Un país de coimas y donaciones

La palabra coima es sinónimo de concubina; algo por fuera. Lo que aquí conocemos como coima, en México sería mordida y en Venezuela matraca o chanchullo. Equivaldría a la suma de dinero o de algún objeto de valor que se entrega de modo ilegal para aceptar algún beneficio o favor de funcionario o autoridad. En Argentina es soborno o dádiva que dada a funcionario para agilizar trámite o perdone una infracción o delito.

Panamá está llena de coimeros. Exigen justicia, pero se han acostumbrado a coimear. ¿Cuántas personas no caen en la tentación de que algún policía les acepte un billetico para que no ponga la boleta merecida? Peor aún, ¿conocemos a alguien que ha pedido a un tránsito que cambie el informe del accidente, porque, con la borrachera que tenía, el seguro no cubrirá el daño? ¿Delito? ¿O en una ventanilla y el escrito que incluye algo para mover lo solicitado? Es un problema cultural; es la doble moral de cómo nos hemos acostumbrado a vivir.

En los últimos tres Gobiernos, con el desarrollo en Panamá de obras monumentales, la coima ascendió a niveles inimaginables. Comenzó con la Cinta Costera, en tiempos de Torrijos, que terminó llamándose Cinta Coimera. Odebrecht había conocido Panamá y, a diferencia de países que rechazaron su maléfica presencia, se dio cuenta de su gran potencial para hacer negocios, hasta el punto de que prepararon Pliego de Cargos para sanear la Bahía, concedida a ellos mismos. Durante Martinelli, al igual que otras, como la española FCC y la dominicana IBT, hicieron “japai” en nuestro país. Hospitales en Santiago, Minsa-Capsi por todo el país, la Ciudad Hospitalaria, inicialmente bautizada con el nombre de Martinelli, los arreglos 1 y 2 de la vía Brasil, el Metro, etc. Blue Apple con otros contratistas.

Allí la coima fue brutal; 10 % o 9 % del total de la obra, evidentemente aumentado el precio al Estado; parte de bienes, como la mitad de las acciones de la sociedad propiedad de FCC que adquirió las tres hectáreas del Colegio Javier en Perejil, obligada a entregar la mitad en abono a coimas pactadas como “honorarios” de abogados ante la presión de los coimeros. Todas estas tétricas historias han salido a relucir en España, donde exfuncionarios de FCC expresaron que, si no pagaban coimas pactadas, no podían seguir sus trabajos. Igual ha ocurrido con Odebrecht, donde, si no es por Suiza, nunca hubiésemos conocido los exorbitantes depósitos de los hijos del mandatario pagados por sus amigos de Brasil o de las investigaciones de Lava Jato que obligaron a abrir casos aquí. Desafortunadamente, con la excepción del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén, por los otros casos no ha habido responsables; por Odebrecht solo el jefe de proyectos del MOP, Carlos Ho. Gracias a las pesquisas de fiscales en EUA, como que pronto conoceremos más detalles de quiénes más comieron del maná brasileño.

Coima es diferente a donación. En la coima tú recibes beneficios del que la paga. En la donación, si bien su receptor podría no recibir un beneficio personal, como ha sostenido Juan Carlos Varela en sus diversas indagatorias, ello no quita la (existencia) de un delito. Las “donaciones” no las hicieron al partido o a su nombre, sino usando sociedades “offshores” o testaferros para recibirlas, lo cual cae en el delito de blanqueo de capitales. Además, Odebrecht sí recibió beneficios de Varela, ya que intercedía con la Procuraduría para demorar la información requerida por los fiscales de Brasil y, de seguro, influyó en la aceptación de los leoninos arreglos de pena firmados con esa empresa. Su compadrazgo con Andrés Ravello tenía peso, así como su amistad con Guillermo Liberman para ayudarlo en PSA, con Jorge Araúz para quitarle el proyecto en MiAmbiente al español Carlos Sultán y con Minera Panamá para “joder” (así como se lee) a Richard Fifer. Varela era muy amiguero, pero muy vengativo, tal como se comprobó en los VarelaLeaks, cuya autenticidad nunca ha negado. Todavía no se ha sabido si esas “amistades” le darían algo a cambio, suponiendo que todavía se mueven los hilos del poder presidencial para hacer negocios gratuitamente.

No hay implicado ningún funcionario del anterior Gobierno en actos ilícitos. Nos dijeron de los desastres que encontraron en las finanzas públicas, pero no se ha visto denuncia alguna del MEF. Sabemos de las arbitrariedades en MiAmbiente, AMP, Tocumen, Ifarhu, etc. No hemos conocido de nuevos regentes públicos descubrimiento de ilícitos. Ello causa preocupación. ¿Será que no encontraron nada o simplemente los han estado protegiendo?

El recibir “donaciones” irregulares por 10 o 12 millones es un delito, como el haber aceptado 500 o 1000 millones de coimas por los contratos adjudicados a FCC, Odebrecht y compañías del patio que también las obligaron a coimear. En estas cosas no vale decir “yo no sabía de dónde Jaime Lasso sacaba la plata”, ni tampoco ampararse en eso que cacarean como principio de especialidad. Todos deben responden ante la justicia. Le han robado muchos millones al país. Es la única forma como las nuevas generaciones podrán crecer con los valores morales y éticos que debe tener toda sociedad. El ejemplo debe nacer desde la misma Presidencia de la República, para que se esparza por toda la administración pública.