Con gran respeto por los asuntos del Canal

Muchas veces, sobre todo últimamente, pareciera que olvidamos lo que ha significado y significa el Canal de Panamá para nuestro bienestar y el de nuestros hijos y nietos. Nunca podríamos permitir que nos ocurra lo que ha pasado con la petrolera venezolana PDVSA, empresa estatal que en un tiempo, bien manejada, le produjo abundantes recursos a aquellos Gobiernos para quedar hoy como la ruinosa entidad que recorre el mundo mendigando las migajas extranjeras que su petróleo le niega. Todo debido a que sus cuantiosos ingresos se desviaron para financiar directamente gastos corrientes del Gobierno, incluyendo subsidios y otros despilfarros. ¿Es exagerado pensar que con los ingresos del Canal podría ocurrir algo igual? Pienso que no.

Tratar de desfigurar la planificación y el financiamiento de proyectos para la adecuación del Canal frente a demandas del tráfico marítimo actual y futuro, equivale a menospreciar las vidas y sacrificios de las generaciones que desde los albores de nuestra República lucharon por reivindicar nuestros legítimos derechos sobre esa Gran Zanja y tierras aledañas. Equivale a ignorar que la operación del Canal es nuestra tarjeta de presentación ante más de cien países beneficiados por su ininterrumpida operación eficiente. Podemos asegurar que ‘el mundo nos mira'.

El extraordinario valor del Canal llevó a la sabia decisión de que todo lo relativo a su manejo quedaría blindado en disposiciones constitucionales que le otorgaran carácter estable a todo lo concerniente a su régimen jurídico, operativo, económico, fiscal y laboral para librarlo de los vaivenes y veleidades de la política criolla que históricamente se refleja en leyes corrientes que generalmente se aprueban irreflexivamente por una mayoría parlamentaria del momento.

Por eso, llama la atención el infeliz intento reciente por manosear el presupuesto elaborado por la Autoridad del Canal, remitido para su examen por el Ejecutivo a los Padres de la Patria. En vez de limitarse a escudriñarlo y exigir todas las explicaciones que desearan sobre los desembolsos, los diputados decidieron eliminar ciertos rubros por considerarlos innecesarios e intentaron cambiar el destino proyectado por la ACP. Impusieron su propio criterio político criollo sobre planes cuidadosamente elaborados por la Autoridad, seguramente convencidos de la astucia y brillantez de su iniciativa. Pero, lejos de la sabiduría de esa estrafalaria decisión, el intento, por mucho que su desistimiento la anuló, significó un peligroso antecedente cuya gravedad tiene que sopesarse debidamente para que se entienda, sin duda alguna, que no se puede volver a intentar.

El blindaje constitucional debe ser respetado siempre, a pie juntillas, para dejar de improvisarse en terrenos vedados con decisiones tomadas evidentemente a la ligera sin un análisis adecuado de fondo que tantas consecuencias perjudiciales pueden acarrear. Pienso que el representante de la Asamblea Nacional en la Junta Directiva del Canal tiene, precisamente, la primordial función de procurar que no ocurra.

El Canal aporta anualmente más de mil millones de balboas al Presupuesto Nacional. No olvidemos que penden todavía reclamos de la empresa constructora de la ampliación, que suman varios miles de millones de balboas y que podrían reducir ese aporte; por eso, aún más irresponsable el intento de la Asamblea. ¿No es signo de básica prudencia tratar de no debilitar las finanzas de la entidad, desviando fondos presupuestados, sobre todo mientras esos reclamos no hayan sido fallados en firme y se conozca a ciencia cierta el estado de situación de la ACP?

Las calificadoras de riesgos soberanos le otorgan mejor grado de inversión que a la propia República. Cada año se refuerza la confianza que inspira al comercio marítimo. Evitemos el camino de PDVSA. El mundo nos mira.

EXDIPUTADA