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26 de Sep de 2020

Nixa Gnaegi de Ríos

Columnistas

¡Las leyes deben defender al ciudadano, no al Estado!

La Carta Magna de cualquier sociedad libre garantiza los derechos de sus habitantes; ese es un precepto que todos los ciudadanos asumimos como una verdad absoluta y construimos nuestra vida social en base a esta certeza.

La Carta Magna de cualquier sociedad libre garantiza los derechos de sus habitantes; ese es un precepto que todos los ciudadanos asumimos como una verdad absoluta y construimos nuestra vida social en base a esta certeza. De la misma Carta Magna, se derivan las leyes que organizan el funcionamiento del Estado y de todos los habitantes. Desde este contexto, los ciudadanos entendemos que el Gobierno y sus funcionarios, deben actuar en estricto cumplimiento de las leyes y deben procurar que los ciudadanos las acaten y respeten. Solo el cumplimiento de las leyes por todos los involucrados, garantiza que la sociedad funcione con eficiencia, justicia y equidad.

En contradicción al espíritu expuesto, el abogado Enrique de Obaldía, en un artículo publicado en prensa nacional, nos ilustró sobre “el silencio administrativo negativo” que legalmente e insólitamente ocurre en Panamá. Más allá de los términos legales de difícil comprensión para los lectores ajenos al ámbito jurídico, una conclusión lapidaria emerge de su contundente nota: aunque el Estado panameño y sus funcionarios están obligados a actuar correctamente, cuando no lo hacen y los ciudadanos afectados presentan una queja… de nada sirve, nada ocurre.

El H. D. Juan Diego Vásquez ha prohijado una ley que obligará a los servidores públicos a contestar no en 30, sino en 15 días las solicitudes de los ciudadanos, le recomiendo redactarla de tal manera que exista una sanción fácil de aplicar para el que incumpla y se elimine la actual que respalda el perverso silencio administrativo.

Resulta que el silencio administrativo negativo procede de esta forma: ante la solicitud de un ciudadano afectado por la acción de funcionarios u oficinas públicas, NO contestar, NO darle explicaciones NI argumentar esclareciendo lo ocurrido, hace que la Ley favorezca al Estado, al funcionario y se desestima la solicitud presentada por el ciudadano, cerrando su caso. ESTO ES GRAVÍSIMO para los derechos de la población y para las empresas e instituciones particulares. Tan solo les basta dejar pasar el tiempo para salir airosos ante las válidas quejas ciudadanas. Es inaudito lo que se desprende de este recurso legal y de alguna manera explica, sin justificar, la exageradamente burocrática actuación e injustificable actitud de tantos organismos y funcionarios, quienes, al amparo de este silencio, desconocen los derechos de la ciudadanía. Es que ni siquiera tienen que pensar o escribir una que otra mentira para defenderse, solo dejar pasar el tiempo.

Tal como el abogado De Obaldía cita en su texto, el silencio administrativo con efectos en positivo tiende a buscar una administración pública más eficiente, que haga justicia al ciudadano y fortalezca el sistema democrático. Lamentablemente, en un país como el nuestro, donde los nombramientos de funcionarios dependen del número de jamones repartidos en las épocas preelectorales y no de la preparación, méritos y trayectoria, el silencio administrativo negativo se ha convertido en una muralla inexorable para el crecimiento, innovación y desarrollo de una sociedad justa y de progreso.

El Estado y sus instituciones están obligados a actuar correctamente y deben sancionar a quienes no lo hagan. Por esta razón, las leyes deben buscar defender al ciudadano, no defender al Estado de sus ciudadanos. En muchos países, los abogados más famosos, más poderosos, son aquellos que querellan contra las instituciones y demuestran que actuaron equivocadamente en perjuicio de los particulares.

En Panamá y como tantas veces ocurre, a los gobernantes y funcionarios de turno les basta con engavetar las solicitudes de información o los reclamos, propiciando la enorme inequidad e injusticia que está acabando con nuestra democracia y que ya ha acabado también con muchas empresas generadoras de empleo, porque el funcionario no es consciente de que somos los ciudadanos y empresas, quienes pagamos impuestos, los que contribuimos a que su salario se pueda pagar.

Rectora, Universidad Tecnológica Oteima.