Derechos de la niñez panameña

El año pasado, en medio de la celebración de los 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, la delegación permanente de Panamá ante las Naciones Unidas renovó el compromiso del país con la Convención, reiterando nuestra responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, así como a lograr que sus voces sean escuchadas.

En ese momento, nadie podía anticipar que al inicio del 2020 la humanidad se vería afectada por la llegada de un nuevo coronavirus, causante de una pandemia que ha causado decenas de millones de enfermos, cerca de un millón de fallecidos, y enormes pérdidas económicas, forzándonos a enfocar nuestros recursos en controlar la enfermedad, poniendo en pausa obligatoriamente muchos programas, entre ellos los dedicados al desarrollo integral pleno de la niñez y la adolescencia. Luego de siete meses de pandemia, es obligatorio retomar este compromiso. Veamos de qué estamos hablando…

Para comenzar, recordemos que la Convención constituye el primer tratado vinculante en relación con el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia y la adolescencia. Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no solo como objetos de protección, y obliga a los países firmantes a la adopción de Códigos de la Niñez y la Adolescencia, o leyes de protección de la niñez que reconocen los derechos de este importante grupo poblacional.

Por nuestra parte, ratificamos en 1990 la Convención y con ello asumimos el compromiso de adoptar un nuevo modelo de protección para la niñez y la adolescencia, con criterio de inclusión social. También hemos realizado importantes avances a favor de la niñez, impulsando las transformaciones institucionales y normativas para asegurar el goce de derechos a la niñez, de acuerdo con los artículos 17, 56 y 63 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Sin embargo, luego de más de 30 años, no hemos cumplido con el compromiso de garantizar, mediante una ley o código, la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. El mes de noviembre del año pasado formulamos un limitado proyecto de Ley de Primera Infancia y Desarrollo Infantil Temprano, el cual tenía como finalidad la protección integral de los derechos de los niños y niñas, desde su gestación hasta los ocho (8) años de edad. La propuesta, llegó a segundo debate en la Asamblea, y quedó en pausa. Enhorabuena, porque lo que necesitamos es un código que garantice el desarrollo integral pleno de la niñez, hasta la adolescencia.

Pero los derechos de nuestros niños no están en pausa. Están hoy más vigentes que nunca, y estamos obligados a retomar cuanto antes las acciones para garantizar, con enfoque de equidad y justicia social, el cumplimiento estos derechos entre nuestra niñez y adolescencia. Ellos y ellas, en todos los lugares, son nuestra generación de relevo, y más nos vale que los ayudemos a alcanzar su pleno potencial, de lo contrario el futuro del país es el que está en peligro.

No pretendo en esta glosa referirme a cada uno de los derechos. Baste subrayar que, la Convención que aprobamos, se fundamenta en tres principios básicos: los derechos son universales, por lo que deben ser garantizados y protegidos para todos los niños por igual; los derechos son indivisibles, en tanto no existe jerarquía entre ellos y; los derechos son interdependientes, es decir que, para garantizar el cumplimiento de uno es necesario garantizar efectivamente los demás. Además de estos postulados, la Convención establece cuatro principios orientadores que guían la interpretación de lo establecido: el interés superior del niño, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo y, por último, el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.

En ese contexto, aunque hemos alcanzado muchos logros en materia de salud, educación, alimentación y vivienda, es importante que, cuando controlemos la epidemia, o mejor, desde ya mismo, consideremos y destaquemos que, existen desigualdades en acceso y ejercicio de esos derechos para grupos de niños y niñas, pues nuestro país es un ejemplo de desigualdad y, de focalización de la pobreza multidimensional que genera diferencias injustas e inadmisibles en el acceso a los beneficios del desarrollo entre diferentes segmentos de la población.

Parafraseando a la Cepal y Unicef en su informe al cumplirse los 30 años de la firma de la Convención: “la estructura de la desigualdad social en Panamá está fuertemente condicionada por su matriz productiva, caracterizada por una alta heterogeneidad estructural, que lleva a que el estrato socioeconómico del hogar sea el determinante básico de la desigualdad. Adicionalmente, las desigualdades de género, así como las de índole étnico-racial y territorial, también constituyen ejes estructurantes de esa matriz, que se entrecruzan y potencian, y que resultan esenciales para explicar la magnitud y la reproducción de las brechas identificadas en el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

Comencemos por aceptar que tenemos una deuda pendiente con nuestra niñez y adolescencia, y avancemos todos juntos y en forma coordinada; las instituciones gubernamentales, empresas privadas y sociedad, en el diseño e implementación de políticas sociales universales e inclusivas, de modo que todos los niños y niñas que nacen con los mismos derechos inalienables logren ejercerlos en el transcurso de su vida, independientemente de sus condiciones de nacimiento.