Una política agropecuaria perversa

La semana pasada escribimos que los alimentos saludables son más caros que los menos saludables. Muchos lectores contestaron y opinaron, y ayudaron a crear un debate interesante en torno al tema. Por eso esta semana volvemos a escribir que ayer salimos de compras con dos dólares en el bolsillo. Por un lado, podía comprar 400 calorías de papas fritas y, por el otro, solo 100 calorías de zanahorias. Fue simplemente un ejercicio para demostrar nuevamente que un alimento poco saludable es más barato que uno saludable.

Esta diferencia de precios no surge por la fuerza de ninguna ley natural, sino en gran parte debido a una política agropecuaria anticuada que trabaja para propósitos cruzados, apoyando un exceso de calorías no saludables que inundan nuestros supermercados y restaurantes, al mismo tiempo que lucha contra la obesidad y las innumerables enfermedades que la acompañan. Por eso es hora de alinear nuestra política agropecuaria con nuestras políticas de salud.

Lastimosamente, los subsidios agrícolas a nivel mundial han sido intocables y ningún político ni corporación se han atrevido a desafiarlos. Pero su precio, tanto directo como indirecto, ha creado un imperativo para cambiarlos. Las enfermedades cardíacas y diabetes están fuertemente correlacionadas con la obesidad y acumulan facturas médicas de cientos de miles de millones de dólares cada año. Los Gobiernos invierten miles de millones de dólares en campañas alimentarias y recomiendan que la mitad del consumo diario de alimentos sea frutas y vegetales.

Sin embargo, los subsidios agrícolas socavan esos esfuerzos al sesgar el mercado a favor de las calorías no saludables. Gran parte de la cantidad y el precio de los alimentos está determinada por una política agropecuaria perversa que abarca todo, desde programas de asistencia nutricional hasta esfuerzos de conservación de tierras y desde el monto que le paga en subsidios y seguros a los productores hasta la determinación de dónde, qué y a quiénes se les apoya cuando los precios de los cultivos son bajos.

Estas son las políticas que hacen que el maíz y la carne cuesten muy por debajo de su precio real. Cuando las vacas se crían con maíz subsidiado, en lugar de pasto, producen carne que es más alta en calorías y contiene más ácidos grasos omega-6 y menos ácidos grasos omega-3, una relación peligrosa que se ha relacionado con enfermedades del corazón. El maíz barato también se ha convertido en un elemento básico en alimentos altamente procesados, desde cereales para el desayuno hasta sodas y bebidas endulzadas, que se han relacionado con un aumento en la tasa de diabetes tipo 2, una condición que actualmente afecta a uno de cada 8 adultos panameños. Entre 1990 y 2010, el precio de las sodas endulzadas con jarabe de maíz alto en fructosa cayó un 30 % y en 2010 los niños consumieron 150 calorías adicionales al día de estas bebidas. Durante el mismo período, el precio de las frutas y verduras frescas aumentó un 40 %. Para las familias con un presupuesto limitado, esta diferencia de precio es decisiva al momento de elegir alimentos. Pero las frutas y verduras no tienen que ser más caras que una presa de pollo cargada de omega-6 o una bebida endulzada con endulzantes sintéticos. Una de las razones por las que son costosas es que sus productores no reciben los mismos apoyos directos o seguros de cosechas que los cultivos básicos. Con los Gobiernos apretando para asegurar seguridad alimentaria, en vez de seguridad nutricional, estos subsidios son claves en la desmotivación para que un productor no siembre rubros que las autoridades no subsidian ni apoyan. Afortunadamente, este enfoque está cambiando y son muchos los legisladores ahora de todo el espectro político y también muchas las autoridades gubernamentales que están recomendando aumentar el apoyo a los productores de frutas y vegetales, lo que mejoraría enormemente los precios de estos rubros y ayudaría eventualmente a ahorrar dinero al Estado al mantener la población más saludable.

Al parecer, ya no hay escasez de ideas. Tanto los expertos en salud pública como los investigadores en políticas agropecuarias están recomendando extender los subsidios para apoyar más ampliamente a los productores de frutas y vegetales. El Gobierno puede además usar su propio poder adquisitivo para impulsar opciones saludables en todos sus programas de desayuno nutricional, cafeterías escolares y eventos donde se requiera llenar platos y alimentar niños, estudiantes, ancianos o personas que requieren apoyo estatal. Sin embargo, el imperativo es claro: cualquier nueva política que aspire a modernizar el agro debería al menos eliminar los incentivos que hacen que las personas coman de manera no saludable.