25 de Sep de 2022

  • Abdiel Augusto Patiño I.

Columnistas

De la reforma constitucional en materia de justicia

‘[...] prioritario que los resultados del proceso de consulta del 2011, [...], sean retomados [...]'

La crisis en nuestro aparato judicial, la cual es de vieja data, pero que ahora se ve acrecentada por acontecimientos más recientes, sigue derivando en la misma conclusión: la necesidad de hacer cambios constitucionales que se enfoquen en fortalecer y garantizar la independencia de la administración de justicia. Ante esto, son varias las voces que se han manifestado, elevando propuestas o sugerencias, siendo la más reciente la presentada por una cámara empresarial muy importante en el país.

Bien es sabido que el debate sobre la necesidad o no de reformas constitucionales o de una nueva Constitución, no es algo nuevo. Al respecto, en 2011, la Comisión Especial de Consulta para las Reformas a la Constitución Política, de la mano de un profundo y participativo proceso de consulta en el marco del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, entregó al gobernante de turno un anteproyecto de Acto Constitucional que, en resumidas cuentas, recomendaba reformas profundas a la Constitución Política de 1972, con cambios sustanciales en la organización del Estado, siendo una propuesta de reforma constitucional íntegra.

Ahora, centrándonos en lo relativo a la Administración de Justicia, la propuesta de Acto Constitucional de la Comisión Especial y la Concertación, comprendía aspectos muy interesantes, como la creación de una Comisión Nacional de Evaluación y Postulación, encargada de suministrar al Consejo de Gabinete la lista de candidatos para la designación de los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la Nación (nuevo nombre para el cargo de procurador general), procurador de la Administración y magistrados de la nueva Corte Constitucional. Esta Comisión estaría compuesta por siete miembros: uno por el Colegio Nacional de Abogados; uno por las organizaciones más representativas de la sociedad civil, otro por las del sector empresarial y otro por las sindicales; se suma un decano que represente a las facultades de Derecho del país que tengan un mínimo de 20 años de existencia, excluyendo a la de la Universidad de Panamá, cuyo decano sería miembro directo de la Comisión; y, finalmente, un representante del nuevo Consejo Superior de la Judicatura. Salvo estos dos últimos, todos los demás miembros serían electos democráticamente en su sector.

En adición, la propuesta de 2011 fortalece los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema, estableciendo el mínimo de 45 años de edad, contar con experiencia o título de posgrado en la materia de competencia de la sala a la que se integra; así como el no tener sanciones por falta a la ética profesional. Define un periodo de 20 años para el cargo, con designaciones sujetas a la ratificación de dos terceras partes del pleno de la Asamblea Nacional. También se establecen, por Constitución, las cuatro salas de la Corte, a saber: Civil, Penal, Contencioso Administrativo y la de lo Social y Laboral; cada una con tres magistrados (12 en total), lo cual requeriría del nombramiento escalonado de tres magistrados cada cinco años.

Otro aspecto novedoso es que, si a 30 días de presentada la propuesta a la Asamblea Nacional, no se consigue la ratificación, el Pleno de la Corte designará un reemplazo interino, a partir de los suplentes de la sala donde se da la vacante, y el Ejecutivo deberá enviar un nuevo candidato, tomado de la lista facilitada por la Comisión de Evaluación y Postulación.

En resumen, el Acto Constitucional propuesto en 2011 contempla la transformación profunda de la Administración de Justicia, yendo más allá de la Corte Suprema, incluyendo ajustes importantes en el Ministerio Público, que no alcanzaría enumerar aquí. Y qué decir del resto del documento que, por ejemplo, contrarresta el presidencialismo y fortalece la democracia, corrigiendo las debilidades del principal Órgano del Estado.

En fin, en medio de la actual crisis del aparato de justicia y de la reactivación del debate nacional sobre la necesidad de reformas constitucionales profundas o la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente, es prioritario que los resultados del proceso de consulta del 2011, que terminó siendo más participativo de lo que el Gobierno de turno quiso o supuso que sería, con conclusiones con visión de futuro, sean retomados, puesto que su vigencia está más que demostrada ante la realidad política y social actual.

ANALISTA DE SISTEMAS.