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21 de Jan de 2020

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Julio Bermúdez Valdés

Columnistas

¿Promueve el Gobierno panameño una invasión contra Venezuela?

¿Por qué tal entidad realiza ejercicios a todas luces coherentes con las de un ejército?

En enero pasado, cuando los moradores de Darién hicieron saber que por su provincia transitaban tropas y equipo pesado norteamericanos, el presidente Juan Carlos Varela, como de costumbre, simplificó el asunto informando que se trataba de una ayuda que ese país brindaba a ejercicios del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en su lucha contra el crimen organizado.

A sus declaraciones siguió una sorpresiva visita a la sede del Comando Sur del ejército estadounidense, que el jefe de Estado contextualizó, igualmente, en los ejercicios de marras.

Tanto la ayuda como las maniobras, y ahora la instalación de una base militar y un hangar con ayuda de casi cinco millones de dólares, proyectan características que podrían haber justificado tales acciones antes de que finalizara el conflicto armado en Colombia, hace dos años, cuando se movían en la frontera tropas del ejército de ese país, de la guerrilla, de los paramilitares y de los narcotraficantes.

Pero ¿cómo se explican esos ejercicios, el equipo y una ayuda militar de semejante envergadura a una entidad como Senafront, concebida dentro de una labor policial, considerando que la Constitución Nacional abolió el ejército en 1990?

¿Por qué tal entidad realiza ejercicios a todas luces coherentes con las de un ejército?, que no desplegó siquiera cuando los irregulares alcanzaron a penetrar Darién casi en un 26 por ciento del territorio panameño.

Pese a que el mandatario Varela parece tener en muy baja estima la capacidad reflexiva de la sociedad panameña, resulta imposible desligar tales ejercicios de la crisis que vive Venezuela, sobre todo porque desde el año pasado la canciller Isabel Saint Malo integra de manera activa el grupo de países que alineados con Estados Unidos han definido un determinado enfoque hacia la nación bolivariana.

Ya antes en agosto de 2018, tras el atentado ensayado contra el presidente Nicolás Maduro, que Panamá nunca condenó, la administración Varela intercedió a favor de los implicados en el proyectado magnicidio.

A nombre del Grupo de Lima, el Gobierno panameño hizo ‘un exhorto urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto'.

Todo ello sin hacer referencia a la masacre que hubiera representado el atentado.

La semana pasada —además— la vicepresidente Saint Malo desarrolla en EE.UU. una agenda de temas con altas autoridades de ese país, entre ellos el secretario de Estado, Mike Pompeo, y uno de cuyos puntos aborda precisamente el tema Venezuela.

Pero, al igual que en otras giras realizadas tanto por Varela como por Saint Malo, el país desconoce informes sobre lo tratado, los términos en que se ha hecho y los eventuales compromisos a q ue ha sido abocado el país.

Si existe o no coherencia o compromiso entre la agenda política que ha adoptado el Gobierno panameño a favor del autoproclamado presidente Juan Guaidó, o en la propuesta de que las Fuerzas Armadas de ese país den un golpe de Estado al presidente constitucional, Nicolás Maduro, es algo que tanto Varela como Saint Malo deberían explicar al país.

La inquietud surge porque transgredir la Constitución Nacional convirtiendo a Senafront poco más que en un ejército, dotándolo de una costosa infraestructura en la lejana frontera de Panamá con Colombia, no deja más espacio que preguntarse ¿en qué clase de problema está metiendo la administración Varela al país, cuando choca abiertamente con nuestra Carta Magna y renuncia a la tradicional política exterior de neutralidad y consenso que ha desarrollado Panamá?

¿Forma Parte Panamá de las naciones que claman por una invasión a Venezuela? ¿Somos parte de una conspiración extranacional contra un país soberano? ¿Estamos por una acción violenta o pacífica para solucionar la crisis venezolana? Es algo por lo que la Asamblea Nacional debería ayudar a esclarecer por la salud política de Panamá.

PERIODISTA