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14 de Oct de 2019

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Modesto A. Tuñón F.

Columnistas

Violación

Le pregunté cómo andaba su hija y el problema que confrontaba y me contestó que la situación estaba complicada.

Le pregunté cómo andaba su hija y el problema que confrontaba y me contestó que la situación estaba complicada. ‘No tiene usted idea de lo que es esto de andar recorriendo tribunales durante meses y que no salga nada en concreto'; me dijo, mientras su rostro exteriorizaba una decepción al pensar en el trance que pasaba y sobre todo, la demora en obtener una respuesta judicial al caso de violación en que su primogénita era la víctima.

Meses atrás, alguien conocido en la familia, había utilizado las circunstancias para asaltar sexualmente a la joven. Tan pronto se puso la queja ante las autoridades, se inició un proceso que ha durado cierto tiempo, sin una definición concreta, pese a las evidencias y que se haya reconocido al agresor. En estos casos, los padres se vieron afectados por los vaivenes que implican los procedimientos de administración de justicia.

Darle seguimiento a este hecho delictivo, ha ocasionado que uno se pregunte sobre la cuantía de ocurrencia de esta clase de eventos que tiene tanto impacto en la comunidad y que suele hacerse público al llegar a los medios de comunicación. Se trata de un conjunto de delitos tipificados por la norma penal, que incluye entre otros, la violación propiamente dicha y la agravada, tentativa y relaciones consensuadas con menores de edad.

Lo primero que sorprende es la cantidad de hechos de esta naturaleza en Panamá. En 2017 hubo un total de 2,683 denuncias ante el Ministerio Público. Esto quiere decir, un promedio de 223 por mes. Cada día hay un estimado de siete personas que son objeto de acoso y ataque de un hombre para satisfacer diferentes formas de requerimientos, podría decir un sexólogo o psicólogo.

En cuanto a violación agravada, la cifra llega a 274 incidentes; es decir, 23 por mes. La tercera acción de esta naturaleza, corresponde a la tentativa; es decir tratar de culminar la agresión sin efecto positivo. Hubo en el periodo 107 denuncias; corresponde a casi doce por mes; aquí hay que destacar que no hubo registros del primer trimestre. Habría que determinar los factores que afortunadamente impiden que se consumen estas formas de delito.

El último escalón analizado en esta espiral, corresponde a las relaciones consentidas con menores de edad; que de acuerdo con la legislación panameña es ilegal. Hay 1570 quejas interpuestas ante las autoridades. Esto brinda un promedio de 131 conductas de este tipo; unas 4 por día. Esto obliga a una mayor supervisión de los adolescentes frente al acoso y a alertar en cuanto a las actividades que propician la vulnerabilidad.

Si agrupamos estos cuatro componentes, tenemos 4,634 asuntos de esta clase llevados ante las fiscalías para el correspondiente tratamiento. Habría entonces que determinar cuántos alcanzan una decisión judicial y así saber si el sistema conduce a una efectiva acción de los tribunales o por el contrario, se pierden en los fardos de expedientes o se engavetan sin resultados palpables.

Un solo indicador, podría dar una idea del destino de estas desviaciones en las relaciones cotidianas y la vida de las comunidades. En las sesiones realizadas en oficinas del Sistema Penal Acusatorio del IV Distrito Judicial, se tramitaron entre el 2011 y 2017, 4,226 documentos de delitos contra la libertad sexual (que incluyen las cuatro categorías antes expuestas). Este tipo de contravenciones corresponde al 8% del total y ocupa el quinto lugar.

Las cifras ofrecen un panorama desalentador. Lo que aparece como total en un año; es mayor que aquello procesado en siete, en un distrito judicial. Esto debería despertar las alertas hacia los sectores que pueden ser objeto de desviaciones, que truncan a una generación con este clima de violencia.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.