PSA, Bern y Figali: el cuento de la chancha y el chancho

El alboroto ocasionado en la Asamblea Nacional por la derogación sin ninguna discusión del Contrato Ley que ampara la terminal portuaria de Port of Singapore Authority, conocido como PSA, ha sido muy grande. Con razón, porque no es posible que esos entuertos los cometan diputados (no fue solo uno) en un Estado democrático y supuestamente de derecho. Como abogado que soy, profesor de Derecho por más de 30 años y parlamentario en dos ocasiones, no puedo aplaudir aquello de modo alguno.

Las reacciones de algunos gremios empresariales han sido múltiples. Era de esperar, porque se defienden entre sí, lo cual es entendible. Claman por la seguridad jurídica que vulnera la Asamblea y el clima de incertidumbre que ello ocasiona al mundo de los negocios. Sin embargo, guardan silencio cómplice cuando el Ejecutivo comete irregularidades y atenta hasta más burdamente de ese mismo clima de seguridad jurídica del cual hacen tanto alarde. Al menos lo hecho por la Asamblea tiene el remedio inmediato del veto presidencial, no así otras cosas que se hacen y se quedaron así.

Cuando a Herman Bern, la Corte Suprema de Justicia le decretó la nulidad de la licitación que se le había adjudicado y le quitó la concesión sobre los terrenos de Playa Bonita en Veracruz en dos fallos diferentes, esos mismos gremios protestaron: ‘La Corte atenta contra la seguridad jurídica'. Lo construido por Bern, era de él, decían. Se olvidaban de que cuando se construye en tierra ajena (del Estado) con un pleito de por medio, lo haces a tu propio riesgo. Al perder el pleito, lo construido pasó a manos del Estado. En tiempos de Varela, donde Bern fue contribuyente de su campaña, a pesar de las advertencias de violar dos sentencias de la Corte, el MEF, decidió vender aquello en forma directa e ilícita a Bern.

Es el mismo caso de Jean Figali. Muchos aplaudieron la escandalosa e ilegal acción de Martinelli de quitar a la fuerza, con mazo en mano y sin ninguna orden, el millonario proyecto de ese empresario en Amador. Se comieron el cuento de que Figali no estaba al día (nadie le decía si debía o no), olvidándose de que el resto de las concesiones en Amador están superatrasadas en el pago de sus arriendos. La consigna: ‘joder a Figali'; le interesaba su proyecto. Lo metieron preso, inventándole falso proceso por lavado de dinero del cual posteriormente fue liberado. En el camino pretendieron destruirlo: física y económicamente. De El Renacer lo llevaron inconsciente al hospital, donde casi muere. Después de recuperado, Martinelli le envío un 24 de diciembre un emisario: ‘Renuncia a todo lo que tienes'. Así fue como lo liberaron, sin conocimiento de juez o fiscal alguno; por orden del mandamás Martinelli. Así es que lo quiso destruir el entonces presidente, y pretende destruir el actual, ignorando reiteradamente encontrar mecanismos para solucionar el absurdo despojo que le hicieron. Gracias a Dios, desde el 26 de marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra le comunicó al Estado panameño que ha aceptado oír el caso de Figali. A pesar de ello insisten en tumbar todas sus ed ificaciones sin pagarle un solo centavo.

Silencio sepulcral es lo que guardan esos gremios empresariales frente a burdos despojos como el de Figali. Quizás, conocedores de que todo lo que se hizo en Amador se lo venderán a precio de ganga a un ‘gran empresario' amigo de Varela, como Liberman de PSA —donante de Martín, Martinelli y Varela—. Esos guardaran silencio. ¿O es que lo que le han hecho a Figali no violenta la seguridad jurídica del país? ¿O es que nada más defienden los intereses de gente como Bern y Liberman?

El aparente mal que han hecho los diputados con la aprobación de la ley que deroga el puerto de Rodman (subsanable con el veto presidencial) se ha convertido en un bien para nuestro país, porque ha permitido que discutamos y conozcamos los detalles de cómo se llegó a construir ese puerto, peligroso para el Canal porque carece de maniobrabilidad de los barcos que allí atraquen y dificultará el tránsito del resto de las naves que usen el Canal. La concesión inicial que le dieron se la debieron quitar porque no invirtió un real en ella. Martín Torrijos, a pesar de ello, se la renovó, en medio de un viaje de vacaciones secreto a Punta del Este, Uruguay, en enero, 2006, donde Liberman tiene una hacienda. Comenzó como una terminal para trasegar petróleo, y ahora la convierten en un puerto, que en su oportunidad el Canal de Panamá desestimó. Así como acusan que la actual Asamblea metió un camarón, en tiempos de Martinelli con ese Contrato Ley metieron tremenda langosta. Nadie lo discutió.

Intentaron vender parte de una mina en Colón a empresa vinculada al Gobierno de Corea del Sur (Korea Resources Corporation): lo prohibía la Constitución (artículo 290). Ahora es el Gobierno de Singapur uno de los dueños de ese puerto. ¿Será que habrán cambiado la Constitución para poder acomodar las pretensiones del poderoso Liberman?

Solo pido que seamos serios y consecuentes. ¿Es eso pedir demasiado? Lo que es bueno para el chancho es bueno para la chancha. ¿O es que queremos una seguridad jurídica hecha a la medida de nuestros intereses particulares o de grupo?

ABOGADO, POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO.