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13 de Oct de 2019

Isaías Ramos

Columnistas

Tala en Darién: el síntoma de un problema más crudo y profundo

¿Por qué destinamos tan pocos recursos económicos y técnicos al área protegida más grande del país?

Cerca de 21,000 hectáreas de bosques se han perdido desde el año 2012 en el Darién, según datos del Ministerio de Ambiente.

El tema en Darién es un tema más complejo del que se piensa. Por eso una solución al tema implica la implementación de toda una política estatal que corrija los problemas sociales del área y que se ponen de manifiesto, en parte, en los problemas ambientales del lugar.

Para entender el Darién debe tomarse en cuenta muchas situaciones. Ninguna de ellas simple: la pobreza material de la población, la escasa escolaridad de los mismos, el aislamiento y la falta de vías de acceso y comunicación.

También está la presión de otros problemas sociales como el tráfico de sustancias ilícitas y personas, la presencia de grupos armados en la zona y una agenda estatal que a lo largo de las décadas ha dejado a Darién en el abandono y sin medios productivos que vayan más allá de un manejo extractivo de los recursos naturales.

Todo esto conlleva una cadena de situaciones humanas que van desde la apropiación ilegal de tierras, hasta un sistema de manejo agrícola que no corresponde a la actualidad. Aquí se incluye la tala y quema sin control ni fiscalización, la introducción de monocultivos como la palma aceitera, el acaparamiento de tierras nacionales e indígenas por diferentes grupos económicos, y la tala en áreas protegidas y áreas comarcales, por campesinos, indígenas y precaristas.

Y la lista continúa: la falta de cohesión entre los grupos indígenas y legitimidad interna de sus propias autoridades, la venta de permisos comunitarios de extracción forestal por algunos grupos indígenas y campesinos, la apertura de grandes secciones boscosas para la producción de ganado vacuno y la ampliación de la frontera agrícola, que va de paso con la consecución de permisos legales e ilegales para la tala y trasiego de madera a lo largo del Darién.

En medio de todo esto, tenemos la escasa fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente, quien cuenta con poco equipo y personal, así como escasos recursos económicos para darle seguimiento al área protegida más grande del país y a las otras zonas boscosas.

Los instrumentos de gestión están desfasados. No se cuenta con monitoreo constante, ni uso de tecnología satelital, drones o de otro tipo de tecnología que permita visualizar en tiempo real los sitios y estados de los mismos. Está también la corrupción por parte de los funcionarios públicos, así como de empresarios que trabajan en estos temas.

La situación en Darién es solo un reflejo de la débil institucionalidad enquistada a todo nivel. Eso explica la falta de sanción por parte de las autoridades judiciales en cuanto a los delitos ambientales, así como una escasa persecución de estos delitos y los abundantes vacíos legales en la normativa que permiten que estos delitos terminen en la no culpabilidad de los involucrados o sin siquiera en una investigación o un llamamiento a juicio.

Todo esto va de la mano con que no hay una política ambiental eficiente en cuanto al manejo forestal sostenible y con la falta de voluntad política de las autoridades durante décadas para corregir estos problemas, sin mencionar los grupos económicos, en todas las provincias, que ganan con el desgreño administrativo.

Por eso vemos la iniciativa legislativa como un ejercicio de fiscalización, así como una oportunidad de que entiendan la problemática humana de una provincia que ha sido abandonada por los gobiernos durante tanto tiempo.

Esperamos que este conocimiento los comprometa en su gestión parlamentaria y los lleve a acciones precisas como ampliar el presupuesto de inversión social en Darién, así como brindar apoyo permanente a los ministerios que se pueden encargar de la problemática diaria como Ambiente, Salud, Educación, Desarrollo Social, Agricultura y Seguridad, en las labores que realizan.

Si esta vigilancia legislativa se traduce en estas acciones concretas, tendrá un fin positivo. De lo contrario, será otra comisión como hemos visto a lo largo de las últimas administraciones.

El autor es biólogo del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM).