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15 de Oct de 2019

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Leopoldo E. Santamaría

Columnistas

Medicamento$... Una opinión

‘Es innegable, siguen explotando a la gran masa de consumidores de medicamentos; por ello es imperativo ponerle un alto al abuso [...]'

La industria farmacéutica, altamente rentable por cuanto a retorno sobre inversión, reviste algunas peculiaridades, el mercado es cautivo, constituido por la población enferma; los usuarios no deciden los productos a consumir, dependen de quien prescribe y como además, la industria aplica premios e incentivos a sus favorecedores, incluyendo algunos prescriptores, sería ingenuo pensar que tales ‘estímulos' no sean cargados al consumidor; no obstante, la mayor rentabilidad de los medicamentos se deriva del derecho del fabricante a la protección de las patentes; mismas que, por leyes nacionales y convenios internacionales, el Estado debe garantizar; todo lo cual le confiere al fabricante máxima libertad para fijar precios. Factores todos que reducen la competencia, misma que, conforme a la doctrina del libre mercado, debería traducir menores costos al consumidor y no lo contrario, como ocurre en la región y particularmente en nuestro país.

Es deber esencial del Estado garantizar los derechos fundamentales de la población, comenzando por la vida y la salud; sin embargo, con inusual frecuencia, particularmente, Gobiernos signados por la incompetencia y proclives a la corrupción, incumplen su deber de aplicar la normativa jurídica vigente, y lo que es peor, de revisarla y actualizarla de acuerdo a los intereses y necesidades de la mayoría, permitiéndole así, a la industria farmacéutica todo tipo de abusos, como ocurre con la absurda extensión de los plazos de las patentes o la aprobación de ganancias y el consentimiento de acuerdos lesivos al interés público; actitudes todas que explican el que una misma empresa pueda vender sus fármacos a precios variables entre 300 a 600 por ciento, de un país a otro. Si bien, el desmedido afán de lucro, de las empresas farmacéuticas, es comprensible, lo injustificable es la irresponsabilidad con la que una administración consiente tales excesos, máxime cuando algunas de sus figuras podrían estar vinculadas a empresas registradas como oferentes de medicamentos al Estado o cuando se denuncian situaciones irregulares, que luego no se sustentan.

‘Las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales... Además, ‘es función esencial del Estado velar por la salud de la población...'. Los medicamentos son indispensables en el proceso de recuperación de la salud, no una mercancía cuyo objetivo prioritario sea garantizar la máxima rentabilidad de la industria farmacéutica. La preconizada lucha contra la corrupción debería superar la retórica, porque, en los albores del 2019, y sobre todo con el desabastecimiento de medicinas en el Seguro Social, el impacto que traduce la compra de medicinas, en el presupuesto familiar, es insostenible y demanda una solución urgente, no palabras huecas.

Uno de los principales postulados de la corriente globalizadora, dogma que los empresarios pregonan, consiste en afirmar que el funcionamiento del libre mercado asegura la distribución óptima de los recursos; solo que a juzgar por las técnicas de mercadeo de la industria farmacéutica, se desdibuja la tesis, porque el mercado no es tan libre como sostienen. Ben Said dijo: ‘para que la mano siga siendo invisible, es preciso que el ojo sea ciego'.

Alan F. Holmer, prominente figura de Big Pharma, dijo: ‘las ganancias extraordinarias nos estimulan a ser extraordinariamente creativos'. Es innegable, siguen explotando a la gran masa de consumidores de medicamentos; por ello es imperativo ponerle un alto al abuso; se requiere un diagnóstico integral, dirigido a revisar y actualizar el cuerpo normativo, a fin de que la Dirección General de Farmacias y Drogas desempeñe el rol que, en su esfera de competencia le corresponde. Para ello debemos examinar, integralmente, lo que está ocurriendo con los medicamentos, evaluar en detalle el procedimiento de compras, el registro sanitario de los medicamentos, el registro nacional de oferentes, la compra de genéricos, de biotecnológicos, los convenios relacionados con las patentes, el trabajo de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, etc. Para enfrentar, con probabilidades de éxito, la corrupción, que pareciera institucionalizada, además de la integridad y la calificación de los funcionarios con mando y jurisdicción, son imprescindibles un cuerpo normativo actualizado, recursos financieros y tecnológicos, llámese laboratorios especializados de análisis, debidamente certificados.

En este contexto, y dadas las trágicas consecuencias de muerte y morbilidad, como consecuencia de la compra forzada del dietilenglicol, la iniciativa debería comenzar con la revisión exhaustiva de todo el procedimiento seguido para la adquisición del precitado veneno, sin excluir a ningún funcionario que, en virtud de las obligaciones inherentes a su cargo, incurriera, por acción u omisión, en una falta administrativa o legal... ¿Usted qué opina?

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