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17 de Nov de 2019

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Tomás Paredes Royoopinion@laestrella.com.pa

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El 1 de octubre de 1979, más que la izada de una bandera

Las relaciones entre Panamá y los EE. UU. en la década del 70 permiten identificar tres diferentes etapas: (1) la negociación, que incluyó un acuerdo previo que regulaba la presencia de militares norteamericanos en nuestro país (SOFA)

Las relaciones entre Panamá y los EE. UU. en la década del 70 permiten identificar tres diferentes etapas: (1) la negociación, que incluyó un acuerdo previo que regulaba la presencia de militares norteamericanos en nuestro país (SOFA) y que permitió acordar y firmar los Tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977 (El Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá); (2) la ratificación, formalizada con la aprobación en cada país y la firma e intercambio de los respectivos instrumentos el 16 de junio de 1978; y (3) la preparación para la entrada en vigencia de los Tratados, que inició a partir de esa fecha y finalizó el 30 de septiembre de 1979. A partir de ese 1 de octubre de 1979, se inició el complejo proceso de aprendizaje para el traspaso del Canal a la República de Panamá, el cual se hizo realidad el 31 de diciembre de 1999.

Culminadas las dos primeras etapas mencionadas, el Gobierno de Panamá aprobó la Ley 66 de 19 de septiembre de 1978, mediante la cual se creó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad autónoma del Estado, que se regía por un Comité Ejecutivo donde participaban los ministros de Relaciones Exteriores, quien lo presidía, Hacienda y Tesoro, y Planificación y Política Económica, con la presencia adicional de dos miembros de la sociedad civil designados por el Órgano Ejecutivo.

La ACP tenía entre sus principales responsabilidades coordinar la elaboración, adopción y ejecución de políticas y medidas para ejercer los derechos y deberes adquiridos por la Nación de conformidad con los pactos ya citados; recibir de las autoridades de EE. UU. todos los bienes en la Zona del Canal para ingresarlos al dominio de la Nación, incorporarlos al patrimonio nacional y ponerlos al servicio del desarrollo social; servir de medio de comunicación y enlace entre las instituciones nacionales y las norteamericanas en lo concerniente a la ejecución de los Tratados; coordinar, de acuerdo a las políticas del Órgano Ejecutivo, las actuaciones de los representantes panameños en la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá, así como en las otras instancias binacionales paritarias, como el Comité Consultivo, la Comisión Mixta sobre el Medio Ambiente, la Comisión Coordinadora y el Comité Conjunto.

Pero, tal vez, lo más importante para la ACP era asegurar que Panamá estuviese lista para ejercer sus funciones soberanas en el Área del Canal, particularmente la aplicación de las leyes panameñas en materia laboral y seguridad social, así como la gestión de los puertos, el ferrocarril, la policía, los bomberos, los correos nacionales, migración, aduanas, cuarentena, sanidad ambiental, vivienda, restaurantes, comercios y muchas otras actividades que, hasta la media noche del 30 de septiembre, ejercía un Gobierno extranjero en la Zona del Canal. La tarea fue gigante y requirió del conocimiento, la experiencia y la voluntad de cientos de panameños del sector público, la empresa privada, gremios profesionales, sindicatos, dirigentes comunales y ciudadanos en general, incluyendo la contraparte norteamericana. En 14 meses, Panamá se preparó para ejercer su soberanía plena en todo el territorio, y el día y a la hora señalada, la nación estuvo lista para cumplir todas sus responsabilidades como Estado.

El 23 de diciembre de 1979, en un acto de irresponsabilidad histórica y ligereza administrativa, el Gobierno decidió eliminar la ACP, producto de las intrigas, las envidias, los protagonismos, los silencios y los celos que despertó en el Órgano Ejecutivo, la Guardia Nacional y, por qué no decirlo, en las mismas autoridades norteamericanas que les incomodaba tener que lidiar con una sola institución los asuntos relacionados con la implementación de los Tratados Torrijos-Carter, lo que hacía más dificultoso lograr sus objetivos de incumplir la letra y el espíritu de los mismos. Como si las formalidades importaran, la ACP dejó de funcionar en enero de 1980, pero no fue hasta el 29 de septiembre de 1983 cuando su Ley fue derogada.

Ese 1 de octubre de 1979, cuando se acabó la Zona del Canal, los colaboradores de la ACP nos dimos cita muy temprano, en un punto estratégico de la avenida Balboa, para ver la salida del sol sobre el mar Pacífico y presenciar desde la distancia la izada de nuestro pabellón. Simbólicamente, era un doble amanecer en la vida de la Patria. Con la satisfacción del deber cumplido, llenos de motivaciones y compromisos, todos cantamos el himno nacional con lágrimas en los ojos, mientras nuestra bandera subía y subía para perderse en el azul, se le caía el crespón negro que cubría sus estrellas y el idolatrado Ancón volvía a ser nuestro.

Ingeniero