2020: CSS, ahora… o ahora (II)

Continuamos con el cuarto y quinto punto del primer paso y con el segundo paso.

4. Aporte Sostenibilidad Financiera del Fideicomiso de IVM sea transferido a la CSS:

Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas deposita B/.140 millones en un fideicomiso en el Banco Nacional.

El rendimiento del Aporte de Sostenibilidad Financiera en el tiempo ha estado por el orden del 3 %, cuando las reservas de la institución en el Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido están levemente por encima del 4 %.

Al 30 de septiembre de 2019 el total del fideicomiso ascendía aproximadamente a B/. 1162.9 millones. Este fondo debe ser transferido a la institución.

5. Ley 51 de 2005, artículo 154, numeral 2, literal e:

De las cuotas pagadas sobre los salarios que excedan los quinientos balboas mensuales (B/.500.00) por los empleados que participan en este Subsistema y por los independientes contribuyentes comprendidos en el componente de Ahorro Personal, el equivalente a tres puntos cincuenta por ciento (3.50 %) de sus sueldos u honorarios, lo cual se denominará Aporte de Solidaridad.

No obstante, lo anterior y por un periodo que no exceda de veinte años, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Junta Directiva podrá decidir, previo estudio actuarial, que un porcentaje no superior a los dos puntos cinco por ciento (2.5 %) del aporte señalado en el párrafo anterior se destine al Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido.

Mediante la Resolución No. 45 794-2011 de la Junta Directiva, se reglamentó este punto de la Ley 51 de 2005.

En el año 2010, bajo interpretación de la Junta Técnica Actuarial acogido por la Junta Directiva, el mismo quedó en un 0.0875 % del valor del mencionado aporte del subsistema mixto al subsistema exclusivo de beneficio definido. Antes del 2010, se manejaban estimaciones por el orden de 2.5 %.

De aplicar el 2.5 % de los salarios sujetos a cotización del subsistema mixto, esto proporcionaría aproximadamente B/.15 millones anuales.

Lo antes expuesto tiene como origen lo establecido según dicta el siguiente extracto sobre los ingresos en el Estudio Actuarial 2005 que sirvió de base para la Ley 51.

Ingresos.

La estimación del salario se efectúa para estos componentes considerando el salario promedio por edad hasta B/.500.00 mensuales. El excedente sobre este se considera para estimar los ingresos del Componente de Ahorro Personal.

El monto de los gastos de representación correspondientes a este colectivo ha sido incorporado tal como se describe en la propuesta de Ley, pero cotizando solo al componente de Cuentas de Ahorro Personal, por exceder del salario de B/.500.00 mensuales.

A partir del año 2006, de los aportes que se estima se efectuarán al componente de Ahorro Personal se destinará el equivalente del 3.5 % de los salarios y honorarios cotizados a dicho componente, como aporte de solidaridad al componente de Beneficio Definido.

A manera de resumen: Si consolidamos los cinco aspectos antes citados, se tiene un incremento inmediato en las reservas por el orden de B/.1681 millones y efectos en los ingresos anuales, a partir del primer año de B/.177.0 millones. La valorización de los terrenos aportaría B/.120 millones, el artículo 102, lo haría con B/. 398 millones y la inclusión del Fideicomiso de IVM (este se toma en cuenta solo para el cálculo actuarial, pero ahora formaría parte de la reserva) B/. 1163 millones. Estas medidas de bajo impacto y de rápida acción administrativa mejorarían de forma considerable la situación actual.

Segundo paso: Proceder a la brevedad posible al perfeccionamiento de Estados Financieros saludables. El último Estado Financiero que goza de audito aceptable data del año 2012. Con las cifras en él contenidas se han realizado todos los cálculos que se presentan en este documento. A partir de la vigencia 2013 los Estados Financieros estuvieron plagados de hallazgos (algunos profesionales aducen llenos de “basura”). Es importante aclarar lo que se entiende por un hallazgo en auditoría. Son aquellas situaciones que revisten importancia relativa, para la actividad u operación objeto de examen del auditor, que requiere ser documentada y debidamente comprobada, que va a ser de utilidad para exponer o emitir criterio, en el respectivo documento o informe de auditoría. Rubio, (2017). Es potestad de la Contraloría General de la República (entidad fiscalizadora superior) llevar a cabo los aúditos correspondientes, ya que así lo establece la normativa legal, como también examinar la razonabilidad de los estados financieros.

¿Por qué los Estados Financieros a partir del año 2013 no gozan de la confiabilidad pertinente?

Dos razones son suficientes para responder este cuestionamiento.

En año 2012 se implementa la herramienta informática denominada SIPE (Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas).

Además de la implementación del SIPE, se da paso a la utilización de otra herramienta informática llamada SAFIRO (Sistema de Transformación Organizacional implementado en la CSS para integrar la tecnología práctica y procesos financieros, administrativos y de recursos humanos en un solo sistema de gestión de información).

El SIPE distorsionó completamente la data relacionada con los asegurados que pertenecen al sistema exclusivo de beneficio definido y el subsistema mixto. Prueba de esto es que a la fecha ningún asegurado del subsistema mixto ha podido recibir el informe correspondiente en cuanto a su cotización. Todo esto se debe a que SIPE no cuenta con un módulo contable, por lo cual la escasa información que genera no se puede verificar. Cada registro que se realiza afecta la cuenta individual en el momento en que el empleador hace algunas correcciones o incorpora a un nuevo trabajador, por consiguiente, se afectan los salarios en la base de datos de los asegurados.

Todo esto trae consigo que, a partir del año 2012, los informes financieros reflejen ingresos por dispersar, lo cual indica, que, si bien es cierto, los ingresos son recaudados, no se sabe a qué programa pertenecen. Esta última acotación genera una subestimación de los salarios de la base de datos de los asegurados cotizantes activos, lo cual trae consigo incertidumbre en lo que respecta a quién pertenece la cuota.

Y, finalmente, SIPE no presenta informes físicos de los ajustes que realiza internamente. Todo esto de manera sucinta, entre otras cosas.

Por otro lado, SAFIRO. De salida presenta problemas con la cuenta Caja y Banco, esto se debe a que los ingresos se registran en una sola cuenta, mientras que los gastos se distribuyen automáticamente, lo que trae consigo la presencia de saldos negativos. Los módulos de transacciones generan errores en los informes financieros, reflejando en algunos renglones tanto ingresos como gastos valores negativos. No suficiente con esto, el sistema tiene limitantes para procesar la información del subsistema mixto, como también en la realización de registros de ajustes a la cuenta de periodos anteriores, y todo esto se refleja en los estados financieros.

En lo que respecta al criterio de dispersión esbozado anteriormente, esta se va incrementando con el paso de las vigencias y aparecen valores fuera de contexto (valores astronómicos), de montos a transferir de un riesgo a otro, aparecen valores negativos en el balance general por riesgo, en algunos casos. De igual forma se refleja en la base de datos de los asegurados cotizantes, tanto en número como en salario (faltan asegurados y faltan salarios).

Lo aquí enunciado son solo algunos de los inconvenientes provenientes de la implementación de estos dos sistemas tecnológicos.

Para el 2016 se contrató a cuatro empresas globales (Deloitte, KPMG, PWC y Ernst & Young) para la revisión de diversos aspectos relacionados con la problemática aquí planteada. El informe final presentado por ellas arrojaba más de 400 hallazgos, de los cuales más del 50 % estaba íntimamente relacionado con la parte tecnológica, lo que nos indica que el problema de fondo es de Gestión en Tecnología.