¿Nueva carta magna o constitución reformada?

Por treinta años se ha abogado por la necesidad de producir una Constitución Política que responda a los tiempos modernos de nuestra nación y sustituya aquella que fue concebida con una visión peculiar del rol del Estado y de sus aspectos sociales, políticos y económicos. Dos intentos de reformas mediante consulta popular directa en 1992 y en 1998 fueron rechazados, y en su lugar se optó por el método eficiente de las ‘dos Asambleas.' Hoy sería mejor el ‘Sí o No.'

Según sabemos, aquel procedimiento eficiente consiste en que, en la última sesión de la última legislatura del último período de sus mandatos, los diputados salientes aprobarían por mayoría absoluta ‘un Acto Constitucional' que sería sometido inmediatamente a la nueva Asamblea Nacional recién electa, para ser aprobados sin modificación en su primera legislatura.

Este método de ‘dos Asambleas,' que me tocó vivir como legisladora recién electa en el 2004, no permite integrar la voluntad popular ni incluir cambio alguno a lo aprobado por la primera de las ‘dos Asambleas.' El sistema resulta eficaz y rápido para lograr reformas siempre que exista un acuerdo político entre ambos Ejecutivos, saliente y entrante, y ambos cuenten con respectivas mayorías parlamentarias. Así, sin recurrir a la consulta popular, se aprobaron modificaciones puntuales sobre la eliminación del ejército y la designación del Director General de la Caja de Seguro Social.

En contraste con ese procedimiento, recordamos la extensa y profunda consulta que se realizó con el fin de aprobar el proyecto de la ampliación del Canal. Se distribuyó a todo el país detallada literatura para ilustrar todos los aspectos básicos del proyecto. Se propiciaron foros de debates en los medios a favor y en contra del plan. Se dio amplia posibilidad a los exponentes de todas las posiciones para que explicaran sus posiciones sobre el tema. Un aspecto específico muy controvertido fue el referido al costo total de la ampliación y a la exactitud de los presupuestos estimados.

No hubo rincón del país donde no pudiera discutirse el tema. Toda la población fue informada sin límites ni censura en tanto deseara recibir información, de manera que al ejercer su voto en el referéndum convocado el votante pudo hacerlo plenamente informado y con conocimiento de causa. La ampliación fue conocida y debatida en un ejercicio de democracia participativa por todos aquellos que quisieron ser informados y participar.

Ese sería el procedimiento apropiado, a nuestro juicio, para aprobar una reforma constitucional. Evidentemente las ‘dos Asambleas' sería un proceso limitado a los pocos diputados salientes y entrantes, sobre una propuesta acordada por las dirigencias de los partidos más poderosos. Reitero: sería un método eficiente pero realmente huérfano de genuino aval popular con sabor a imposición. Serían reformas legitimas resultantes de un ejemplo de democracia representativa, pero carecerían del respaldo directo que resultaría de una democracia participativa.

Un nuevo texto constitucional analizado a conciencia, considerado sin apresuramientos, discutido en un ambiente sosegado, oídas las opiniones de expertos, con toda la reflexión que merece un producto de tal importancia para la nación, con miras a redactar un documento que contenga filosofías, principios y reglas válidas más allá de circunstancias coyunturales y que sea aprobado en un referéndum popular, son todos factores que deben rodear la producción del justo texto constitucional que todos queremos.

Considero entonces que la propuesta de una ‘quinta papeleta' en las próximas elecciones, limitada a solicitar al votante su aprobación o desacuerdo con el llamado a una Asamblea Constituyente, sería un primer paso sensato para darnos la Constitución Política moderna que legaríamos con satisfacción a las generaciones futuras.

EXDIPUTADA

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Este método de ‘dos Asambleas,' que me tocó vivir como legisladora recién electa en el 2004, no permite integrar la voluntad popular