Presidencialismo hipertrofiado

El país pasa por una grave crisis institucional, y no me refiero solo al reciente enfrentamiento entre los órganos Legislativo y Ejecutivo, que no es sino la más reciente manifestación sintomática. Los muchos escándalos de malos manejos de partidas en la Asamblea Nacional, constituyen síntoma y corremos el riesgo de tomar medidas equivocadas si no identificamos adecuadamente las causas del problema.

La principal de las causas de la falta de institucionalidad de nuestro país lo es el presidencialismo hipertrofiado de nuestro sistema político. Esta hipertrofia distorsiona la Administración Pública y contamina a los otros dos órganos del estado, distorsionando así también las funciones de estos. Es el presidencialismo hipertrofiado la causa principal de que nuestro país carezca de una justicia genuinamente independiente y eficaz. Es el presidencialismo hipertrofiado lo que distorsiona las políticas públicas de tal manera que estas se hallen dirigidas, no a satisfacer de manera eficiente las necesidades de la población, sino a satisfacer intereses clientelistas de los gobernantes de turno. Este no es un problema que ha surgido ahorita con este gobierno, sino que es un problema desde hace bastante tiempo que se ha manifestado de manera particularmente nefasta durante los dos últimos períodos de gobierno.

El presidencialismo hipertrofiado es la causa última que lleva a que la planilla estatal sea inflada con personal que responde a necesidades clientelistas del partido gobernante, y no a las necesidades reales de la ciudadanía. Es así como obtenemos hipertrofia de la planilla estatal en las áreas burocráticas, a la vez que nos dicen que no hay recursos para contratar personal en las fiscalías y en el Órgano Judicial. La diferencia es que los nombramientos en el Ministerio Público y el Órgano Judicial no generan votos ni lealtades.

¿Cómo ocurre esto? El presidente de la República es la cabeza de la Administración Pública. En Panamá, la Administración Pública es un monstruo burocrático en el que reina la discrecionalidad del funcionario, reina el centralismo alienante heredado de la Corona, y asume funciones propias del Poder Judicial. La enorme discrecionalidad del Poder Ejecutivo aunada a la concentración del poder en el centro —en perjuicio de la potestad de las comunidades para resolver sus asuntos inmediatos de manera eficiente a través de sus respectivos gobiernos locales—, convierten al presidente en un gobernante mesiánico al que todos necesitan dedicar su atención y complacer para lograr la solución a cualquier necesidad.

Es un asunto de recursos. El Ejecutivo controla la llave de la plata para todo el estado. La Administración Pública se expresa de manera predominante a través del gobierno central. ¿Necesita una comunidad la reparación de un acueducto local? Pues necesita del IDAAN, una entidad nacional dedicada a atender problemas eminentemente locales. ¿Quién tiene el poder de nombrar y remover al director del IDAAN? El presidente de la República. ¿Quién controla el presupuesto del IDAAN? El Ejecutivo. Esta realidad que ilustro aquí con el IDAAN se replica en toda la Administración Pública. En este país para la mínima cosa se requiere una cita con al menos un ministro.

Entonces tenemos, en el plano geográfico, una centralización que es asfixiante para la sociedad, pero que empodera a quien controla el gobierno central. Por otro lado, en el plano funcional, tenemos que quien controla la plata del Poder Judicial es también el Ejecutivo. Ante esto es imposible tener una administración de justicia eficaz e independiente, sin la que a su vez es imposible tener un estado de derecho genuino. ¿Nos quejamos de la selectividad en la aplicación de la ley? Pues allí tiene la causa: una administración de justicia dependiente del Ejecutivo jamás va a poner en cintura a ese Ejecutivo del que depende.

¿Y qué de la corrupción en la Asamblea Nacional? Otro síntoma del presidencialismo centralista. El Ejecutivo controla la llave de plata con la que a su vez puede controlar a los diputados. ¿Cómo? Mire usted cómo ha sido manejada la infame partida 080, o el caso del escandaloso desfalco al erario bajo el eufemismo de 'donaciones', ocurrido durante el período de gobierno anterior. En ambos casos es burdo que se ha tratado del alquiler de lealtades —con recursos públicos— de los diputados por parte del Ejecutivo para poder controlar al Legislativo.

Nuestro sistema político está gravemente enfermo. Es fundamental que vayamos identificando las causas, para que no nos quedemos en tratar síntomas.

ABOGADO