¿Llegó la hora de la integración del sistema público de salud?

Nuevamente el tema de la integración de los servicios de salud se enfrenta al escrutinio público. Esta vez, un grupo de diputados, de manera independiente, decidió proponer una ley que “crea el marco legal regulatorio para el acceso a servicios de salud y medicamentos mediante la compensación de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados en las diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá”.

Como era de esperar, la propuesta de ley, que por cierto ya fue aprobada en tercer debate y enviada al presidente para su aprobación o veto, ha generado manifestaciones de rechazo provenientes de casi todos los sectores de la sociedad. Principalmente porque la Ley no considera en su exposición de motivos los acuerdos de la Mesa de Diálogo para la Transformación del Sistema Público de Salud de Panamá, entre los que se encuentra una propuesta de ley para la integración de los servicios de salud, ni la importante producción de la Comisión de Alto Nivel para la Transformación del Sistema Nacional Público de Salud; ni deja nada claro cómo se abordará el delicado tema del financiamiento sostenible de tal sistema.

No menos importante es la oposición tradicional de grupos de asegurados que temen por una supuesta pérdida de beneficios, si se llegan a integrar los servicios de salud que ofrecen las dos instituciones, a lo cual abona indirectamente el actual director de la CSS, cuando manifiesta que la Caja del Seguro Social le pertenece a los asegurados y en principio, ya han pagado por los servicios que reciben porque tienen un sistema que es prepago, subrayando que para la unificación del modelo de atención, se debe establecer la fuente de financiamiento para la atención médica de los no asegurados.

No obstante, es harto conocido que la segmentación del sistema y la fragmentación de los servicios de salud son las principales causas del bajo desempeño de los servicios de salud; de las dificultades de acceso a estos que enfrenta la población; de la prestación de servicios de baja calidad técnica, del uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles, del aumento innecesario de los costos de producción y de la poca satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos. Esta segmentación condiciona, además, el incumplimiento por parte de la CSS y el sector privado, de la política nacional del Minsa, en su calidad de organismo rector del sector.

Pero resulta que los panameños tenemos disponible desde hace cinco años el llamado “Libro Blanco para la Mejora y Fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud Integral”, el cual, a partir de un diagnóstico de la situación, ofrece recomendaciones para transformar el sistema de salud. Y no digo que sea perfecto, pero debe considerarse de forma obligatoria a la hora de formular cualquier propuesta de ley sobre el tema. El documento identifica más de quinientos nudos críticos en el sistema, de los cuales se priorizaron alrededor de doscientos setenta y cinco, con ciento ocho recomendaciones para los problemas identificados y priorizados. No es la hora de improvisar, comencemos por analizar todos juntos lo que ya tenemos.

Por otro lado, aunque reconozco que la situación actual nos obliga a priorizar el desarrollo de la epidemia de COVID-19 en el país, es importante subrayar que el asunto de los recursos humanos, físicos y financieros no debe ser un obstáculo para considerar la integración de los servicios de salud. Según la información oficial del Minsa y la CSS, complementada por la opinión de expertos, la red de servicios públicos de salud es suficiente para atender de manera coordinada las necesidades de la población. Aunque es de justicia admitir que necesita fortalecerse la capacidad del Minsa para el ejercicio de su función rectora y el desempeño de las funciones esenciales de salud, para garantizar que la atención sea de calidad, eficiente y equitativa. También parecen ser suficientes en cantidad los recursos humanos, pero es necesario revisar y adecuar su distribución de forma equitativa. Tampoco es por falta de dinero, pues nuestro “gasto público en salud”, total y per cápita, utilizado de forma eficiente y equitativa, es suficiente para alcanzar los resultados que deseamos.

Estoy a favor de una ley que regule la integración de los servicios de salud que ofrecen la CSS y el Minsa, haciendo cumplir el mandato constitucional vigente, el cual establece en su artículo 115 que se “integren orgánica y funcionalmente los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones autónomas y semiautónomas”. No obstante, considero que esta propuesta es muy limitada, ignora importantes antecedentes citados al inicio y necesita mucho más debate, con la participación de la población, los gremios, representantes de ambas instituciones, miembros de la Comisión de Alto Nivel y todos los panameños que quieran participar. De lo contrario la presión contra la ley puede acabar dañando los esfuerzos por la necesaria transformación del sistema público salud.