Panamá,25º

05 de Dec de 2019

Avatar del Magela Cabrera Arias

Magela Cabrera Ariasopinion@laestrella.com.pa

Columnistas

¡Vamos a la huelga!

“Somos los ciudadanos los que debemos, [...], exigir que se apliquen políticas relevantes en las ciudades y planes de acción en todos los sectores —[...]—, que permitan detener el desastre anunciado”

El 20 de septiembre Greta ha convocado una huelga global contra el cambio climático en la que pide salir a las calles para exigir a los dirigentes políticos que frenen la crisis climática y pongan en marcha la transición ecológica. La carismática sueca de 16 años Greta Thunberg, activista medioambiental, empezó en marzo de 2018 a hacer huelga por la situación climática frente al Parlamento sueco. Desde entonces ha continuado con su demanda cada viernes, al igual que 1.6 millones de estudiantes que se movilizan inspirados por ella en más de dos mil ciudades en 123 países cada viernes y que continuarán haciéndolo hasta que sea necesario, según palabras de Greta.

El Parlamento británico, el de Irlanda, el Gobierno de Escocia y Cataluña han declarado hace meses la emergencia climática como repuesta a las demandas de diversos colectivos como Juventud por el Clima de Bélgica, Extinction Rebellion de Londres y otros movimientos que exigen acciones en Suecia, Holanda, Suiza, Alemania, Francia y Polonia; sus protestas puede resumirse en la frase —acuñada por un eurodiputado—: “Ante la pasividad dominante, la generación Greta Thunberg desborda a la clase política, trastoca su agenda y propaga la ola verde que ya recorre el continente”.

El modelo de desarrollo practicado en Panamá está contribuyendo al cambio climático global. Las acciones locales: deforestación, devastación de manglares, ganadería extensiva y urbanización descontrolada, extensiva y dispersa se concatenan con las situaciones planetarias. Actividades similares —en mayor o menor grado— se hacen en todo el planeta. Así hemos llegado a esta situación límite, de la mano de la absurda creencia de que los seres humanos controlamos todo, incluyendo la naturaleza.

Las actividades económicas vitales (canal, puertos, centro bancario), una parte significativa de la infraestructura social y cerca de la mitad de la población del país que vive en el Área Metropolitana están en peligro; particularmente los que viven en asentamientos informales, además de los que habitan en la cuenca baja del río Pacora, o en las zonas costeras de Juan Díaz, o en las laderas empinadas de San Miguelito.

En realidad, todos estamos en riesgo por el cambio climático y sus consecuencias: elevación del nivel del mar, incremento de las temperaturas, aumento y/o reducción de las lluvias, acidificación de los océanos —y muerte de fauna y barreras marinas—, entre otros. Ya las secuelas se manifiestan en los sectores agrícolas, portuario, turístico y de salud y en la crisis para el abastecimiento de agua potable en áreas urbanas. Además, la alteración de los patrones de lluvia amenazan las fuentes de agua de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá que abastecen a más de dos millones de habitantes.

Por supuesto, los más vulnerables a las consecuencias del cambio climático, debido a la desigualdad existente en Panamá —por su condición de pobres y marginados sociales— son los indígenas (algunos miembros de la etnia Guna ya han tenido que abandonar unas islas), los campesinos y los pobres urbanos (como lo constatamos durante las inundaciones de años recientes en Colón, Arraiján, La Chorrera y Capira).

Panamá, junto con otros 175 países, es parte de los esfuerzos globales por mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de dos (2) grados —meta fijada en el Acuerdo de París, firmado en 2015. Además, desde el 2010 Panamá tiene la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres que incluye en el componente Vivienda y Ordenamiento Territorial un enfoque de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

A pesar de la cantidad y calidad de legislación ambiental y de desarrollo urbano nacional, así como de compromisos internacionales firmados por el país para lograr desarrollo sostenible y ciudades resilientes, es evidente la escasa capacidad y coordinación de las instituciones y, fundamentalmente, la falta de voluntad política de sucesivos Gobiernos para enfrentar la crisis ambiental global e impulsar un verdadero cambio.

Somos los ciudadanos los que debemos, al igual que los movimientos juveniles como el de Greta, exigir que se apliquen políticas relevantes en las ciudades y planes de acción en todos los sectores —agropecuario, turístico, portuario, etc.—, que permitan detener el desastre anunciado. Ahora es el momento de actuar y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. ¡Está en juego el futuro del planeta, está en peligro nuestra vida!

Arquitecta y catedrática de la UP.