¿Por qué politizar la cultura?

El anteproyecto No. 324 titulado “Ley General de Cultura”, presentado por el H. D. Héctor Brands, (Circuito 8-7) el 27 de enero 2020, pretende proteger las expresiones culturales en Panamá, establecer y definir los derechos culturales de los panameños y revestir de esencia al Ministerio de Cultura (MiCultura).

La ley consta de diecinueve capítulos y 226 artículos, creando la herramienta jurídica necesaria (según sus proponentes) para señalar por dónde debe caminar MiCultura y cómo salvaguardar “la identidad de nación” que debemos tener todos los panameños.

La medida quiere limitar y legitimar las actuaciones culturales públicas y privadas, pero solo si MiCultura las aprueba, creando así un autoritarismo estatal, con garrote en mano, como la esencia misma de este nuevo ministerio.

Según la exposición de motivos del anteproyecto, MiCultura debe sustentar su actuación en dos pilares fundamentales: “derechos culturales” y “desarrollo sostenible”. No obstante, de los 226 artículos propuestos solo trece (13) tratan sobre el primer pilar (Capítulo II – “Derechos culturales”) y ocho (8) sobre el segundo (Capítulo III – “Cultura y desarrollo sostenible”), limitando así esa supuesta función sustentante esencial de MiCultura.

En realidad, todos los capítulos y artículos claramente establecen el autoritarismo férreo de MiCultura sobre los ciudadanos y sus actividades culturales, cualquiera que sea su condición, olvidando que en democracia gobernar NO es solo mandar y que la autoridad gubernamental NO se ejerce con autoritarismo estatal o caprichos dictatoriales, si el fin es atender “las necesidades culturales de la sociedad” en un país democrático como Panamá.

Toda participación cultural de la sociedad civil y de la empresa privada queda politizada bajo la gobernanza exclusiva de MiCultura (Capítulo V) desprotegiendo, por ejemplo, la independencia administrativa y financiera de los patronatos culturales que dependerán del beneplácito de MiCultura para el desarrollo de sus actividades (salvo quizás la del “Festival del Manito”, o del “Almojábano con queso” o de “La carreta tradicional de Capellanía”, etc., en manos de diversos diputados).

Al politizar aún más la cultura, el sector público de este nuevo esquema supuestamente participativo cultural quedará en manos de políticos inescrupulosos, porque la ley creará una enorme burocracia ministerial, sin duda futuros “espacios de empleo” para diputados y la membresía de sus partidos, por su control presupuestario de MiCultura. Además, la ley abrirá nuevas oportunidades para la corrupción, con la creación del “Fideicomiso Fondo Culturas” (Capítulo XV) y de “Certificados de Fomento Cultural” (Capítulo XVI), a pesar de las buenas intenciones de estas medidas. Sin duda alguna la maquinaria oficialista aprobará la ley acomodándola a su antojo; cualquier cabo suelto se atará mediante su reglamentación posterior.

Pero la riqueza conceptual y emocional de una cultura no se mide ni controla políticamente, menos limitando su horizonte o su magia enriquecedora, sobre todo la nuestra, constantemente imaginando y reinventando este mundo globalizado y tecnológico del cual forma parte.

La “transversalidad intersectorial” cultural, uno de los fines de la ley propuesta, ya nos permea ideológica y psicológicamente como panameños por nuestros diferentes niveles culturales, culturas y etnias diversas, y múltiples valores estéticos originarios que nos cohesionan como pueblo y sociedad. ¿Para qué más?