5 de febrero, día de duelo y reflexión

El pueblo Ngäbe y Buglé ha tenido que enfrentar un largo camino para lograr el reconocimiento y un poco de respeto efectivo a nuestros derechos y libertades fundamentales.

Si bien es cierto, logramos, el 7 de marzo de 1997, un territorio autónomo denominado Comarca Ngäbe y Buglé, sin embargo, nuestras tierras y territorio comarcal siguen siendo vulnerables y frágiles para propios y extraño, debido a que ahí están las mejores riquezas del país, por ello tantos Gobiernos, partidos políticos, empresas nacionales, transnacionales ofrecen migajas y sobrantes a los débiles oportunistas, supuestos dirigentes, para dividir y que nos entretengamos en pugnas internas permanentes, como en los actuales momentos.

Durante el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli B., del período de 1 de julio de 2009 hasta 1 de julio de 2014, los hermanos Ngäbe y Buglé que laboraban en la bananera de Changuinola, posteriormente en el 2012, los Ngäbe y Buglé de San Félix, Río Viguí, Tabasará, sector de Veraguas, Coclé, Área de Pacora, la 24 de Diciembre, Chepo y los alrededores de la Asamblea Nacional y de último la provincia de Colón, libraron una heroica batalla de resistencia y supervivencia. Todo es por las imposiciones e inconsultas medidas administrativas legislativas ordenado por el Órgano Ejecutivo.

5 de febrero de 2012, esta fecha entrará en la historia del pueblo Ngäbe y Buglé y en la historia panameña, como un día nefasto, porque este pueblo concentrado en el cruce de San Félix, por reclamar respeto a su tierra y territorio dados por la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, sufrió una de las más brutales represión, asesinatos y violaciones a todos sus derechos fundamentales como seres humanos, muy parecida a la llegada de los españoles en el supuesto descubrimiento de América en 1492, por el régimen de turno. Esta represión brutal y de asesinato, en Changuinola, San Félix y Colón con saldo de cientos de heridos, como el joven Abrahán Montezuma, truncando su vida y otros, sin ojos, brazos y piernas, hoy sin apoyo de nadie, abandonados a su propia suerte.

El primer mártir caído en esta represiones brutales y asesinatos fue el joven Jerónimo Rodríguez Tugrí, dos días después otro joven, Mauricio Méndez; posteriormente fueron falleciendo en los diferentes hospitales del área hasta completar siete (7) humildes hijos de la comarca.

Los pueblos indígenas hemos notado que la justicia panameña, para nosotros los originarios, es ciega, sorda, muda, excluyente y hay una marcada ausencia de ejecución por parte de las autoridades administradoras de la justicia. Ejemplo, el fallo de la Fiscalía Primera Superior de Chiriquí que archivó el caso del asesinato de Jerónimo Rodríguez T., por no hallar culpables; de igual forma, el Ministerio de turno del Gobierno anterior, el cual no pudo encontrar quién ordenó el cierre de la comunicación a través de los celulares para esos días en todo el oriente chiricano hasta Veraguas y el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Barro Blanco en el río Tabasará, donde dominó el interés de una élite económica sobre el interés social colectivo de los pueblos indígenas, existen muchos otros casos similares.

Todos estos acontecimientos se dieron, a pesar de existir un sinnúmero de leyes nacionales e instrumentos de Derecho Internacionales pertinentes, aprobados y ratificados por el Estado panameño a favor de los pueblos originarios.

Actualmente, reposa en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley, presentado en la Oficina de Participación Ciudadana, denominado “El cual se declara el 5 de febrero de cada año, día de duelo en la Comarca Ngäbe Buglé y de reflexión a nivel nacional”.

Este anteproyecto de ley solicita que el 5 de febrero de cada año se declare como día de duelo en la comarca Ngäbe Buglé y de reflexión a nivel nacional, para recordar la muerte y memoria de Jerónimo Rodríguez, Abrahán Montezuma y Mauricio Méndez, acaecidas el 5 de febrero del 2012, en el cruce de San Félix y Las Lomas de la provincia de Chiriquí. También solicita que los centros educativos, las entidades públicas y los medios de comunicación desarrollen actividades alusivas a la fecha que resalten los valores, los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas del país; la Bandera Nacional será izada a media asta.

Esperamos que los diputados del país acojan este anteproyecto de ley y lo conviertan en Ley de la República.