Crimen contra los bosques y carreteras

El Proyecto de Ensanche de la Carretera Omar Torrijos, cuyo promotor es el Gobierno nacional, a través del MOP, incumple con el ordenamiento jurídico imperante, así tenemos que sus Estudios de Impacto Ambiental ( EIA) contienen información falsa, omisión de información fundamental e información inexacta, así como la Resolución que aprueba dicho Proyecto de Categoría II y otros actos, incumplen con la normativa ambiental correspondiente, por parte de los funcionarios, al ser el EIA de categoría inferior, para evitar el Foro Público, contemplado en el Decreto 123, del 2009, al impactar el Parque Nacional Camino de Cruces, todo ello configura delitos ambientales y otros. Contemplados en nuestro Código Penal vigente, por lo cual se interpuso la denuncia penal correspondiente contra los ministros del MOP, de AMBIENTE y el administrador de la ACP; por ello, la Asociación de Comunidades del Área del Canal ha mantenido, con el apoyo de otros sectores, protestas de cadenas humanas continuas contra este proyecto ilícito.

Así tenemos que el proyecto ha devastado áreas del parque Camino de Cruces, lo que no es permitido por la ley, en un área de Compatibilidad del Canal, amparada por un ordenamiento territorial que no permite estas actividades, conforme la Ley 21 de 12 de julio de 1997, ‘Que aprueba el Plan Regional y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal. Todo ello ha causado grandes daños al medio ambiente y daños al patrimonio histórico de nuestra nación, entre otros graves impactos.

Ante esta flagrante violación de las normas, el ministro de Ambiente y periodistas funcionarios de dicho Ministerio, al no tener argumentos, han manifestado que este proyecto logrará descongestionar el tranque, lo que beneficiará a los habitantes del área oeste de Panamá, pero ello es una gran falsedad, porque ni los corredores ni los pasos elevados ni la ampliación de las vías han solucionado el tranque en Panamá y tampoco en otros países donde hay vías hasta de 10 carriles y siempre hay tranque en las horas pico o en fiestas, porque simplemente esta no es la única respuesta. En otros países, con buenos resultados, se han implementado horarios escalonados de entrada a los trabajos, evitar la entrada de vehículos al país, eficiencia en el transporte público, no permitir vehículos comerciales a ciertas horas, vehículos más pequeños, transporte para estudiantes y otras medidas, pero que no se implementan en Panamá.

Además, se adelantan proyectos de un nuevo puente y el metro hacia el área oeste, que pretenden responder al problema, pero si se debe construir esta vía, existen otros métodos mucho menos impactantes para el ambiente, como la construcción de viaductos o túneles, al menos en el área de mayor impacto, como se ha hecho en muchos países, pero en Panamá, las autoridades, violentando las normas y sin la participación de los ciudadanos, los científicos panameños y hasta la misma Ciudad del Saber, adelantan este proyecto ilícito.

De manera que el Gobierno nacional, gestor del proyecto, mediante el MOP y MiAmbiente, así como la ACP, que le otorgó compatibilidad y funcionarios del Municipio, al promover la aprobación y ejecución del proyecto y no cumplir con sus obligaciones, omitiendo su deber, deben responder por los actos ilícitos cometidos, esta es la verdad. Por ello se han interpuesto las denuncias criminales y el amparo contra el proyecto, ante el Ministerio Público y la Corte Suprema, solicitando que, cuanto antes, respondan conforme el derecho y detengan el proyecto ilícito que denunciamos. Mientras tanto, las comunidades y sus asociaciones mantendremos una lucha continua por el respeto del ambiente y la vida de nuestra nación y sus ciudadanos.

EL AUTOR ES PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHO AMBIENTAL.