán pautados por las crisis, sino por la esencia de un presupuesto que los caudales de la hacienda pública garantizan.

Es por lo anterior, que los presupuestos judiciales suelen ser garantizados constitucionalmente, en una suma específica del presupuesto de la República.

La Constitución panameña, al igual que las de Guatemala, Honduras, Paraguay y Costa Rica, prevén asignaciones específicas para el Poder Judicial, que van del 2 % al 6 % del presupuesto central total de gastos del Gobierno. No se trata, pues de un tema baladí o sin importancia en el contexto del Estado de derecho, es, en esencia, un indudable problema político que debe ser atendido de inmediato. Cuando se eleva a rango constitucional el presupuesto que debe asegurarse al Órgano Judicial, se fija con ello un deber de respeto a la autonomía del Poder Judicial. De otra manera, ¿qué garantía puede tener el ciudadano de que recibirá un fallo en justicia y equidad, que responda a criterios de calidad, eficiencia y efectividad?

Solo un presupuesto razonable, adecuadamente ejecutado y supervisado, permitirá garantizar la funcionalidad de la justicia. Esto implica, por supuesto, transparencia suficiente hacia la ciudadanía y los poderes públicos, para que esta ejecución presupuestaria responda a las necesidades y objetivos de la ciudadanía y del Estado de derecho.

Cuando se habla del presupuesto judicial, se suele olvidar que la calidad de los servicios depende de los recursos materiales y humanos disponibles para prestarlos. Una cantidad adecuada de jueces y juezas, auxiliares judiciales, equipos de apoyo, equipamiento e instalaciones, así como capacitación, preparación técnica adecuada, y una carrera judicial eficiente, son requisitos indispensables para construir un Poder Judicial del primer mundo. No es posible que el poder encargado de dar satisfacción a las pretensiones de justicia de la colectividad, no tenga la menor expectativa de contar con esos recursos, precisamente para garantizar el adecuado acceso a la justicia de sus ciudadanos.

Es entonces, por ello, que limitar o negar el presupuesto al Poder Judicial es una de las amenazas más graves a corto y mediano plazo que enfrentan las democracias en las Américas. Estos riesgos pueden exorcizarse de una manera relativamente fácil. Por una parte, los peligros de un Órgano Judicial que se enfrenta a los abusos del poder, no son tales, sino una forma discursiva en que los poderes públicos hoy observan con desconfianza y con recelo el trabajo de un Poder Judicial independiente, que bien se sabe es la base para una sólida democracia.

Por otro lado, tener un Poder Judicial famélico y sin capacidad de reacción es tan solo una forma de afectar las justas expectativas del colectivo social en una coyuntura que se hace cada vez más compleja.

La pérdida sostenida de estabilidad del Poder Judicial tiene que ver, no con un problema de la calidad de sus servicios, sino porque, los gobernantes no han contribuido en la solución a efectos de garantizar un presupuesto estable. Ya resulta sospechoso que no se mencione el presupuesto del Poder Judicial como una exigencia constitucional o como un deber del Estado para con la ciudadanía.

La conclusión evidente de lo sostenido hasta ahora es que, de continuar esta tendencia de la reducción de los presupuestos judiciales y el incumplimiento de los requerimientos constitucionales para su adecuado respaldo, se estaría poniendo en peligro un fundamento esencial de la democracia en nuestros pueblos de la América de José Martí; como lo es un Poder Judicial independiente y eficiente.

EL AUTOR ES PROFESOR TITULAR DE DERECHO PROCESAL Y MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.